Terrorismo, razón de Estado

Al hablar de violación de derechos humanos o de dictadura, suele asociarse a un tiempo lejano que “es más cómodo no recordar”. Sin embargo, a casi 37 años del inicio de ese oscuro trozo de nuestra historia, en Chile, las fuerzas de orden público continúan ejerciendo violencia, amparados en la herencia del aparataje jurídico que la justifica y legitima. La Ley Antiterrorista, aplicada casi exclusivamente a las demandas del pueblo Mapuche, es una muestra de ese legado que sigue vigente.

Las leyes “anti-terroristas” no son más que un fenómeno de proyección política de las propias instituciones, en relación a su propia perversidad y crueldad, sobre aquellos que cuestionan el accionar de éstas. Aquellas leyes son mecanismos de defensa, de un organismo enfermo, que busca evitar sentir terror o pánico de perder su posición en la sociedad o en el mundo. Andrés Bianque

El modelo neoliberal impuesto en esos años y desarrollado por la Concertación, se basa en la explotación de recursos naturales y su exportación en manos de grupos privados nacionales y transnacionales. Éste no salvaguarda la riqueza nacional, ni implementa políticas de desarrollo sustentable. Tampoco respeta personas ni el medio ambiente.

Este modelo ha generado el progresivo rechazo y levantamiento de distintos grupos sociales que se han encontrado con una respuesta del Estado que se ha manifestado en coerción y castigo, situación que se agravó frente al pueblo mapuche cuando decidió defender su territorio ancestral, intrínsecamente ligado a su propia existencia. Ellos han recibido del Estado, según Alberto Espinoza, abogado especialista en derechos humanos de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), “la respuesta más extrema: La aplicación de la ley antiterrorista”.

Este hecho, según Raúl Nahuelpán, uno de los voceros de la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago (Cooams), “en una estrategia del Estado para inmovilizar a las comunidades mapuche en la lucha por sus reivindicaciones y recuperación territorial”.

El Estado considera al pueblo mapuche como “enemigo interno, lo que representa una ideología”, aplicada por primera vez en el gobierno de Ricardo Lagos; y que se ha mantenido invariable, “porque este sistema de seguridad nacional está asociado a la mantención del modelo económico”, explica Lucía Sepúlveda, periodista y miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT).

LA LEY MALDITA

La Ley Nº 18.314, conocida como Ley Antiterrorista (Ley AT), “determina conductas terroristas y fija su penalidad”. Promulgada en 1984, como estrategia de la dictadura de Pinochet para enfrentar la resistencia armada, no fue derogada con la salida del poder ejecutivo del dictador.

El texto fue reformado parcialmente por el Congreso y utilizado como herramienta para el desmantelamiento de los grupos subversivos que operaron en los inicios de los ’90, y modificado el 2002 para adecuarla al nuevo sistema procesal penal.

Después de algunas selectivas aplicaciones durante los primeros años de la transición, pareció caer en el olvido, hasta la presente década, cuando fue desempolvada para enfrentar la creciente movilización y reivindicación de los pueblos originarios.

“Descontentos por el accionar estatal, el fracaso de las políticas indigenistas y por la situación de pobreza en que se encontraban inmersos”, los mapuche optaron por una estrategia activa –a veces violenta- de reivindicación de derechos políticos, económicos y culturales, explica Sergio Laurenti, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile (AI).

Las disposiciones introducidas durante los gobiernos de la Concertación introducen el delito de incendio como acto terrorista, cuando se cometa “con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, temor”, a pesar de que no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad ni la integridad física.

En la actualidad, según el Observatorio Ciudadano, hay 58 comuneros procesados por Ley AT, cinco de ellos condenados, 42 en prisión preventiva y 11 cumpliendo medidas cautelares.

El Informe de Derechos Humanos 2010, elaborado por la CECT, recoge datos desde junio de 2009 hasta junio de 2010 y señala que hay 106 personas encarceladas, condenadas o procesadas en relación al llamado “conflicto mapuche”, casi el doble de hace un año.

El Informe señala que sólo entre junio y septiembre de 2009, aún en el gobierno de Michelle Bachelet, la cifra ascendió de 59 a 99 personas. Asimismo, el documento consigna la muerte de Jaime Mendoza Collío, asesinado por la espalda por un policía, Miguel Patricio Jara Muñoz, quien se encuentra en libertad provisional mientras se efectúa la investigación judicial.

“Esta es la otra cara de la moneda” explica Alberto Espinoza, “se les aplica Ley AT a los mapuche, pero no hay ningún carabinero preso. Las condenas que se han hecho son muy bajas, no sobrepasan los cinco años y algunos sólo deben firmar”.

Recordemos que los mapuche no han manchado con sangre esta lucha, sino que, “son ellos quienes suman cuatro muertos”, enfatiza el senador Alejandro Navarro, quien denuncia a los gobiernos pasados y al actual de tener un “trato discriminatorio y racista” con los mapuches que luchan por la recuperación de sus tierras.

Lucía Sepúlveda aclara que al llamar terroristas y criminalizar la recuperación de territorios ancestrales se contraviene la legislación internacional de Derecho Indígena, ya que ésta los considera como “luchadores sociales, no como delincuentes ni menos, terroristas”.

Frente a los supuestos nexos que comuneros tendrían con grupos armados extranjeros -como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)-, señalados por algunas autoridades desde el Ministerio del Interior y reforzado por algunos medios de comunicación, Raúl Nahuelpán reconoce que hay muchos movimientos que solidarizan con la causa mapuche, a nivel nacional e internacional, “pues esta lucha despierta simpatías en todo el mundo, pero no existen pruebas concretas sobre vinculaciones con estos grupos”.

Para Laurenti, las minorías “suelen ser discriminadas y sujetas a abusos de violaciones de derechos humanos en todo el mundo”. El caso de los indígenas “es propio de personas cuyos derechos son violentados en razón de la identidad”, concluye.

ESTRATEGIAS JURÍDICAS CONTRA LA LUCHA SOCIAL

La aplicación de la ley AT, significa que las penas son “mucho más altas” y la detención de las personas sin formalizarlas puede ser hasta por diez días. Los registros de la investigación son “casi como secreto de sumario por parte de los fiscales”, se permiten testigos sin rostro y una “serie de restricciones al debido proceso”, comenta el abogado de la Fasic, situación que también ha sido criticada por diversos organismos internacionales (ver recuadro).

“En el caso de la ley antiterrorista, la tipificación de esta conducta es subjetiva y da espacio a la arbitrariedad, porque se juzgan intenciones. Esto viola el principio de legalidad; por ejemplo, se asume como terrorista la utilización de armas de destrucción masiva que, en el caso de los mapuche, sólo son un montón de hojas y fósforos”.

Además de esta ley, otra de las vías institucionales por las que se persigue a las comunidades mapuche es a través de la aplicación de la justicia militar. “No puede ser que tribunales militares juzguen a civiles: Ni los carabineros, ni los mapuche son parte de la rama militar”.

“Nada garantiza un debido proceso, imparcialidad ni independencia”, pues juzgan militares “bajo un sistema inquisitivo (secreto) en el que el derecho a defenderse está seriamente lesionado, en un tribunal en el que la función de investigación y juzgamiento radican en una sola persona”, concluye Espinoza. Esto produce otra irregularidad: la doble criminalización.

Según el Informe de la CECT, actualmente hay siete dobles procesos que afectan a comuneros, lo que viola el principio jurídico relativo a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

CHILE A OJOS DEL MUNDO

En 2009, el embajador ante la ONU, Carlos Portales, negó ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, que se hubiera utilizado abusivamente la ley antiterrorista en perjuicio de los mapuche. “Los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena. “Entre 1999 y 2009, esta ley se invocó sólo en 16 casos y en sólo dos ocasiones a personas de origen indígena”, sostuvo en su discurso.

Esta declaración fue duramente criticada y desmentida por ONGs nacionales e internacionales, ya que a ese tiempo del gobierno de Bachelet, eran cinco los mapuche procesados por esta ley.

“En esa ocasión, el ministro Viera Gallo dijo que Chile había sido visto con muy buenos ojos en el Consejo, pero nosotros, que tuvimos la posibilidad de estar ahí, sabemos que se distaba mucho de valorar positivamente la actuación del Estado chileno en materia de derechos humanos. Esta es una realidad que no me imagino cambie con el nuevo gobierno”, advierte José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano.

Lucía Sepúlveda agrega que la criminalización por parte del Estado chileno “se incrementa el año 2003, pero va más allá del gobierno de turno. En ese sentido es una herencia que recibe Piñera y que administra muy bien, pues no cambia en absoluto la situación”.

Aylwin dice que el gobierno actual plantea “en lo discursivo una continuidad” de los gobiernos pasados en materia de derechos humanos. Pero en la práctica, dentro del Gobierno “hay una tensión muy fuerte”.

Hace pocos días se anunció que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) decidió, preliminarmente, bajar el Fondo de Tierras Indígenas de 40 mil millones a 5 mil millones de pesos, “lo que implica terminar con la política de adquisición de predios en conflicto -una de las soluciones planteadas en esta materia-.

Por otro lado, en temas de seguridad pública hay un paquete de endurecimiento que, lejos de considerar la reforma de la Ley AT en el sentido que recomienda la ONU, eleva las penas e impulsa la delación”, concluye el abogado del Observatorio Ciudadano.

“En el exterior esto causa mucho asombro, porque es otro el discurso que se vende de nuestro país. Lamentablemente, nuestros gobiernos no han querido ver este contrasentido, pero afuera sí se ve y cada vez se hace más visible”, advierte Sepúlveda.

Sobre la precariedad de la defensa de los derechos humanos, el senador Navarro afirma que “en Chile no hay institucionalidad del Estado capaz de defender estos agravios”. Nuestro país no tiene un Defensor del Pueblo u Ombudsman (autoridad que garantiza los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan cometerse desde los poderes del Estado). Sin embargo, tras larga tramitación se aprobó la creación del Instituto de Derechos Humanos, conformado hace pocos días.

Nahuelpán indica que valoran el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, porque son una medida de presión. Sin embargo, “sabemos que el Estado responde a los intereses del modelo económico, por lo que la solución no vendrá de ellos, sino que de nosotros, cuando podamos negociar en mejores condiciones”.

En este sentido, añade el vocero mapuche; “estamos trabajando por fortalecer la lucha formando un frente amplio junto a otros sectores como trabajadores, estudiantes, organizaciones religiosas y personalidades que se suman al apoyo contra la persecución y prisión política de nuestro pueblo”.

LA ÚLTIMA LUCHA

La existencia del pueblo mapuche se contrapone a la profundización de los proyectos económicos en la zona. “Hay cien concesiones mineras de exploración y explotación desde la Cordillera de Nahuelbuta hasta Toltén, proyecciones de instalación de centrales geotérmicas en el Alto Bío Bío y la instalación de al menos siete centrales hidroeléctricas”, advierte Nahuelpán.

“Cada pino plantado es un retroceso y el camino hacia la desaparición como pueblo. La migración hacia la ciudad, por la falta de agua y la contaminación de los espacios ancestrales generarán guetos mapuches urbanos, donde sólo hay una recreación de lo que fue, porque desaparece la vinculación con el espacio territorial, propio y único de acuerdo a nuestra cosmovisión”, enfatiza.

Los mapuche han combatido históricamente todos los intentos de dominación, logrando mantenerse vivos hasta hoy. Sin embargo, el actual encrudecimiento de la política del Estado chileno, manifestado en la violencia institucionalizada, hace notar lo crucial del momento que viven, en esta lucha de supervivencia.

La que puede llegar a ser su última lucha.

Recuadro

EVALUACIÓN  INTERNACIONAL

OCTUBRE 2004, INFORME DE HUMAN RIGHTS WATCH Y EL OBSERVATORIO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:

Los mapuche acusados de terrorismo enfrentan juicios desiguales por delitos que no constituyen un peligro directo para la vida, la libertad ni la integridad física. Denuncia, además, que el uso de testigos sin rostro viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile.

AGOSTO 2009, OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL:

La ley AT se aplica, principalmente, a miembros del pueblo mapuche por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionadas con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales, y no terroristas.

14 SEPTIEMBRE 2009, INFORME “CHILE: CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL MAPUCHE A TRAVÉS DE LA LEY ANTITERRORISTA”:

El Estado criminaliza las reivindicaciones territoriales, culturales y económicas a través de la aplicación de la ley AT a los miembros de comunidades en conflicto. Se denuncia también la jurisdicción de la Justicia Militar.

24 SEPTIEMBRE 2009, EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE LA ONU:

Chile recibió 71 recomendaciones. Dejó pendientes, entre otras, la revisión de la ley AT y su aplicación, de modo que no pueda hacerse uso abusivo en persecución de las comunidades indígenas, en particular mapuche. En cuatro años más, Chile debe informar sus avances.

28 SEPTIEMBRE 2009, INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU, JAMES ANAYA:

“El Estado  tiene la obligación de restituir las tierras ancestrales de todos los pueblos indígenas (…)  esto no es entregar tierra como en una reforma agraria, sino determinar cuáles fueron de ellos”.

Por Cristóbal Cornejo y Victoria Lozano

El Ciudadano N°85, primera quincena agosto 2010