Presentación del recurso de amparo por los abogados Riquelme y Saavedra en el tribunal de Temuco
Hace dos semanas Karina Riquelme y Sebastián Saavedra, defensores que representan a parte de los 11 imputados mapuche en el marco del caso del caso Luchsinger-Mackay, presentaron un recurso de amparo en contra del Ministerio Público por hostigamientos, como seguimientos y fotografías, por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile hacia ellos.
Pese a que la iniciativa legal no fue acogida en esa instancia por la Corte de Apelaciones de Temuco, la Corte Suprema se pronunció ese miércoles 19 al respecto indicando que el Ministerio Público tendrá que tener cuidado de no coartar el desempeño de los defensores, explicitando que no se debe «afectar el libre ejercicio de la profesión de abogados de los recurrentes con motivo de las investigaciones iniciadas para indagar la existencia de eventuales hechos punibles, debiendo las policías adecuar su actuación a la ley».
Sebastián Saavedra, abogado de los hermamos Luis y José Tralcal, explicó que este es un hecho contradictorio, pues el documento revela paradojas: «Por una parte, la Corte Suprema confirma los hostigamientos a través de la resolución expresada por la Corte de Apelaciones de Temuco y realiza una severa recriminación hacia las policías y el Ministerio Público que valoramos, pero es un acto contradictorio debido a que expresa que las policías deben adecuarse a la normativa vigente, que en este caso no se cumple, y rechaza el recurso de amparo».
Antecedentes
En una entrevista exclusiva para El Ciudadano, la abogada Karina Riquelme calificó los hechos como un acto de amedrentamiento, en su labor como defensora de uno de los 11 imputados en la investigación del incendio que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Riquelme señaló los impedimentos que se interponen a la hora de seguir de forma habitual con el caso: «Este tema genera un nivel de estrés gigante. Es evidente que cualquier persona que vive un proceso de investigación penal se cuestiona cómo enfrentar esta situación».
La abogada denunció la manipulación mediática que ha realizado el Ministerio Público: «Yo creo que, en definitiva, se está manipulando a la opinión pública para desacreditar a los abogados defensores. Nosotros los único que hemos hecho es ejercer nuestros recursos legales en el trabajo. Lo que hace el Ministerio es manipular a la opinión pública con este gran poder que tienen, a través de la posibilidad de abrir carpeta de investigación sin ningún tipo de control».
Saavedra expresa que están en proceso de instancias legales internacionales por esta situación, debido a los antecedentes previos que terminaron en la salida de la abogada Manuela Royo, por presiones: «La abogada señala sin decir improperios una decisión que toma ella con respecto al caso y es sacada del caso. Esto es un hecho grave», afirmó.
Saavedra añade críticas al proceder del Ministerio Público en el área de la defensa para los imputados: «Otro aspecto es que los comuneros están también siendo coartados en escoger libremente a sus defensores. Por una parte, la Defensoría Penal Pública tiene ciertas representaciones en el caso Luchsinger-Mackay y si eligen a un defensor público, es el poder ejecutivo quien decide cuál será y si escogen un abogado privado, estos son hostigados por la policía y el poder político».
La preparación de este juicio comienza desde el 7 al 10 de noviembre.
Por Catalina Manque
El Ciudadano
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