El Juzgado de Garantía de Rancagua dictó la medida cautelar prisión preventiva contra tres de los detenidos por el caso de secuestro del empresario Rudy Baualdo, quien fue liberado durante la mañana de este viernes en San Fernando.
Los acusados corresponden a tres extranjeros, de los cuales dos son ciudadanos venezolanos y uno es colombiano, todos con domicilio en la Región Metropolitana. Los sujetos con edades de 23, 25 y 26 años, se encontraban a bordo de un automóvil que habría estado involucrado en el asalto a la empresa Haise, que terminó con el secuestro.
Los imputados cursan los delitos de secuestro agravado extorsivo, conducción con patente adulterada, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia de munición y sustracción de teléfono con intimidación.
Renunciaron a su derecho a guardar silencio para entregar los primeros antecedentes a Carabineros, pero aún no lo han hecho con el Ministerio Público.
De todos modos, estos no serían lo únicos involucrados en la captura de la víctima, por lo que se espera que se roduzcan más detenciones.
Desde la defensa de los imputados se indicó que evaluarán apelar para que accedan a una medida cautelar menos gravosa.
El juzgado estableció seis meses de investigación para este caso y los presuntos involucrados deberán cumplir la prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago.
Cabe recordar que Basualdo se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles, luego de su secuestro en una fábrica de su propiedad.
Los presuntos responsables llegaron a mano armada y a rostro cubierto a las 13.00 horas de esa jornada a la empresa de estructuras metálicas Haiser, en una parcela del sector de La Gonzalina, lugar en el que intimidaron alrededor de 15 trabajadores.
Los tres fueron detenidos el mismo miércoles. Los delincuentes se movilizaban en dos vehículos. En uno de ellos se llevaron al empresario. El otro fue donde los sujetos fueron capturados por Carabineros en San Fernando.
Según las investigaciones, habrían solicitado $80 millones para el rescate de la víctima, el cual fue pagado tal y como informó la ministra de Interior, Carolina Tohá.
«Se pagó un rescate, fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos, porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada. Aunque haya elementos que permitirían actuar de otra manera, siempre se prefiere un mecanismo que asegure las mejores condiciones para rescatar sana y salva a la persona afectada», señaló.
Por su parte, el abogado defensor Leonardo Díaz señaló que sus representados no conocían a la víctima y habrían colaborado con la investigación policial del caso.
“Los imputados formalmente no han prestado declaración ante el Ministerio Público ni ante el Juzgado de Garantía. Sin embargo, sí tomaron contacto con funcionarios policiales y renunciando a su derecho a guardar silencio dieron antecedentes”, dijo.
Indicó que «hay una posibilidad de varias circunstancias de atenuantes y una de ellas dice relación con la colaboración con datos que pudieron haber sido bastante relevantes”.
Investigación continuará hasta dar con todos los responsables del secuestro
El fiscal nacional Ángel Valencia afirmó que la investigación continuará hasta dar con todos los responsables del secuestro al empresario Rudy Baualdo.
«Esta investigación se encuentra en curso, va a seguir avanzando y no va a concluir hasta que se dé con el paradero y se pueda presentar ante la Justicia y luego obtener condena en contra de los autores de este delito y no vamos a detenernos en aquello», destacó.
«Hay tres personas que ya se encuentra en prisión preventiva. Al resto, los vamos a seguir buscando con el objeto de presentarlos ante la Justicia y solicitar a Tribunales y obtener en definitiva que sufran las penas más severas», comentó.
Ángel Valencia añadió que «no solo vamos a seguir trabajando, sino que también vamos a seguir trabajando coordinadamente. Si ellos están organizados, nosotros vamos a estar más organizados y vamos a ir por ellos cono todo lo que tenemos. Nosotros vamos a ir por ellos con Carabineros, con apoyo del Gobierno, vamos a ir con la PDI, cuya ayuda también en este proceso también reconocemos y agradecemos, y con todos los demás servicios del Estado que están a cargo de la persecución penal o de la aplicación de las penas».
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