Tras la muerte del ex médico de la CNI Manfredo Jurgensen en Argentina, el abogado querellante en el caso del profesor Federico Álvarez Santibáñez -por el que fue condenado Jurgensen- recordó que hay otro represor que debe cumplir condena en esta misma causa que se encuentra prófugo de la justicia.
Se trata de Jorge Octavio Vargas Bories, quien en su calidad de coautor del crimen de Federico Álvarez, fue sentenciado a 10 años de cárcel.
En declaraciones a la Radio Universidad de Chile, el abogado Francisco Bustos señaló que ellos, como parte querellante, ya hicieron la denuncia «de este y otros agentes que incluso llevan más de un año en calidad de prófugos, y respecto de los cuales el Estado chileno debiera tomar medidas mucho más enérgicas».
Recordemos que Manfredo Jurgensen (en la foto de portada) fue detenido el 6 de junio de 2023 en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, cuando trataba de viajar a Alemania, pero luego de su detención tuvo un infarto, quedando en coma inducido, muriendo finalmente el jueves 15 de junio en Buenos Aires.
Sobre el prófugo Jorge Vargas Bories, este ya cuenta con una condena de 7 años por los asesinatos del periodista José Carrasco Tapia y el publicista Abraham Muskatblit Edelstein, perpetrados en septiembre de 1986 por agentes de la Dictadura, en represalia por el atentado contra Pinochet realizado por el FPMR en el Cajón del Maipo.
La información aparece en la base de datos del Programa de Derechos del Ministerio del Interior, donde el prófugo Vargas figura como teniente (r) del Ejército de Chile y ex agente de la CNI, indicándose que ya cumplió condena entre el 19-10-2009 y el 6-11-2014 por los crímenes antes mencionados.
El asesinato de Federico Álvarez Santibáñez
Según consigna el Informe Rettig, el profesor y militante del MIR Federico Álvarez Santibáñez fue detenido el 14 de agosto de 1979 en Santiago por funcionarios de Carabineros.
La versión oficial de la Dictadura fue que se preparaba para colocar un artefacto explosivo, lo cual contrasta con las versiones entregadas por efectivos policiales que participaron en la detención, quienes indican que se lo llevaron por «tirar panfletos».
«Posteriormente, se hacen cargo de su detención funcionarios de la CNI. El 20 de agosto fue conducido por éstos a declarar ante la 3ª Fiscalía Militar. Abogados que se encontraban presentes en ese recinto pudieron apreciar las muy malas condiciones físicas en que se encontraba», se lee en el documento de la Comisión Rettig.
De ahí fue conducido a la enfermería de la Penitenciaría, no accediéndose a llevarlo a un hospital. Al día siguiente falleció en la Posta Central donde había sido llevado de urgencia. Al ingresar se le diagnosticó contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.
«Oficialmente se explicó su muerte como consecuencia de que al ser detenido, un carabinero tuvo que darle un golpe en la cabeza para reducirlo», apunta el Informe Rettig.
«Sin embargo», agrega, «de los antecedentes reunidos, especialmente el sumario llevado a cabo por el Colegio Médico en contra de los facultativos que tuvieron participación en los hechos en donde se indica que la causa de la muerte no se vincula con un posible golpe en la cabeza, la Comisión ha adquirido la convicción de que el profesor Álvarez falleció debido a las torturas recibidas mientras permaneció detenido en un cuartel de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales».
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