Un gesto real de fortalecimiento democrático en Chile

Las próximas elecciones son particulares. Nunca antes habían competido dos hijas de Generales por la presidencia de Chile. Ante esto, uno no puede evitar pensar en el golpe de Estado. Visto desde el exterior, sorprende que tras 40 años y luego de la publicación de los informes Rettig y Valech, exista una candidata – con opciones a ganar la presidencia- que  hace poco luchaba por la liberación de Pinochet en Londres y que en el pasado reciente se manifestó a favor de extender el gobierno del dictador por seis años más.

En este contexto, las elecciones del 15 de diciembre poseen un carácter singular, sobre todo para los ciudadanos/as víctimas de persecución política que tuvieron que asilarse en el exterior para salvar sus vidas.

Evelyn Matthei lamentablemente no representa una derecha moderna, ni democrática, que haya deslindado aguas con el gobierno autoritario, sino que encarna la incapacidad de aprender del sufrimiento y de las injusticias vividas por la sociedad chilena en su conjunto y las víctimas de la dictadura en especial. Nos encontramos ante una derecha que considera la democracia como un medio y no como un fin. Un medio para seguir existiendo políticamente sin la necesidad de asumir como propios, más allá de la retórica, los valores propios de un Estado de derecho fundado en el respeto de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. No obstante, tras 20 años en el poder, es necesario responsabilizar también a la Concertación y a los partidos que la conformaban, por éste déficit democrático. Desde afuera parece que estas elecciones, como cualquier otra desde el fin de la dictadura, sólo han sido un mecanismo para mantener la distribución actual del poder político sin que se asuman las garantías individuales como el derecho a la educación, a la salud o al voto como propios, más allá del discurso. Sólo desde este panorama es posible comprender la exclusión fáctica del ejercicio del derecho a voto de todas las personas que sufrieron el  exilio y que aún residen en el exterior.

Hablo de exclusión fáctica, porque la Constitución no supedita el derecho a sufragio a la residencia en el territorio nacional, sino que establece expresamente los supuestos que justifican una suspensión o  pérdida de este derecho (Art. 16 y 17). La residencia en el exterior no forma parte de ninguno de estos supuestos. El Servicio Electoral tiene y tenía el deber constitucional de crear un sistema que permita que las y los chilenos residentes (o viviendo por un período) fuera del territorio nacional, puedan ejercer su derecho a participar en las elecciones.

En relación a la participación política, la constante vulneración de las garantías constitucionales sufrida durante los años de la dictadura, siguió reproduciéndose en la mal llamada época de “transición democrática”. Muchos exiliados que en su momento fueron perseguidos, torturados y maltratados por sus ideas, aún no las pueden expresar en las votaciones populares de Chile. Hoy día esta exclusión se asemeja a  una venganza tardía del dictador y de los otros generales que respaldaron la  usurpación violenta y criminal del poder.  

Hasta la fecha, todos los Proyectos de Ley presentados para hacer efectivo el derecho a voto de los chilenos en el exterior han fracasado (2005, 2009 y 2011) y los partidos de derecha, en particular la Unión Demócrata Independiente, se han opuesto a legislar a fondo sobre esta materia de manera sistemática. Lo peculiar es que, de acuerdo a la supremacía de la Constitución, solo se requiere de una interpretación constitucional para  se habiliten mesas de sufragio – u otro mecanismo para emitir el voto- desde el exterior, sin que exista la necesidad de reformar la legislación.

Es la cultura jurídica, anclada en un positivismo decimonónico, la que ha impedido que el derecho a voto de todas las y los chilenos en el exterior se haga realidad. En otras palabras, para hacer efectivo el derecho de voto de los residentes en el extranjero no es necesario operar cambios legislativos, se trata simple y llanamente de una cuestión de voluntad política.   

Chile es un país en situación de post-fractura social. Es justo en estas sociedades que es común, una vez recuperada la paz social, las elecciones sean usadas como un medio para repatriar a los refugiados y reintegrarlos a la vida del país. Se piensa que el proceso electoral puede contribuir a reunificar – en torno a instituciones comunes-  a una sociedad  dividida por un conflicto, al incorporar a la arena política a las víctimas del terrorismo de Estado. El proceso de registro en el padrón electoral puede ser el primer paso para restablecer la identidad política de los individuos, el paso siguiente es la participación activa en la vida política de su país. Este es un acto solemne que refrendaría  una verdadera y democrática reconciliación nacional, tan a menudo reducida a meros discursos retóricos sobre el olvido y el perdón.

Después de 25 años de transición hacia la democracia, habría que constatar que Chile aún no ha dado los pasos necesarios para un efectivo fortalecimiento de su “comunidad nacional” como tal. Esta falencia se torna más evidente ante las opciones políticas que se presentan en la segunda vuelta electoral. Es de esperar que se logre acabar con el repertorio de resabios autoritarios aún tan vigentes en Chile, en beneficio de todas y todos sus ciudadanos, facilitando el voto en el exterior. Por todo ello, establecer el derecho a voto a los chilenos residentes en el extranjero, exiliados o no, supondría un gesto contundente de fortalecimiento democrático.

Jörg Stippel

Abogado alemán

Doctor en derecho de la Universidad de Bremen