Tiro por la culata: Las inesperadas esquirlas que repartió el «perdón» de los presos de Punta Peuco

El pasado viernes 23 de diciembre, no bien había terminado la ceremonia ecuménica de Punta Peuco en donde algunos de los presos habían pedido «perdón» por sus crímenes, cuando una contundente réplica ya estaba instalada: más que «arrepentimiento», lo que se exige es información.

Aunque se quiera dar a entender que el gesto de los criminales que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos en ese recinto es algo «genuino», basta hacer un recuento de los hechos que le antecedieron para entender que forma parte de una estrategia comunicacional orquestada desde distintos ámbitos de la sociedad chilena, con el objeto de pavimentar el camino para otorgarles beneficios y finalmente impunidad.

A saber: desde un sector de la Iglesia Católica representado por el sacerdote Fernando Montes; desde el Poder Judicial en la voz del presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch; desde el gobierno a través de las declaraciones del ministro de Justicia Jaime Campos; desde la clase política con el apoyo de parlamentarios de distintas colectividades, desde el senador RN Baldo Prokurica hasta su colega DC en la Cámara Alta, Andrés Zaldívar; y desde la prensa con El Mercurio y otros medios de derecha empujando hacia una legitimación de la impunidad.

Todos, como si fueran parte de un afinado coro, han conseguido instalar la idea de que los presos de Punta Peuco más viejos o con supuestos problemas de salud, tienen derecho a pasar los últimos días de sus condenas y de sus vidas en sus domicilios.

Ministro Jaime Campos. Foto: t13.cl

El silencio de los que piden «perdón»

En conversación con El Ciudadano, la abogada de derechos humanos Carmen Hertz sostuvo que lo que se ha hecho es manipular de forma “brutal” a la población, ya que “no existe obligación jurídica internacional que establezca que tenga que ser liberado un criminal de lesa humanidad que esté enfermo». La obligación, agrega, «es darle un tratamiento digno, cosa que con los presos comunes de este país no existe, mientras que en Punta Peuco sí”.

Junto con ello, Hertz explica que entre los requisitos que se deberían cumplir para acceder a beneficios está lo señalado por el Estatuto de Roma, en términos de que «se exige que estos tipos hayan cooperado con la acción de la justicia, cosa que tampoco se da en ninguno de los casos» y que exista un «arrepentimiento eficaz, que significa que hayan entregado antecedentes de la organización criminal a la que pertenecieron”.

Es esa la posición que han debido volver a instalar abogados que se han dedicado a perseguir a criminales de la dictadura y que comparten también las organizaciones de derechos humanos. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ha insistido frente a esta campaña por la impunidad que entre los militares condenados todavía persisten los pactos de silencio y que no ha habido colaboración efectiva con la verdad y la labor de la justicia. Esto, señaló en conversación con El Ciudadano, «ha mantenido la incertidumbre en cientos de casos de detenidos desaparecidos y prolongado los procesos judiciales hasta hacer perder el sentido de oportunidad que debiese tener la aplicación de justicia”.

Respecto de la situación de las organizaciones de derechos humanos, cabe mencionar que esta petición de «perdón» por parte de los presos de Punta Peuco se ha traducido igualmente en una intención de invertir los roles en la relación obvia y natural que se ha construido entre victimarios y víctimas. Es decir, se ha querido hacer ver a estos últimos como sujetos carentes de piedad al negarse a acceder a un gesto humanitario como el del «perdón» hacia criminales enfermos y supuestamente arrepentidos de las aberraciones cometidas.

Montes y Campos: alcanzados por las esquirlas

Todo parte de una estrategia comunicacional que -sin embargo y en favor de la verdad- ha significado que comience a surgir información relativa a quienes han apoyado esta campaña por impunidad y que ha alcanzado a figuras públicas como el sacerdote Fernando Montes y el ministro de Justicia Jaime Campos.

Respecto del primero, se dio a conocer que el 28 de octubre de 2015 declaró como testigo en favor de Luis Ramírez Pineda, ex comandante del Regimiento Tacna durante el golpe de Estado, y quien fue condenado por ordenar el fusilamiento de dos escoltas de Salvador Allende, según consignó The Clinic.

En cuanto a la autoridad de Justicia, el abogado Hugo Gutiérrez reveló que Ángel Campos Quiroga, hermano del ministro y quien falleció en mayo de 2001, estuvo involucrado en el asesinato de tres militantes del Partido Comunista y uno del MIR, y que, además, fue identificado por más de 30 víctimas como su torturador.

Daniel Labbé Yáñez