El fiscal de alta complejidad de La Araucanía, Luis Torres, envió un oficio al jefe de la IX Zona de Carabineros, general Christian Franzani, para indagar la existencia de una supuesta malversación de recursos públicos destinados a la inscripción de hijos de funcionarios de la institución – menores de dos años de edad – en establecimientos educacionales.
Según reveló un reportaje de Ahora Noticias en julio de 2016, más de 10 uniformados habrían falseado la matrícula de niños en jardines infantiles para cobrar asignaciones que posteriormente se repartían con personas encargadas de los recintos.
Si bien el caso estalló a raíz de un control interno de la Prefectura Cautín, que motivó un sumario administrativo y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, el mando habría omitido denunciar a dos oficiales presuntamente envueltos en la red, agregó la emisora en ese entonces.
De acuerdo con fuentes consultadas por El Ciudadano, la Fiscalía pidió recién este mes que la institución proveyera un listado completo del personal que desde enero de 2013 a la fecha hizo uso de su derecho a sala cuna, la individualización de los centros particulares involucrados, y las fechas de ingreso y eventual egreso de los niños de éstos.
La petición fue notificada el 10 de marzo a Carabineros y deberá ser contestada en menos de dos semanas, a fin de aportar más páginas a una investigación que de momento se encuentra desformalizada.
Cabe señalar que este escándalo no fue mencionado por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, en la exposición que realizó ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. En ella solo habló de dos causas penales abiertas que comprometerían fondos del erario fiscal: el robo de remuneraciones que motivó la caída del director de Finanzas, general Flavio Echeverría, y el desfalco en la construcción de cuarteles.
A ello debiera agregarse la indagatoria seguida en contra del ex jefe de la Prefectura Aeropolicial, coronel (r) Enzo Coppa, radicada en la Fiscalía Centro Norte, que busca sancionar presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y cohecho en la compra de una aeronave a Eurocopter.