Durante la jornada de este lunes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revisó la solicitud de modificación de las medidas cautelares impuestas al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
En esta revisión, el tribunal rechazó los recursos interpuestos por la defensa del exjefe comunal y resolvió mantener el arresto domiciliario total que fue decretado en septiembre pasado.
En la audiencia, los abogados de Jadue solicitaron al tribunal modificar el arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno de 12 horas, pero la petición fue revocada, manteniendo la medida que obliga al militante comunista a permanecer confinado en su domicilio en La Reina.
La defensa, integrada por Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, argumentaron que la solicitud se fundamentaba no solo en el tiempo transcurrido, sino que también en que habrían surgido nuevos antecedentes que “atenuarían considerablemente” lo referente a la necesidad de cautela.
Además, los juristas pidieron cambiar la firma quincenal por mensual, lo que finalmente fue admitido por el Juzgado de Garantía.
Cabe recordar que Daniel Jadue estuvo tres meses en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber. Sin embargo, el pasado 2 de septiembre, la jueza del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, Paula Brito, acogió la solicitud de su defensa y reemplazó la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, con prohibición de contacto con coimputados y arraigo nacional.
Por ahora, el exalcalde de Recoleta deberá continuar cumpliendo con el arresto domiciliario total, mientras avanzan las investigaciones.
La semana pasada, varias organizaciones internacionales de abogados, jueces y juristas extranjeros y chilenos manifestaron su preocupación por la seguridad personal y situación judicial del ex jefe comunal, la cual califican de Lawfare – guerra jurídica, política y mediática –.
A través de una declaración públican plantearon que «Jadue es víctima de una verdadera operación política y judicial que incluye faltas al Debido Proceso, prisión preventiva y arresto domiciliario como medidas cautelares abusivas que son consideradas como pre condenas, y un aparato de persecutores coludidos con cadenas de farmacias, poderosos actores políticos y empresariales».
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