Esta mañana el Servicio de Impuestos Internos a través de Cristián Vargas -subdirector jurídico del organismo- presentó una querella por delitos tributarios en contra de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín y otros miembros del holding por boletas de honorarios emitidas entre 2009 y 2014 ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción judicial derivó de la investigación encabezada hace meses por el fiscal Carlos Gajardo y vincula a políticos que pudieron entregar estos documentos para financiar campañas.
De estas boletas, hay dos facturas de cinco millones de pesos cada una, emitidas por Inversiones y Mandatos S.A., relacionada con el ex senador de la UDI Jovino Novoa; cinco de Vox Comunicaciones, vinculada al ex ministro Laurence Golborne, por un total de 120 millones de pesos; y una de Cactus Consultores SpA, del ex ministro Andrés Velasco, por 20 millones, según información publicada esta mañana por EM. En resumen 341 documentos falsos, con 328 boletas de honorarios por servicios no prestados y 13 facturas de trabajos que nunca se realizaron.
Esta acción judicial, es decir, la querella está dirigida a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el ex gerente del grupo Manuel Antonio Tocornal, Oscar Buzeta, Marcos Castro y Samuel Irarrázabal por «declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda» . Además, la acción judicial acusa a Hugo Bravo por el mismo delito y por el inciso 3° del Código Tributario que sanciona al que «simulando una operación tributaria o mediante cualquier otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuestos«. Sin embargo, según señala radio Cooperativa, estos datos podrían abrir investigaciones en torno a los políticos que
Desde la UDI, Ernesto Silva pidió que este caso sea tratado con igual «objetividad» con la que se trabaja en otras causas donde «otros sectores políticos están involucrados». A pesar de que la querella no apunta a los políticos Novoa, Golborne y Velasco, la querella consigna que sus empresas figuran como emisoras de facturas falsas que fueron usadas por Penta para rebajar el pago de sus impuestos, es decir bajar su base tributable por medio de un ilícito. El presidente de la UDI, quien se refirió hoy al caso Caval, aseguró que «En este tema la UDI ha tenido un planteamiento desde el primer día, que es respetar el trabajo que puedan hacer las instituciones chilenas, como esperamos que se pueda desarrollar cualquier investigación, con igual objetividad, afectando a quien afecte como sector político«.
En cuanto a la arista Soquimich del Caso Penta, que ha involucrado en la investigación a personeros de la Nueva Mayoría, Silva se refirió al vocero de Gobierno Alvaro Elizalde y dijo: «Cuando empezaron las investigaciones sobre la UDI, el vocero de Gobierno sólo condenaba. Ahora, que se han mencionado personas de la Nueva Mayoría, al vocero de Gobierno se le ocurrió que existía el principio de presunción de inocencia».
Elizalde contestó los dichos de Silva, asegurando que «El Gobierno ha tenido una línea de conducta que corresponde, por lo demás, a una doctrina clara, y hemos realizado en múltiples oportunidades el llamado a respetar la autonomía con la cual la Fiscalía desarrolla su trabajo para el total esclarecimiento de estos hechos, así que el presidente de la UDI está profundamente equivocado«. Además, enfatizó en que «Corresponde a una decisión autónoma que desarrolla el Servicio de Impuestos Internos y, consecuente con lo que he señalado, el respeto a dicha autonomía, es una decisión que nosotros, obviamente, respetamos».
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