Un paso en la tarea de desmontar el golpismo paraguayo

La huelga de hambre de los presos de Curuguaty

Alcides Ramírez, Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería y Luis Olmedo

Por más de un mes y medio, la huelga de hambre de los presos políticos de Curuguaty, estuvo silenciada, oculta, negada y ninguneada por la prensa comercial masiva del Paraguay. Recién el lunes 19 de noviembre, la entrega pública de un informe médico realizado por dos médicos solidarios, ayudó a romper el bloqueo mediático que el gobierno de facto había consensuado con la prensa comercial. Los medios recogieron el dato de la gravedad del estado de los huelguistas y pusieron en jaque la estrategia del Gobierno de “invisibilizar” la huelga y la demanda de libertad y justicia que hacen los presos.

Los días anteriores, la presión social y el esfuerzo de familiares y gente solidaria con la libertad de los 12 campesinos y campesinas presas, había logrado revertir algunas situaciones que afectaban a los cuatro huelguistas de hambre que seguían, como la mantención en cárcel de Lucía Agüero quien, finalmente, debido al shock en que había entrado, fue derivada al hospital de la ciudad de Coronel Oviedo junto a los otros tres presos en huelga de hambre: Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Luis Olmedo. Hasta el día 23 de noviembre, la huelga de hambre duraba 59 días en el caso de dos de ellas y 57 en el caso de las otras dos. Habían logrado poner en jaque al discurso que acusa a los campesinos de ser quienes emboscaron a la policía el 15 de junio de 2012 en Curuguaty. Ese discurso, que los hechos desmienten (una emboscada donde mueren más emboscadores que emboscados; la negativa de la investigación fiscal a considerar víctimas a los 11 campesinos muertos ese día y, al mismo tiempo, el celo con que la Fiscalía presenta mediáticamente a los policías como únicas víctimas), había sido impuesto entre la ciudadanía.

La masacre de Curuguaty es el modo en que intenta resolverse el problema de la tierra en Paraguay, donde el latifundismo monocultivador -basado en plantaciones de transgénicos- intenta imponerse frente a un campesinado pobre en lucha por la tierra, la que fraudulenta y mafiosamente ha caído en manos de grandes empresarios agrícolas que expulsan a los campesinos en connivencia con el aparato policial, judicial y parlamentario. Las tierras de Marina Cue, que los carperos -este nuevo movimiento de sintierras-, habían ocupado, son sólo dos mil hectáreas de un total de 7.851.295 hàs que de acuerdo a la Comisión de Verdad y Justicia han sido entregadas a empresarios agrícolas con claras faltas a la legislación agraria paraguaya. Esas más de siete millones de hectáreas constituyen lo que se conoce como “tierras malhabidas”.

La inclaudicabilidad con la cual los 12 presos sostuvieron la premisa de su libertad e inocencia, los datos irrefutables que entregó la investigación realizada por la defensa y el apoyo que obtuvo la huelga de hambre, colocó al gobierno golpista de facto en una situación compleja. En las ciudades de Asunción, Coronel Oviedo y Curuguaty marchas, manifestaciones y acampadas se sucedieron sin descanso para presionar por la libertad de los 12 campesinos presos. Estas manifestaciones, en especial la Vigilia Social Permanente que se había instalado en la ciudad de Asunción, con una acampada ocupando la calle frente al edificio del Ministerio Público, concitaron el apoyo ciudadano ante el cual el gobierno golpista reaccionó con una brutal represión la madrugada del jueves 22 de noviembre, en Asunción y Curuguaty. La represión quiso reinstalar el miedo que había tras la matanza de Curuguaty y el golpe de Estado parlamentario.

Esa misma madrugada, intentando descomprimir la situación y controlar más estrictamente a los huelguistas, el Gobierno trasladó a los presos en huelga de hambre desde el hospital de Coronel Oviedo hasta uno de alta complejidad en la ciudad de Itagua, cercana a Asunción. La defensa de los presos había presentado muchas acciones jurídicas para revertir la prisión y presión a la que los 12 están sometidos. Ninguna de esas acciones había sido aceptada, pero días previos al 23, el fiscal a cargo de la investigación, Jalil Rachid, había dado a entender que podría dar prisión alternativa a los huelguistas, en una clara muestra de los efectos de la movilización social.

El 23 de noviembre, a mediodía, el juez dictó la prisión domiciliaria para los huelguistas. La noticia si bien les emocionó y alegró, no les hizo perder el objetivo y esperaron hasta que uno de los abogados de la defensa les comunicara oficialmente la noticia para tomar la decisión de levantar o no la huelga de hambre. Esta decisión la tomaron recién a las seis de la tarde de ese día, levantando la huelga de hambre para seguir la lucha por la liberación por otros medios.

Hasta hoy, siguen internados los cuatro huelguistas. Están acompañados por la ‘Articulación x Curuguaty’, el conglomerado de organizaciones, redes e individualidades que luchan por la libertad de los presos. En el hospital de Itagua, los presos volvieron a estar juntos. Eso les animó, tanto como el acompañamiento que reciben por parte de médicos, abogados, sicólogos y gente solidaria con ellos y sus familias. Allí la situación no es ajena a la represión, que toma formas particulares: insistentes llamados a que abandonaran la huelga por parte de funcionarios, policías, directivos, auxiliares; vigilancia excesiva todo el tiempo, restricciones a las visitas de la familia y, en contraste, ninguna restricción para el paseo de policías a cualquier hora interrumpiendo el descanso de los compas; el aire acondicionado puesto muy frío les hace gastar las pocas energías que tienen en entibiar el cuerpo; la policía pone dificultades a las visitas de médicos externos; les sacaban sangre seguido para exámenes, debilitándoles más. A los familiares la policía les controla permanentemente.

El gobierno golpista intentó deshacerse de la responsabilidad si es que moría alguno de los huelguistas, vinculando a organismos internacionales como la Cruz Roja en el intento de alimentar forzosamente a los huelguistas, acallando o descalificando las voces que exigían un gesto humanitario de su parte para resolver la crisis. Finalmente, de manera burda, el Gobierno intentó presentar la resolución judicial solicitada por la defensa como un “gesto humanitario”.

El escenario sigue siendo complejo, tanto por la situación de salud de los cuatro, como por el escenario político donde el gobierno golpista volvió a usar la represión policial para frenar el apoyo popular a la libertad de los presos y, sobre todo, a la investigación imparcial de los sucesos de Curuguaty, respecto a los cuales el convencimiento popular es que las cosas no son como las explica la Fiscalía, por ello se instaló socialmente la pregunta ¿Qué pasó en Curuguaty?

 Por Pelao Carvallo

(desde Asunción)

El Ciudadano Nº 137, primera quincena de diciembre 2012