La familia de David Riquelme Ruiz, asesinado la madrugada del 10 de marzo de 2010 en la VIII Región por efectivos de la Infantería de Marina, tiene esperanzas de conseguir justicia. Pero esta ha sido esquiva: los cinco militares responsables del crimen fueron licenciados de la Armada y condenados a bajas penas (tres años y un día remitidos) que les han permitido vivir en libertad; mientras un sobreviviente, Iván Rojas Araneda, permanece con secuelas físicas y psicológicas de las torturas que recibió junto a su amigo.
La Corte Naval de Valparaíso decidió la semana pasada devolver al tribunal militar de primera instancia de la Octava Región la causa por el crimen del trabajador cartonero David Riquelme, ocurrido pocos días después del terremoto del 27 de febrero de 2010, para revisar los procedimientos en la causa de la que ya existen sentencias de primera instancia.
Esa noche de 2010 toda la región, como gran parte de la zona centro sur, estaba bajo el toque de queda dictado por las autoridades militares que se hicieron cargo del Estado de Emergencia impuesto luego del terremoto. David Riquelme, de 44 años, y su amigo Iván Rojas eran vecinos en una población de Hualpén y salieron a comprar cigarrillos en las cercanías del barrio, pero fueron interceptados por una patrulla de infantes de marina, momento en el que fueron golpeados en el suelo, esposados y subidos a una camioneta militar.
Durante el trayecto fueron golpeados con brutalidad, por lo que ni el personal de guardia de Carabineros ni de la Policía de Investigaciones los recibió en sus retenes cuando los militares intentaron entregarlos , como señalaba el procedimiento. Con los detenidos en su poder, lejos de detener las golpizas y torturas o brindarles atención de salud, los militares continuaron golpeándolos hasta abandonarlos en la cancha “Los halcones” de la población Triángulo de Hualpén. La golpiza fue de tal intensidad que David Riquelme -quien sufría de epilepsia y riesgos de salud asociados- no sobrevivió, mientras su amigo pudo arrastrarse para conseguir ayuda pese a las fracturas que tenía.
Las consecuencias del terremoto, sus réplicas y el cambio de mando presidencial que se realizó el 11 de marzo de 2010 relegaron las informaciones sobre el asesinato por torturas a reducidos rincones de la prensa y escasas menciones en las radios y televisión El crimen quedó prácticamente oculto y así ha permanecido hasta ahora. Un manto de impunidad cayó sobre estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra dos personas –una de las cuales murió-, de las que son responsables agentes del Estado, funcionarios públicos que actuaron sobre seguro con recursos (vehículos y armas) proporcionados por el Fisco.
A cinco años del crimen, cuyas investigaciones han estado siempre a cargo de la Justicia Militar, el balance de su tramitación judicial es desolador. Los cinco infantes de marina solo estuvieron en prisión preventiva por tres meses y luego quedaron en libertad. Todas las pericias solicitadas por el Ministerio Público determinaron que Riquelme y Rojas recibieron torturas, golpizas y maltrato durante al menos dos horas. Pese a las pruebas, la Justicia Militar dilató el proceso, al punto de cuestionar las pericias por razones políticas, plantear como tesis que las víctimas habían sido atropelladas, e incluso solicitar la exhumación del cuerpo de Riquelme, generando un profundo impacto en la familia.
Cuando la causa pasó a etapa de plenario, la Fiscalía Militar pidió condenas de 10 años de prisión pero la Corte Marcial, sin embargo, determinó la reducción de las penas a tres años, sin prisión efectiva. Para el abogado Javier Ahumada, querellante en representación de la familia Riquelme, “el proceso fue dilatado por la Armada, con el interés de licenciar con pensiones a los inculpados”.
Los encausados por el crimen de Riquelme son los sargentos segundo Jorge Elgorriaga Lavín y Cristián Martínez Flores; el cabo segundo José Caamaño Sepúlveda, y los soldado primero Omer Valdebenito Navarrete y Esteban Muñoz González, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada.
Tanto Iván Rojas como la familia de David Riquelme Ruiz, así como los abogados querellantes, mantienen la esperanza de que la justicia determine una sentencia acorde con la gravedad del crimen -proporcional a cómo lo haría la Justicia Civil- y que el Estado responda por su responsabilidad directa en estos crímenes que fueron perpetrados en el marco de un estado de excepción por catástrofe -dictaminado por las autoridades civiles del país- bajo el cual se otorgaron atribuciones excepcionales a las Fuerzas Armadas, y que con crímenes como el de David Riquelme e Iván Rojas, han demostrado mantener lógicas de adoctrinamiento similares a las observadas en dictadura, y que llaman a una revisión urgente de los procedimientos así como la modificación del código de Justicia Militar.
La Justicia Militar, en tanto, en el caso de David Riquelme ha mostrado un accionar similar a la tramitación que ha hecho de las causas por la desaparición forzada en 2005 del joven José Huenante Huenante, o el asesinato de Manuel Gutiérrez en 2011 en el marco de una protesta estudiantil: impunidad.
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