Tres ex funcionarios de la Dina y CNI despedidos del Ministerio de Defensa

El nuevo ministro de Defensa, Andrés Allamand, anunció la desvinculación de tres asesores de su cartera, relacionados a las operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y la Central Nacional de Inteligencia (CNI). Se trata de Alejandro Romero Peragallo (CNI), José Pérez Manríquez (CNI) y Orlando Carter Cuadra (Dina), yerno del general en retiro Manuel Contreras.

A través de un comunicado, se confirmó que los tres funcionarios pertenecientes al Ministerio de Defensa –cuyo pasado es vinculado a los servicios de policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet– dejaron de cumplir sus funciones a contar del recién pasado 31 de enero.

La iniciativa respondería a las órdenes expresar del ministro Andrés Allamand, quien decidió acoger las peticiones de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), después de que éstos exigieran la destitución de todos los individuos con vínculos a las prácticas represoras del régimen militar. Según lo informado en el documento que circuló por las oficinas del Ministerio, lo anterior obedecería a una “nueva política de personal”, instaurada por Allamand.

“Pareciera ser que Andrés Allamand está realizando una serie de gestiones al interior de las Fuerzas Armadas que hasta ahora parecen positivas”, declaró Mireya García (en la foto),  vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). “Habla bien de lo que se está haciendo”.

Los asesores destituidos fueron contratados por la Subsecretaría de Defensa, institución a cargo del ex Jefe del Ejército, Óscar Izurieta. Es por ello que, en una conversación con Radio Cooperativa, el diputado Víctor Gutiérrez (Partido Comunista), señaló que “hay una responsabilidad clara de Izurieta en las contrataciones de estas personas, y él debería hacerse cargo de estas destituciones. La responsabilidad del mando está clara”.

JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO ES UN EX CNI

En el marco de los despidos comunicados durante la mañana de ayer, una nueva polémica remece al Ministerio de Defensa. Se trata del general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, quien reconoció su participación en la Central de Inteligencia Nacional durante el mando de Augusto Pinochet.

El general Castro prestó declaración judicial en la investigación de la masacre de 22 campesinos en Paine -ocurrida en 1973- donde reconoció que prestó sus servicios durante tres años al cuartel de la CNI.

Actualmente, Castro se dedica a firmar los documentos que el Ejército envía a la justicia para documentar la participación de uniformados en delitos ocurridos durante la dictadura militar, cosa que indigna a los líderes de grupos por la defensa de los derechos humanos.

“Nosotros hemos señalado muchas veces situaciones gravísimas vinculadas a violadores de derechos humanos y en muchas ocasiones se relativiza esta situación. En el caso de Castro y de muchos otros casos, hemos dicho que quien perteneció a los aparatos represivos de la dictadura jamás puede ser tratado con el criterio de la presunción de inocencia. No estoy cometiendo una aberración jurídica, lo que estoy diciendo es que quien perteneció a la Dina o la CNI, a aparatos represivos de un Estado terrorista, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes”, señaló Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La Dina y su institución sucesora, CNI, son los organismos acusados como responsables de las numerosas desapariciones y muertes tras el Golpe Militar, ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano