Suprema condenó a cinco miembros (r) de la FACh por secuestro de Guillermo Teillier

La Corte Suprema condenó a cinco ex integrantes de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en delitos de secuestro simple, secuestro calificado y homicidio calificado al interior de la Academia de Guerra Aérea de la FACh en 1974.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal dictó sentencia final en la investigación por el homicidio simple de Alfonso Carreño Díaz, cometido en julio de 1974; el secuestro calificado de José Luis Baeza Cruces, perpetrado a partir del 9 de julio de 1974, y los secuestros de Rosa Barrera Pérez, Jacinto Nazal Quiroz, Agueda Jara Avaca, Jorge Montes Moraga (ex senador del PC), Guillermo Teillier del Valle (actual diputado PC), Magdalena Contreras Weise, Rosa María Montes Miranda, Diana Montes Miranda, María Josefina Miranda Tejías, José Canales Pérez y Guillermina Fresia Cervantes, víctimas (las 11 últimas) que sobrevivieron a la aplicación de tormentos.

En la resolución, el máximo tribunal condenó a Edgar Cevallos Jones a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del homicidio de Alfonso Baeza Cruces, más 12 años de presidio por los mencionados secuestros calificados; a Franklin Bello Calderón a 10 años y un día de presidio por los secuestros de José Luis Baeza Cruces, Guillermo Teillier del Valle y Guillermina Fresia Cervantes, y a Luis Campos Poblete, Juan Bautista González y Víctor Mättig Guzmán a 5 años y un día de presidio por el secuestro de José Luis Baeza Cruces.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza logró establecer que los detenidos, entre ellos el actual diputado comunista Guillermo Teillier, en el subterráneo de la Academia de Guerra Aérea de Chile «fueron sometidos a interrogatorios, algunos maltratados física y psicológicamente, manteniéndolos con la vista vendada, sin alimentos, colgados, con prohibición de hablar, estando además sujetos a amedrentamiento y coacciones sicológicas». Sobre esto último se detalla que se les infundió temor a partir de amenazas contra familiares o conocidos y de la posibilidad de una inminente ejecución. Además de ello, se agrega, se les sometió «a torturas en diferentes formas y aplicación de corriente eléctrica en diferentes partes del cuerpo».

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar $590.000.000 a familiares de las víctimas.