Solicitan designar Fiscal de Alta Complejidad por posible delito de prevaricación de jueces en caso “Primera Línea”

El abogado Fernando Leal, solicitó formalmente al Fiscal Nacional Jorge Abbott, que se designe a un Fiscal Regional o a un Fiscal de Alta Complejidad para que lleve a cabo la investigación en el caso que modifica la medida cautelar en contra de los 13 integrantes de la llamada “Primera Línea”.

 Leal argumentó que esta solicitud se realiza “dada la necesidad de que la investigación referida se lleve a efecto con estricto apego al principio de objetividad (…); en atención a que aparecen involucrados en los hechos Ministros de un Tribunal Superior de Justicia” y “atendiendo a que en los hechos a investigarse aparecen afectadas las garantías de Trece imputados conocidos como del grupo ‘Primera Línea’”.

Las acciones de abogado se dan luego de que el pasado 12 de mayo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitiera la querella por el delito de prevaricación en contra de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago que dejaron sin efecto una resolución de otro tribunal, la que modificaba la medida cautelar que pesaba en contra de los integrantes de Primera Línea.

La prevaricación se refiere a la falta de un funcionario púbico a los deberes que tiene a su cargo al tomar con conciencia una decisión o dictar una resolución injusta.

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia,  había emitido una resolución que ordenaba la liberación inmediata y el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total para el mencionado grupo de manifestantes, detenidos por Carabineros durante la revuelta social.

Ilegalidad en actuar de la Corte de Apelaciones

No obstante, la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la decisión del Séptimo Juzgado y suspendió al juez Daniel Urrutia, además de abrir una investigación en su contra.

Por tal motivo, se presentó la aludida acción legal contra los jueces de la Corte de Apelaciones, a quienes se les acusa de actuar “ilegalmente” al revertir lo ordenado por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía.

Dicha querella fue interpuesta por la abogada Olga Torres, quien solicitó indagar a los magistrados que ordenaron revertir la resolución del juez Urrutia.

Respecto a la querrella admitida el 12 de mayo, el abogado Fernando Leal se refirió a la relevancia de este caso ya que “hay un contexto, donde se ha hablado hasta el hartazgo de si las personas que se encuentran privadas de libertad a causa del estallido social, son o no presos políticos, nos encontramos con este caso donde un juez de la república en uso y ejercicio de sus facultades legales, en virtud del artículo 145 del Código Procesal Penal que le permitía sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar de menor intensidad y el pleno de la Corte, sin tener la facultad para revertir de oficio esta medida cautelar, lo hace y además sanciona y persigue al magistrado”.

Indicó que el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago fue convocado por la ministra Dobra Luksic, y no por el Presidente titular, don Hernán Crisosto, para dejar sin efecto, lo resuelto por Urrutia, lo que a su juicio se hizo de forma “absolutamente ilegal y contraria al derecho”,

“Además, de revertir ilegalmente la medida que sustituyó, se le persigue, se le sanciona, él siendo dirigente gremial y, sabiendo los ministros aquello, lo trasladan del 7mo Juzgado de Garantía y lo mandan al Tribunal de Cobranza Laboral”, dijo en declaraciones a Izquierda Diario.

¿Se están respetando los tratados internacionales?

El abogado Fernando Leal, recalcó que “claramente hay una afectación a distintas garantías y derechos tanto de los 13 imputados a quienes se les cambió la medida cautelar como también del magistrado Urrutia y es ahí donde uno se pregunta si ¿el poder judicial está respetando las garantías y derechos de las personas?, ¿está respetando los tratados internacionales? A mi juicio no lo está haciendo”.

El abogado Leal explicó que “son personas que podían estar con medidas cautelares distintas, pero mantuvieron la prisión de forma absolutamente ilegal y no menos que pudiendo conocer la ley, porque la conocen, son abogados, son ministros, ellos sabían que el pleno no tiene facultades para dejar sin efecto una resolución dictada por un magistrado que en uso de sus atribuciones, especialmente en un tema relacionado con la sustitución de la prisión preventiva y, sin embargo, lo hicieron”.

“Entonces creemos que acá se dan los elementos de los tipos penales de la prevaricación judicial y es por eso que es importante que se aclare que se transparente esto y que se sancione a los culpables, porque se está afectando la independencia de los jueces, afectando las garantías de las personas y ese tipo de abusos no se pueden seguir dando en el sistema judicial”.

Cabe destacar que las 13 personas imputadas por desórdenes públicos, lo que tiene baja penalidad, tenían conducta anterior irreprochable y, sumado al contexto de emergencia sanitaria, es absolutamente apegado a la ley la determinación de Urrutia, quien actuó conforme al ejercicio de sus facultades y sustituyó la prisión preventiva el 25 de marzo del año 2020.