22 días cumplió este lunes la toma de 6 sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por parte de miembros de la Asociación Nacional de ex Presos Políticos Salvador Allende, siendo las oficinas de Arica, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt las que se encuentran en esta situación.
En conversación con el Área Audiovisual de El Ciudadano, Braulio González, presidente de la agrupación, dio a conocer que presentaron un recurso de protección en contra del Estado ante la no respuesta a sus demandas durante 25 años.
González añadió que desde el 26 de octubre del año pasado mantienen una mesa de diálogo con el Gobierno, pero que esta instancia «no ha avanzado». Detalló que de un petitorio de 10 puntos se les han respondido 8, los cuales -asegura- «se contestan en palabras y no vemos una cuestión efectiva».
El abogado patrocinador de la acción legal, Roberto Ávila, explicó que lo que se le pide al Estado es que repare a los ex presos políticos. Algo que -añadió- «es una obligación a la luz del derecho interno, de los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la responsabilidad extracontractual en materia civil y la Convención Americana Contra la Tortura, entre otras».
Ávila agregó que este recurso se repetirá en las cortes de Apelaciones a lo largo de Chile y que va en representación de los 22 mil ciudadanos que han sido calificados como presos políticos y también en favor de aquellos que no fueron nombrados de esa forma por la Comisión Valech.
«El Estado les da un trato de indigentes»
«No vamos a salir de acá hasta que el Estado tenga un pronunciamiento hacia nosotros y cumpla con lo que nos ha ofrecido en mesas anteriores», advirtió Braulio González respecto de la duración de la toma, añadiendo que «lo vamos a hacer el tiempo que sea necesario, asumiendo las dificultades que tenemos».
En palabras del dirigente, los presos políticos movilizados apelan hoy a que «la Resolución 60.147 firmada por el Estado y ratificada dos veces, dice y habla de una reparación satisfactoria para las víctimas de la dictadura y nada de eso ha ocurrido».
González detalló la situación en la que se encuentran hoy los presos políticos, mencionando -por ejemplo- que tienen una pensión de gracia «que podría tener cualquier ciudadano mayor de 65 años que acude a un municipio», y que su sistema de salud «es más malo que el público». «Eso nos ha entregado el Estado y nosotros creemos que eso no es reparación», apuntó.
En ese sentido, el abogado Roberto Ávila agregó que «las personas que sufrieron la prisión política y la tortura en Chile eran trabajadores, campesinos, estudiantes, científicos, artistas. Sin embargo, el Estado hoy les da un trato de indigentes, les da una pensión que es menos que la asistencial -170 mil pesos aproximadamente- con lo que no alcanza ni siquiera para arrendar un cuartito en una población popular». Junto con ello, añadió: «La reparación en el ámbito de la salud es a nivel de indigente, lo dice expresamente el Programa PRAIS».
Braulio González adelantó que el paso siguiente, luego de la presentación de este recurso de protección, es llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con su demanda de reparación, e hizo un llamado a los 22 mil presos políticos a «que se sumen a esta lucha, porque si ganamos esta lucha es para todos, no vamos a pelear por unos pocos».
Por último, el dirigente realizó una dura crítica a la presidenta Michelle Bachelet. «Anda buscando un sillón permanente en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la han nombrado embajadora de los Derechos Humanos en el mundo, ha ido a dar cátedra sobre Derechos Humanos a países latinoamericanos. Nosotros le decimos ‘Presidenta: venga a arreglar los problemas que tiene en su casa'», interpeló González.
Te invitamos a ver la conferencia completa registrada por el Área Audiovisual de El Ciudadano acá.