El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) se adentró esta madrugada en uno de los asuntos que más dividen a la devota sociedad en el país suramericano: la despenalización del aborto.
La batalla por los derechos reproductivos de la mujer lleva décadas encendida, desde que la redemocratización llegó en 1985 al país con más católicos del mundo, pero las iniciativas para que la interrupción del embarazo no sea castigada jamás prosperó, ni en los gobiernos de derechas ni en los de izquierda.
Pero ahora llegó a la máxima corte, seis años y medio después de que fuese introducido, el recurso del ultraizquierdista PSOL, un firme aliado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), a favor de legalizar el aborto.
Su presidenta, la magistrada Rosa Weber, que está a punto de jubilarse y no quería perder la oportunidad de abordarlo, decidió pautar el juicio, que arrancó en el plenario virtual, en el que los jueces van introduciendo su voto electrónicamente en un plazo determinado.
Ella, como relatora del caso, fue la primera en votar, y lo hizo afirmativamente. El segundo en votar fue Luis Roberto Barroso, quien dejó suspendido su parecer al pedir pasar el juicio a la modalidad presencial, para lo cual no hay fecha.
Si, cuando se reanude, cualquiera de los jueces pide más tiempo de análisis, el caso podría alargarse de forma indefinida.
Pero ya es un paso de gigante. En su recurso, el PSOL, junto con el Instituto de Bioética (Anis), esgrimió que la prohibición del aborto, establecida en el Código Penal de 1940, viola el derecho de las mujeres a la igualdad, la dignidad, la libertad y la salud.
Actualmente, el aborto está permitido hasta los primeros tres meses de embarazo en caso de violación, anencefalia y riesgo para la madre, algo similar a lo que ocurre en Chile. En América Latina, solo está despenalizado en Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba y México.
En Brasil, las penas por provocarse el aborto o consentir que alguien lo practique oscilan de uno a tres años de cárcel, mientras que para los que lo practiquen con el consentimiento de la embarazada, van de uno a cuatro años de reclusión.
Eso hace que miles de mujeres en Brasil, donde hay elevados índices de embarazo adolescente, se sometan cada año a abortos clandestinos, que a menudo terminan en muerte de las gestantes por el riesgo que supone.
Fuente: RT.
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