“¿Por qué no nos dijeron que querían hacer un reportaje?” preguntan los policías instalados en el departamento fronterizo de Concepción. “¿Por qué quieren preguntar a los campesinos? Nosotros podemos decirles lo que aquí pasa”.
La escena grafica una de las situaciones que enfrentan los campesinos del norte paraguayo y el trabajo de la prensa que trata de develarlo.
Cuando el caluroso y fértil suelo paraguayo sobrevivía a la dictadura de Alfredo Stroessner, en la frontera se respiraba milicia. En los treinta y cinco años que duró este periodo, más los treinta de gobierno «democrático» consecutivo del Partido Colorado -el de Stroessner- creció el silencio que históricamente ha teñido de impunidad la empobrecida ruralidad de este país.
Las noticias son escasas. No se habló mucho del Estado de Excepción que pesó en abril sobre medio territorio, tampoco de las denuncias de tortura, militarización o de la “guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP”, que acapara portadas de periódicos asunceños.
Para empezar, en el segundo país más pobre del continente donde, según la Dirección Nacional de Estadísticas, más del 50% de la población es rural, el empobrecimiento se desayuna.
La mayoría de los que viven en el campo comen el menú único: Mandioca, conocida también como yuca, una gruesa raíz -que se ingiere como aquí la papa- y tereré, un tipo de mate saborizado con yerbas y bebido lo más frío que el húmedo calor permita, y dependiendo de las pocas heladeras disponibles.
Lavan la ropa en los ríos y algunos, también pocos, cuentan con una moto -medio de transporte trascendental en estos parajes- y tal vez un celular, principal canal de comunicación con el entorno.
“Somos pobres porque no tenemos la tierra, por eso nosotros peleamos por un pedacito para producir y vivir ahí con nuestras familias, para tener una vida un poquito mejor”. Ángela Velázquez, campesina de Curuzú de Hierro, zona militarizada con más de 500 efectivos, esposa del principal dirigente de la Unión Campesina del Norte (UCN), Demetrio Alvarenga, está convencida de que tiene derecho a vivir.
Concepción, donde vive Ángela, se ubica a kilómetros de territorio brasilero y esa es la razón, a su juicio, de la presencia de sojeros -productores de soja, o soya- y ganaderos, los “brasiguayos” en voz campesina, terratenientes provenientes de Brasil, también de Europa, propietarios de extensos terrenos donde los agrotóxicos y la monoproducción atentan contra la diversidad productiva de antaño.
También en Amambay o San Pedro, los campesinos viven rodeados de plantaciones de marihuana y soja, la sangre del mercado nacional. La tierra, como negocio, tiene alta demanda.
Se estima que el 77% de la tierra cultivable está en manos del 1% de la población total del Paraguay. Lo asegura Luis Aguayo, dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y aduce que esa es la principal razón por la que el movimiento “crece”.
“Aquí hay organización porque el hambre no se resiste. Para combatirnos crean montajes y nos vinculan con supuestos guerrilleros. Se han formado grupos paramilitares en zonas campesinas. Hay detenciones, tortura y persecución”, dice Aguayo. Y agrega que Demetrio, de la UCN, tuvo que salir del campo y refugiarse porque la policía y los militares lo buscan, sólo queremos la transformación agraria prometida por el Gobierno.
Con alto apoyo campesino, Fernando Lugo, ex obispo, asumió como presidente del Paraguay hace dos años, generando expectativas de “cambio y austeridad”, en sus propias palabras.
La investigadora social Milda Rivarola fue anunciada nueva Ministra de Relaciones Exteriores, ella, a pocos meses de asumir, revisó los frenos a las promesas de la nueva administración y optó por la renuncia. “Los empleados estatales ya no están pidiendo soborno por trabajar, pero es difícil medir la corrupción que existe en el Congreso. Jueces, congresistas y policías están acostumbrados a obtener sus ingresos de los canales informales, cuando esto funcionó así tanto tiempo, es casi imposible hacer reformas para detenerlo. La ley que promovió el Gobierno contra la corrupción se detuvo en el Congreso mismo” aseguró.
Para Demetrio Alvarenga, el dirigente nortino, la idea era que con Lugo habría reforma agraria y se acabaría con la corrupción y la pobreza en serio. “Hace diez años empecé como dirigente y hasta hoy recibo amenazas de muerte, estamos sufriendo una persecución, nosotros éramos compañeros de Fernando Lugo y ahora estamos siendo perseguidos por su Gobierno” asegura.
“Los grandes capitalistas” están preparando la zona y eso es “una trampa para Lugo mismo” dice Alvarenga, marcando la diferencia entre el poder estatal y el poder latifundista en Paraguay, que parecieran caminar juntos en un matrimonio sin salida a divorcio.
Las denuncias son muchas, gran parte de estas han sido documentadas y dadas a conocer por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Codehupy. Juan Martens, abogado de la coordinación, asegura que las recopilaciones muestran la criminalización de la lucha campesina. Decretando Estado de Excepción para “combatir a los guerrilleros se tortura al movimiento campesino, sólo estos últimos dos años van más de 15 asesinatos extrajudiciales impunes” -asegura el abogado-, “desde el 2003 al 2005 hubo 79 asesinatos, 19 de ellos fueron ejecutados por militares”, agrega.
La encargada de Derechos Humanos del Ministerio del Interior paraguayo, Diana Vargas, declaró a BBC Mundo, a fines de agosto, que denuncias como éstas son investigadas, pero “que se presenten denuncias no significa necesariamente que haya ocurrido el hecho violatorio”.
“La tortura es un concepto que requiere de mayor precisión, pudo haberse dado algún tipo de abuso excesivo de la fuerza por falta de entrenamiento suficiente de la Policía y como consecuencia, quizás, se pueda hablar de malos tratos o tratos inhumanos pero no de tortura, así como ellos hacen figurar”, dijo en relación a los casos denunciados por Codehupy, organismo que ya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, audiencia de carácter reservado a concretarse en noviembre, así como envió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU información sobre lo verificado, elevando así los casos al ámbito internacional.
Lugo ha sido acusado por la oposición de no sólo tener vínculos con el EPP sino también de protegerlos, lo que el Gobierno niega rotundamente; el presidente de la Cámara de Diputados, Enrique Salyn Buzarquis, oposición, asegura que “la violencia en el Paraguay tiene brazo armado y brazo político”. Lo mismo el obispo Zacarías Ortiz, quien también acusa a Lugo de protección al EPP; el Presidente respondía: “Ortiz es un santo, y los santos también se equivocan”.
“Yo les pregunto a esos que han sido políticos en otras épocas, ¿Qué han hecho? El EPP no nace con Lugo. Como me decía alguien, ni con hondita les tiró y hoy se quieren erigir en los grandes maestros y estadistas”, respondía el Presidente ante la prensa. Los del EPP, dijo, “son vulgares delincuentes que trafican con la vida y la libertad y que no hacen ningún favor a nuestro país”.
VIEJAS PRÁCTICAS
“Me llevaron en helicóptero, con los ojos vendados, luego comenzó la tortura. Me dieron patadas en la cabeza, me apretaron las bolas, me metieron en una bolsa de agua y me amenazaron con meter una barra en mi culo si no decía que ataqué una caseta militar”, dijo entre español latino y gastado guaraní Crispín Fernández, de Curuzú.
“Salí de mi casa al medio día y oí un helicóptero. Iba de compras, en el camino me arrestaron, mi casa estaba llena de policías y soldados. ¡Golpearon a mi suegro de 88 años! No mostraron documento. Me acusaron de bandido. ¿Cómo se supone que puedo ser un bandido, un secuestrador? Hay mucho abuso contra nosotros y todo por ser analfabeto, pobre, por ayudar a mi vecino que no tiene nada, que no tiene comida ni tierra, por no querer que mi hijo sea analfabeto como yo”.
Las denuncias como ésta de Juan Pural, no ganan las portadas como la modelo Larissa Riquelme cuando prometía desnudarse si la selección ganaba el mundial de fútbol. Los medios de comunicación que lideran sintonía en este país impiden que estos hechos se conozcan.
“No dicen nada acerca de la realidad, como si no importara la vida de un campesino”, dice don Juan: campesino, adulto, de manos agrietadas, poco cabello y piel café oscura. Trabajador del campo desde los seis años, “si es que me acuerdo bien”, acota.
LIBERTAD DE REPRESIÓN
Tortura y persecución para pobres; almuerzos costosos y lujos para periodistas. Stella Bogarín, hasta el año pasado periodista del diario La Nación y quien actualmente trabaja en el Instituto de Previsión Social INP del Gobierno, relata la experiencia de “cubrir” en la zona: “Nos llevaban en helicópteros del Ejército hasta casas de sojeros, en medio de lujos nos ofrecían un almuerzo espectacular, nos llevaban a dar una vuelta por aire y de alguna forma nos daban a entender que no pasa nada malo en esas zonas. La verdad es que viéndolo de esa forma, claro, siento que nos compran”, reconoce la profesional.
En general, en los medios de comunicación comerciales la pobreza no se muestra. “Para informar sobre lo que sea hay libertad de acción y expresión, pero claro, cuando te metes a publicar contra la mafia del tráfico de armas y de drogas, la cosa cambia”, considera Stella.
Seis balazos en la frente, el cuello y las piernas. Días antes del ataque, la Radio Chaco Boreal de Asunción emitía este diálogo: “Se llegó al límite máximo acá, mi señora está en Ciudad del Este, saqué a mis hijos del colegio, hice la denuncia contra la gente vinculada con la mafia del robo de gasoil (petróleo en Chile) y los vínculos políticos del narcotráfico… es difícil luchar solo”.
-Osea, ¿Te vas a volver a Perú?
-No, me voy a Chile de vuelta.
El chileno Alberto Palma fue sangrientamente asesinado el 22 de agosto del 2007 en el distrito Mayor Otoño, a manos de “cuatro sicarios de la narcopolítica”; hecho condenado y denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP y el Sindicato de Periodistas del Paraguay, SPP. De oficio radial, Palma ejercía periodismo comunitario en el departamento de Itapuá. Donde nació Fernando Lugo, casualmente.
Palma denunciaba mediante la radio en ese último despacho “que la mano con los políticos dedicados al robo de combustible” se había puesto muy pesada. La SIP exigía: “Insistimos a las autoridades de Paraguay que ordenen y cumplan con la responsabilidad del Estado de investigar el asesinato del periodista”.
En Coyhaique, Adel Espinoza, cuñado del “Tito”, como lo llamaban develaba tardemente el presagio: “Siempre temíamos por él, porque era un periodista que luchaba por los ideales y había denunciado corrupciones muy grandes en Paraguay. Siempre decía que lo estaban persiguiendo, que tenía que esconderse. Él se venía a Chile, tenía mucho miedo, no alcanzó a llegar”.
Martín Ocampos, el año pasado, locutor de radio comunitaria; Salvador Medina, docente y periodista, el 2001; Benito Jara, radialista también, el año 2000. El terror que infunde esta lista fúnebre de periodistas apaga, aunque no se quiera, micrófonos, grabadoras y computadores.
Sobre el EPP se sabe muy poco, ninguno de los citados aquí los reconoce como un grupo formado, existente o poderoso. No hay certezas más que para los medios comerciales. Desde la cárcel de mujeres, Carmen Villalba, condenada por secuestro, dice ser la vocera, y antes de ser censurada por el penal declaró que el EPP “está compuesto por campesinos que necesitan defenderse de los esbirros terratenientes”.
Desde el penal de hombres, el preso político de Patria Libre, Agustín Acosta, dice que “hay mucho de oscuridad en todo esto. Se supone que fueron 700 militares a buscar a unos 12 guerrilleros que no se sabe si realmente existen. Y hay muchos empresarios tratando de desestabilizar el país también”, sostiene.
Agustín está procesado por secuestro y asesinato, se declara totalmente inocente. “Somos de una clase combativa que ha luchado años, un pueblo que ha sufrido muchísimo, necesitamos la solidaridad internacional”, declara.
Agustín, desde su celda, denuncia presión de la embajada estadounidense y de paramilitares colombianos sobre Paraguay. La Embajada reconoce la colaboración a través de la Oficina de Cooperación y Defensa en la Operación Ñepytyvo II coincidente con el Estado de Excepción. En los medios, silencio. Parece mucho más importante hablar de fútbol y modelos en un pueblo “hambreado y sufrido”.
La situación interna paraguaya es todavía más turbadora de lo que esta crónica alcanza a describir.
Recuadro
CUESTIÓN DE PRIORIDADES
El año pasado, el gobierno de Lugo anunció la compra a Colombia de 450 fusiles Galil, de tecnología israelí, y 200 mil municiones, todo por unos 270 millones de pesos chilenos. La medida la justificó y caracterizó como “urgente” el ministro del Interior Rafael Filizzola, para combatir las acciones del EPP, “y nos quedamos cortos” añadía. Esta compra equivale a unos 2 mil sueldos básicos y, acorde a un estudio publicado por la Revista Iberoamericana de Educación OEI, el costo anual escolar de más de un millón de niños paraguayos.
Por Solange González Henott
El Ciudadano N°88, segunda quincena septiembre 2010
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