Tortura, muerte y movilización en prisión: Habla interno desde la cárcel

El pasado jueves 16 de octubre, 25 gendarmes fueron formalizados por los delitos de tormentos y apremios ilegítimos (tortura) tras propinar una golpiza a 57 internos de la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua. El hecho fue denunciado en agosto del año pasado y ha salido a la luz pública gracias a un video en donde se puede ver el feroz actuar de los carceleros. Tanto o más brutal resulta otro registro sobre otra golpiza ocurrida días antes que la de Rancagua, donde se observa a funcionarios de Gendarmería haciendo pasar por un callejón de combos, patadas, palos y escupos a un grupo de cerca de 70 detenidos de la cárcel de Calama, luego de un supuesto intento de motín. En este último caso, Gendarmería declaró que se sancionó a 14 funcionarios con distintas medidas disciplinarias y el Ministerio Público será el encargado de investigar lo ocurrido.

Quienes están privados de libertad pueden dar cuenta de que la violencia de los gendarmes contra los internos no es aislada; el problema es que no siempre existe un video para refrendar sus denuncias. “El artículo 6 del Decreto 518 dice que el régimen penitenciario debe velar por la integridad psicológica y física del prisionero, de ser tratado por su primer nombre, un trato digno, libertad ideológica y religiosa, y respetar los derechos humanos, lo cual no es cierto, no se cumple, porque ni siquiera la mayoría –salvo algunos oficiales- lo manejan a cabalidad”, dice “Cristian”, interno de la cárcel El Manzano de Concepción y uno de los voceros de Confrares (Confraternidad de reos y reas sociales).

Es para hacer frente a esta realidad que Cristian junto a otras agrupaciones -como “81 Razones para luchar”, nacida luego de la tragedia de la cárcel de San Miguel, “Horizonte” y “Confrateco”- están impulsando una movilización al interior de los recintos y junto a los familiares de los presos que están afuera. La idea es juntar fuerzas y apoyar la presentación que se hará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de la muerte de los 81 reos de San Miguel, que en Chile terminó con una sentencia absolutoria para los ex gendarmes acusados. “Generar puente entre nosotros y nuestras familias es de vital importancia, ya que el daño de la separación del núcleo familiar es uno de los soportes de la represión impune que se ejerce a diario contra los prisioneros y prisioneras”, dice.

Derechos Humanos, hacinamiento y “trabajo”

Cristian explica que el tema de los abusos contra los internos pasa en gran medida por el mencionado Decreto 518, el reglamento que rige a los establecimientos penitenciarios, y la formación de los carceleros. “En la Escuela de Gendarmería no tienen cursos de derechos humanos o derecho jurídico; es muy poco, algunos oficiales acceden a eso”, explica, y agrega: “Y entre los oficiales existe una lógica que ellos llaman de los ´híbridos’, es decir, que funcionan para cualquier administración del Estado, según el sector de clase que sea. Y las lógicas de quienes están en el poder empoderados son muy represivas”.

Asegura que ni siquiera estamos al nivel de Bolivia en cuanto a hacinamiento. Acá es peor, dice, y hace una analogía entre las condiciones de habitabilidad de los sectores más pobres con la de los presos. “El hacinamiento de los prisioneros de Chile tiene que ver con las lógicas de segregación de las poblaciones de Chile, de la construcción de las mediaguas que pasaron a ser los block ahora, que parecen igual a los módulos de las concesionarias, verdaderas cárceles en libertad, y la injusticia social que se está reproduciendo, la pobreza hereditaria que genera esto”, explica.

Respecto al trabajo, Cristian explica que “existe una situación jurídica y es que tú quedas indigente por estar privado de libertad y por ende el Estado tiene la obligación de generar las instancias físicas y de maquinaria para que te puedas desarrollar”. Sin embargo, asegura, la realidad contrasta con la visión de las cárceles concesionadas que se presenta hacia afuera, donde hay una visión de “emprendimiento” y en la que “inclusive interviene hasta el Presidente de la Sofofa”. “Solo van generando formas de trabajo o de oficios que se enseñan acorde al sometimiento y a mano de obra barata para la calle”, asegura.

Lo que ocurre en las cárceles que aún quedan en manos del Estado no dista mucho de las concesionadas, dice. Allí la artesanía es el fuerte entre los que pueden trabajar y obtener alguna remuneración. Sin embargo, explica que estos trabajos se generan gracias a “gente altruista. No tiene que ver con Gendarmería, sino que con organizaciones religiosas – Paternitas, Caritas u otras no gubernamentales- o gente que tiene una visión mucho más amplia, que va a enseñar otras artes”.

Para Cristian la realidad laboral de los presos tiene una explicación muy simple: “Si el movimiento obrero, los trabajadores en la libertad no tienen ninguna posibilidad de ser insertos dentro de la política económica neoliberal, en la distribución de las utilidades, porque el sector de clase que está en el poder no le permite a los más de 15 millones de chilenos ser partícipes de la distribución igualitaria de las ganancias y utilidades que tiene el Estado, cómo pretenden que un prisionero sea inserto a una sociedad a la cual nunca perteneció… O sea, ¡por favor!” En ese escenario, ni hablar de reinserción. Lo que hay en las cárceles, dice Cristian, es “reproducción de pobreza hereditaria, que genera focos de delincuencia, lumpen”.

“El problema de los prisioneros es tan grave como el del pueblo movilizado en libertad”

Cristian es un sujeto político y desde ahí hace también una reflexión sobre el vínculo de los movimientos sociales con lo que ellos viven en las cárceles. “En la jurisprudencia chilena está más que comprobado que en el tema de justicia es clasista: los derechos de los pobres en las calles y los derechos de los presos no existen”, asegura. Plantea que “hay sectores de la sociedad que sí entienden y hay un sector radicalizado que sí comprende cuál es el rol que cumplen las cárceles, que son campos de concentración modernos bajo otra perspectiva. Así que sí hay cierta empatía hacia la situación de nosotros cuando hemos sufrido situaciones de vulneración de derechos humanos”, asegura.

Sin embargo, apela igualmente “al movimiento popular, al movimiento social antisistema, a los que tienen una mirada mucho más amplia, fuera de los dogmatismos, para generar un movimiento de ciudadanos y prisioneros que tengan una forma de control social con respecto a los recintos penales, para ir aprendiendo y concientizándose respecto a lo que son las reglamentaciones que rigen en Chile”, explica. “El problema de los prisioneros es un problema tan grave como el del pueblo movilizado en libertad”, agrega.

Cristian cree también que es necesaria una posición más crítica entre los estudiantes de Derecho, haciendo un llamado “a tener una visión más amplia, a visitar las cárceles, a comprender cómo es la situación en las cárceles de otros países, a ver cuál es nuestra realidad latinoamericana y, en particular, nuestro país; a la aplicación de la justicia, a cómo se ha ido profundizando el tema represivo en Chile”, dice.

Finalmente, plantea que la necesidad de sumar apoyo en el exterior para visibilizar lo que ocurre al interior de las cárceles, tiene que ver también con la carencia de herramientas políticas y de análisis crítico entre los presos. «Tienes que tomar en cuenta que la ignorancia, la falta de cultura y la pérdida de sentido de clase en los presos impide una visión más amplia respecto a la situación real que les rodea”, explica.

Por Daniel Labbé Yáñez