En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973, la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (OTJ) pidió a la Corte Suprema abrir investigaciones criminales en contra de jueces, por su responsabilidad penal en crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
A través de una declaración pública, los integrantes de la OTJ expresaron siete puntos:
En primer lugar expresaron que piden perdón a la s víctimas de la dictadura cívico-militar por la acción u omisión causada por el Poder Judicial.
Plantearon que durante la dictadura de Augusto Pinochet, el Poder Judicial sirvió como dispositivo, a través del cual, «el poder fáctico civil-militar intentó disfrazar de «legal» su actuación fuera de la Constitución y las leyes de la República , otorgándole una falsa independencia en su actuar»,
Asimismo, recordaron que todos los integrantes de la Corte Suprema de la época dieron su beneplácito e íntima complacencia tanto con el golpe, como con el régimen autoritario conformado por el gobierno de facto e ilegal. siendo «partícipes de lo ocurrido en dichos años».
Al respecto, recordaron que el entonces presidente del máximo tribunal invistió al dictador Augusto Pinochet como presidente de la República el 16 de diciembre de 1974.
En la declaración, también señalaron que en 2013 la Suprema reconoció que «esos atropellos efectivamente ocurrieron durante la dictadura», así como la omisión de jueces de la época, «que no hicieron lo suficiente para investigar las violaciones a los derechos humanos e impedir que siguieran ocurriendo».
Sobre este punto, condenaron que a pesar de que la institución reconociera sus omisiones, no pidió perdón al pueblo chileno.
Por tal motivo, los trabajadores de la OTJ solicitaron a la Corte Suprema, a 50 años del golpe cívico-militar, que «pida perdón institucional a todas las víctimas del terrorismo de Estado, de las desapariciones, torturas y ejecuciones no investigadas oportunamente , de los Habeas Corpus rechazados, como parte de medidas de reparación integral de su indebida actuación».
De igual modo, pidieron al máximo tribunal que se abran las investigaciones criminales en contra de jueces y juezas por su responsabilidad penal en crímenes de Lesa Humanidad, «que por su naturaleza son imprescriptibles y por tanto perseguibles de oficio».
Por último, plantearon la necesidad de que la Corte Supremas establezca «a la brevedad y con carácter de urgencia» un programa de apoyo decidido a las causas de violaciones a los derechos humanos de la dictadura, suministrando recursos y apoyo para que los jueces puedan realizar, con la debida diligencia, las investigaciones y juicios pendientes.
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