Tomas en la periferia: Contra expulsiones y abuso policial

FOTO: Trinchera de la Imagen

Con guardias privados, retención de raciones alimenticias, detenciones ilegales y cancelación de matrículas, los administradores de liceos periféricos de Santiago impiden que los alumnos ejerzan su derecho democrático a manifestarse.

La toma del Liceo Hermanos Carrera, de Maipú, por ejemplo, fue desalojada de manera violenta, quedando detenidos una docena de jóvenes, a quienes, en contra del procedimiento habitual, se les llevó directamente a la 25ª comisaría de la comuna. La constatación de lesiones se hizo cuatro horas después, cuando, por la presión de los apoderados, los adolescentes son puestos en libertad.

Joven CC, del Liceo Hermanos Carrera muestra sus moretones.

Desde el Liceo Hermanos Carrera, estudiantes cuentan que en un intento por reposicionar la toma, el día 9 de septiembre, la seguridad privada contratada por la dirección, en conjunto con Carabineros, reprimió “brutalmente” a los alumnos, denuncian. Mientras que la Fuerza Pública se llevaba detenidos a doce jóvenes, once de ellos menores de edad, al interior del recinto, los “matones a sueldo” golpeaban a un grupo de otros seis alumnos. Uno de ellos, Víctor Inostroza Huenchupán, fue agredido en la cabeza con un martillo. El menor fue trasladado al Centro de Referencia de Salud de Maipú (CRS), donde le suturaron la herida con cinco puntos.

Según Vicente Villavicencio, alumno de cuarto medio que fue detenido esa noche, Carabineros “se saltó la constatación de lesiones que se hace en cualquier procedimiento normal”, los jóvenes fueron llevados directamente a la 25ª Comisaría de Maipú, donde estuvieron por más de cuatro horas antes de ser trasladados al centro asistencial CRS, situación que fue permitida sólo gracias a la llegada de un Fiscal, quien ordenó la puesta en libertad de los menores.

El 28 de agosto, cerca de las nueve de la mañana, Carabineros ingresa a la toma del liceo Raúl Silva Henríquez de Puente Alto y detiene a cuatro mujeres y un hombre, todos menores de edad. Los alumnos, que fueron llevados hasta la 20ª Comisaría de la misma comuna, acusan que se les obligó a desnudarse en una sala con otros detenidos, donde estuvieron por cerca de seis horas.

El desalojo del Liceo, según contó Carlos Ureta, apoderado de primero medio, respondió a la denuncia del Director de la Fundación Belén Educa -entidad que administra el establecimiento-, Juan Enrique Guarachi, quien asegura que los alumnos han sustraído mobiliario y cometido destrozos en el colegio. Ureta, por su parte, cree que la acusación fue montada: “Estamos igual que en los tiempos de dictadura, armando montajes para inculpar a niños de agitación social”.

La denuncia fue acogida por abogados de la Defensoría Popular, quienes presentarán en los próximos días una querella criminal contra carabineros de la 20ª Comisaría de Puente Alto, por abuso a particulares y por abuso sexual en contra de menores de edad.

OTRAS FORMAS DE PRESIÓN

El Liceo Industrial Domingo Matte Pérez de Maipú, que depende de la Corporación de Capacitación y Empleo, que a su vez integra la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), fue tomado el día 6 de septiembre, día en que se dejaron de entregar los suministros alimenticios que asigna la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Un alumno del establecimiento que prefiere guardar su identidad dijo que “es el director quien pretende finalizar nuestra forma de manifestarnos con medidas drásticas y sin diálogo de por medio, como lo es negarnos la comida que el mismo Estado nos provee”.

Otras formas de presión que han adoptado los directivos de los liceos son la expulsión y la amenaza de no volver a enseñar los contenidos perdidos en estos meses. El director del liceo Hermanos Carrera, Juan Pablo Gorigoitía, ofreció el cierre del año académico a varios alumnos “clave” en la movilización del colegio, el problema, según explicó el alumno Villavicencio, es que con las notas que tenían no aprobaban. La propuesta fue, en síntesis, “o se van o repiten el año”.

Gorigoitía declaró, que fueron los mismos apoderados quienes voluntariamente retiraron a sus hijos del colegio por temor a la pérdida del año escolar. Teresa Ulloa, madre de Vicente, quien este año debía presentar la PSU, aseguró que su hijo fue expulsado porque es dirigente estudiantil y que el ofrecimiento del rector fue malintencionado. A la fecha, doce alumnos han sido retirados de este colegio “voluntariamente” por sus padres.

En la comuna de La Cisterna, el director del liceo Arriarán Barros Don Bosco, el sacerdote Marco Vergara, de la congregación salesiana, optó por instalar guardias privados desde la última toma frustrada del pasado 8 de septiembre. Pese a que el 80% de la enseñanza media votó en favor del paro, el religioso persiste en ordenar a los docentes que hagan clases y consideren la materia como pasada. Según Carlos Fuentes, del Consejo de Presidentes del liceo, “la dirección, apoyada por un grupo de apoderados, se niega a reconocer el paro”.

Las autoridades del Colegio, al ser consultadas al respecto, declararon que el establecimiento no está paralizado, que los cursos básicos están asistiendo normalmente a clases y que las clases de la educación media se están realizando a diario.

En las últimas semanas, Observadores de Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría Popular, han recibido constantes denuncias de abusos de poder contra estudiantes movilizados en los bordes de la Capital, lejos de la cobertura mediática que atraen los céntricos liceos llamados “emblemáticos”, como el Instituto Nacional, el Barros Arana o el Liceo de Aplicación. Los testimonios de alumnos y apoderados señalan, según explicó Marta Cisternas, una de las observadoras de Derechos Humanos, “que hay un maltrato generalizado hacia los jóvenes en las tomas que viene desde la policía, los administradores de los colegios y hasta de los mismos apoderados que no quieren que se pierda el año escolar”.

Ambas organizaciones coinciden en que no basta con fiscalizar el accionar de la Policía en las calles, cuando “la violencia continúa dentro de las comisarias impunemente “. Por lo mismo, la intención de “judicializar el abuso de poder por parte de agentes del Estado hacia la población civil, que en este caso, es representada por menores de edad”.

En los próximos días se presentará un informe con todas las denuncias de violencia desmedida contra estudiantes secundarios a la corte marcial, con el objetivo de solicitar un Ministro en Visita para la investigación de las acusaciones.

Por Paula Figari Rojas

El Ciudadano