Una carta de Chomsky y sus respuestas para entender el movimiento huelguista de los Ex Presos Políticos

A continuación presentamos tres cartas que tienen relación con la huelga de hambre que realizaron por más de 50 días los ex presos políticos, con el fin de hacer oír sus demandas al Gobierno. Los huelguistas eran personas mayores de 60 años, que aunque sufrían enfermedades y no se presentaba a corto plazo una solución, se mantuvieron firmes en su lucha, que aún no termina, ya que sus demandas aún no han sido escuchadas.

Esta primera carta fue enviada por Noam Chomsky a la Presidenta de la República Michelle Bachelet

Estimada Presidenta Bachelet,

Me permito expresarle mi profunda preocupación respecto a la salud de los ex prisioneros políticos en huelga de hambre y sus demandas de justicia y reparación según la ley internacional –demandas que no han sido resueltas de ninguna manera satisfactoria un cuarto de siglo después que Chile retornara a la democracia. Sinceramente espero que Ud. y sus nuevos Ministros respondan a sus legítimas demandas y eviten poner en riesgo sus preciosas vidas, las cuales deben ser honradas y respetadas como vivos testimonios de las atrocidades de la dictadura militar chilena.

Sinceramente,

Noam Chomsky

13 de mayo de 2015

A la carta de Chomsky, no respondió la Presidenta. En su lugar, lo hizo el Subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy,

Estimado Sr. Chomsky,

Junto con saludarlo, informo a Ud. que desde Presidencia su carta ha sido derivada a esta Cartera, por tratarse de una materia de su competencia. La revisión de las leyes de reparación ha sido una demanda sentida de las agrupaciones, y que formando parte del Programa de gobierno, se está ejecutando a través de una Mesa de Trabajo. Esta instancia se forma a raíz del acuerdo firmado el día sábado 23 de mayo con dirigentes de ex presos políticos, que se encontraban movilizados a lo largo de Chile, concretado en el documento que se adjunta.

Este contempla la creación de una Mesa de Trabajo de Alto Nivel abocada a encontrar soluciones que permitan dar respuestas definitivas a las demandas de las víctimas Valech, además del envío de un “proyecto de ley corta” para la entrega de un aporte reparatorio.

El día viernes 29 se efectuó la primera sesión de la mesa presidida por el Obispo de Rancagua Monseñor Goic, e integrada por la subsecretaría del Ministerio General de la Presidencia, Patricia Silva, etc etc   el Comando Unitario de Ex presos políticos y la Comisión Negociadora que representan a los ex huelguistas de hambre. Este encuentro se desarrolló de forma exitosa, al igual que los encuentros siguientes, los días viernes 05 y 12 de junio.

El Gobierno tiene la firme convicción de que a través del diálogo, se lograrán encontrar las fórmulas para una adecuada reparación a quienes sufrieron prisión política y tortura durante los años de dictadura. Por este motivo, ha reiterado la invitación a no están participando de esta instancia, de manera de que todos los sectores se encuentren representados y formen parte de la solución,

Sin otro particular, saluda atentamente,

Mahmud Aleuy

ss del interior

18 de junio de 2015

Tras concluir la huelga, el Comité de los Ex Presos Políticos en Huelga de Hambre, hace unos días difundió la siguiente Carta Abierta a Chomsky, donde exponen su frutración con todo lo ocurrido durante el proceso que han vivido los últimos meses, intentando ser oídos por el Gobierno

Estimado Sr. Chomsky,

Queremos, en primer lugar, hacerle llegar nuestro más sentido agradecimiento por la carta que dirigió a la presidenta Bachelet durante nuestra huelga de hambre el 13 de mayo de 2015. En ella, ud. intercede por nosotros y pedía que la presidenta respondiera a nuestras demandas y evitara poner en riesgo nuestras vidas.

Hoy, ya finalizado el movimiento, hemos tomado conocimiento de la respuesta de la presidenta Bachelet, que fue derivada al subsecretario Aleuy y, lamentablemente, constatamos que la presidenta Bachelet ni siquiera se ocupó personalmente de responderle a Ud., como tampoco jamás tuvo la intención de recibirnos ni de responder a nuestras demandas.

No es un detalle menor que Ud. escribiera con fecha 13 de mayo y el Sr. Aleuy le respondiera con fecha 18 de junio, es decir más de un mes más tarde, período de tiempo en que nuestra huelga de hambre se mantenía en 14 ciudades de Chile.

Afirma el Sr. Aleuy que existe una mesa de trabajo constituida el 30 de mayo, conformada por personalidades de gobierno y de los ex presos políticos que levantaron la huelga de hambre, y que lleva ya tres sesiones exitosas hasta el 12 de junio.

Finaliza su carta diciendo que “El Gobierno tiene la firme convicción de que a través del diálogo, se lograrán encontrar las fórmulas para una adecuada reparación a quienes sufrieron prisión política y tortura durante los años de dictadura.”

El párrafo final revela un lapsus del subsecretario, pues en filigrana invita a los ex presos políticos que no participan de la mesa esperando que “todos los sectores se encuentren representados y formen parte de la solución”.

Maliciosamente el Sr. Aleuy desinforma y trata de aparentar una normalidad en la relación

gobierno con ex prisioneros políticos, puesto que, según él, la huelga se levantó y se está trabajando en una solución definitiva para las víctimas de prisión y tortura, en conformidad al programa de Gobierno en materia de Derechos humanos.

Nada más lejano a la realidad. La huelga sólo se suspendió en un par de ciudades: Rancagua y Valparaíso (una de las dos). Durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015 se mantuvo el movimiento huelguístico, primero en 18 ciudades y luego se fue reduciendo hasta permanecer en 4 ciudades, Iquique, Valparaíso, Santiago y Punta Arenas, suspendiendose el movimiento en las tres primeras ciudades el 9 de julio de 2015.

¿Por qué se mantuvo el movimiento? Sr. Chomsky, permítanos explicarnos.

LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

La transición a la democracia iniciada en el año 1990 con el gobierno de Aylwin, si bien dejó atrás 17 años de dictadura pinochetista, mantuvo la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante ella. En primer lugar mantuvo al general Pinochet al mando del ejército, la vigencia de la Constitución dictatorial de 1980 y no liberó a los prisioneros políticos que permanecieron tras las rejas.

Esta “transición”, en realidad se hizo entregando todas las garantías que la dictadura exigió, en particular la impunidad de los militares, la mantención del esquema neoliberal de la economía, el respeto al estatuto del inversionista extranjero que asegura la repatriación del 100% de las utilidades de las empresas extranjeras, la prescindencia del Estado en materia económica y mantener una serie de mecanismos constitucionales que aseguran la imposibilidad de modificar la Constitución, como el tribunal constitucional y el sistema de elección binominal del parlamento.

Los ex presos políticos, una vez recuperada la democracia en Chile, no han sido indemnizados en conformidad a la legislación internacional correspondiente suscrita por el Estado de Chile. Lo que han recibido (muy tardíamente, a partir de 2005) son modestas medidas de rehabilitación en el plano pensiones, para quienes carecían de toda previsión, de salud en un programa sanitario destinado a los indigentes y de una beca de estudio para finalizar estudios o derivarla a un único hijo o hija. Esta beca es importante pues la educación chilena es mayoritariamente privada y costosa.

En base a estos tratados Chile se comprometió a legislar para adaptar la legislación nacional a la legislación internacional y a cumplir las normativas del derecho internacional humanitario que toman rango constitucional y, por tanto, los tribunales deben aplicarla en reemplazo de la legislación nacional cuando corresponda.

Después de 25 años, los prisioneros sobrevivientes de la dictadura aún esperan que el Estado chileno cumpla sus compromisos, pero la Concertación en el gobierno ha sido fiel a los acuerdos de la transición, manteniendo vigente el Decreto de Amnistía que Pinochet otorgó a los criminales en materia de violaciones a los derechos humanos y el delito de tortura aún carece de existencia en el Código Penal chileno.

El Derecho Internacional humanitario es claro, en particular la reciente resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU del 18 de diciembre de 2013, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes estableciendo en su punto 23 que:

“Exhorta a los Estados a otorgar un resarcimiento a las víctimas de la tortura y otros tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes, que abarque un recurso efectivo y una reparación adecuada, efectiva y rápida, la cual debe incluir la restitución, una indemnización justa y adecuada, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición, teniendo plenamente en cuenta las necesidades específicas de la víctima;

En 1988 se ratificó y promulgó por Chile la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, tratado internacional de derechos humanos. Cabe destacar el artículo 14 de la Convención que ordena:

“Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.

Esta es la base en derecho que sustenta las movilizaciones de los ex prisioneros políticos, que cansados de esperar y de no ser jamás recibidos por la presidenta Bachelet en ninguno de sus dos gobiernos se sintieron obligados a organizar una huelga de hambre.

El señor Aleuy afirma que a través del diálogo se encontrarán fórmulas para una adecuada reparación a los prisioneros políticos de la dictadura. Es decir, en 25 años transcurridos desde el retorno a la democracia, el Estado y el gobierno de Chile nunca quiso dialogar para encontrar las fórmulas adecuadas a la reparación. En otras palabras, nunca se tuvo la intención de reparar, al contrario lo que se hizo fue ocultar la existencia de las víctimas de la dictadura para no inquietar a las Fuerzas Armadas, garantes de la constitución pinochetista y del modelo económico aún vigente en Chile.

Ricardo Lagos, quien realizó algunas reformas estéticas a la Constitución de Pinochet, declaró muy suelto de cuerpo, que ahora la Constitución chilena era democrática y la firmó. Lamentablemente esa no es la realidad y hoy día en el propio programa de la presidenta Bachelet hay un capítulo destinado a cambiar la Constitución de 1980 por una NUEVA constitución.

Los prisioneros políticos de la dictadura fueron reconocidos recién a fines del año 2004, como reacción o respuesta a una maniobra de la derecha chilena que se reunió con familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en el Norte el país y ofreció su colaboración para esclarecer la suerte de sus deudos.

La reacción del gobierno de la Concertación fue de organizar una comisión de hombres buenos integrada por personalidades de izquierda y de derecha, presidida por un obispo, que se preocupó, con medios escasos y sin publicidad de hacer un censo de los ex prisioneros y de calificarlos en virtud de criterios propios a ella, que exigía entre otras cosas haber permanecido preso en un recinto militar durante al menos 5 días corridos y haber sufrido vejámenes.

No se admitió como prueba suficiente la propia declaración de la víctima, que generalmente carecía de documentos o de testigos que afirmaron sus declaraciones. Sí se entregó valor probatorio a las diligencias judiciales que la Iglesia Católica, a través de la Vicaría de la solidaridad, hizo por ellos.

La cifra de prisioneros durante la dictadura nunca ha podido ser establecida oficialmente porque los militares y policías ocultaron y destruyeron todos los archivos. Las organizaciones de derechos humanos operaron sólo en las grandes ciudades y en las regiones su labor fue muy escasa o inexistente. Sin embargo la cifra de 70.000 detenidos es retenida como la más probable. La comisión de calificación que ha operado dos veces ha llegado a establecer 38.000 personas y ha denegado esa calidad a otras 22.000.

LA MESA DE TRABAJO DEL SEÑOR ALEUY

El señor Aleuy afirmó que existe una mesa de trabajo y un acuerdo que adjunta en su carta, pero nosotros cuestionamos ese acuerdo por diversas razones, en lo particular:

Por cuanto en el mismo no hay compromiso real del gobierno de cumplir con los acuerdos a que llegue esa mesa. El único punto que parece será cumplido es el de otorgar un bono de fin de huelga de un valor de $US 1.500 a los beneficiarios de la ley 19.992, es decir a los ex prisioneros reconocidos oficialmente.

Los miembros de la mesa fueron cooptados directamente por el gobierno y entre ellos colocó representantes de ex prisioneros que no sólo no participaron del movimiento de huelga de hambre, sino que se opusieron al mismo. Los representantes del gobierno carecen de toda jerarquía y de la calidad necesaria para tomar decisiones y resolver a nombre del gobierno: sus propuestas las entregan con carácter de ultimátum y su mezquindad sólo provocan indignación.

Los acuerdos a que se llegue tendrán calidad de proposición para que el gobierno estudie y establezca si es necesario legislar o disponga alguna medida administrativa. No hay mecanismo alguno de participación de los ex prisioneros políticos en la elaboración de esas medidas o en su cumplimiento.

Finalmente por la desconfianza en el cumplimiento de dichos acuerdos, pues los años de espera y tramitación nos han enseñado a no confiar en las promesas del gobierno. Para nosotros, la oferta de esa mesa de trabajo del señor Aleuy, no era más que una argucia para detener el movimiento huelguístico y nunca se tuvo la voluntad política de cumplir con el compromiso del Gobierno.

Es por ello que la inmensa mayoría de los huelguistas decidió oponerse al acuerdo y a no participar en dicha mesa de trabajo, de alto nivel, según el señor Aleuy. La huelga duró más de 80 días y la presidenta Bachelet permaneció inmutable y sorda a nuestros requerimientos.

Cuando la actual presidenta fue elegida por segunda vez con una gran mayoría de votos, mayoría que también alcanzó su alianza política en el parlamento, pensamos que siendo ella y su madre víctimas también del terrorismo de Estado, habíamos logrado que alguien de nuestro campo se instalara en La Moneda. Sin embargo, su actitud de ignorar nuestra huelga de hambre es más cercana a la que tuvo Margaret Thatcher con Bobby Sands, que a la de una militante socialista y ex funcionaria de la ONU Mujeres.

Frente a esta realidad nuestro Comité Nacional de huelga de Hambre declaró públicamente el 9 de julio:

Considerando que nuestro movimiento ha superado los 88 días desde su inicio el 13 de abril pasado,

Que hemos logrado concitar un vasto movimiento de solidaridad a nivel nacional e internacional con las huelgas desarrolladas en 18 ciudades,

Que el gobierno se ha negado sistemáticamente durante estas 12 semanas a recibir a los delegados de la huelga,

Que la mesa de alto nivel a la que el gobierno tanto ha insistido en invitarnos no tiene poder vinculante y por tanto sus resoluciones carecen de compromiso real de cumplimiento,

Hemos decidido solicitar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Ginebra enviar un Relator a Chile con el fin de investigar el cumplimiento por parte del Estado de Chile de los compromisos y tratados internacionales suscritos por el mismo, en particular la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Se ha intentado levantar en el exterior una imagen idílica de transición a la democracia que se ganó gracias a un lápiz y un papel, como ha afirmado Ricardo Lagos, pero esa nunca fue la realidad. La transición fue resultado de una lucha de 17 años en la que se sufrió mucho, miles de chilenos fuimos encarcelados y torturados, asesinados o hechos desaparecer y a los sobrevivientes de esa lucha hoy día se desconoce su valor y su dignidad ganada con su propia sangre.

Señor Chomsky, nos hubiera encantado poder finalizar esta carta con noticias más positivas, pero este recuento le permitirá discernir la triste realidad de los ex prisioneros políticos de la dictadura de Pinochet en Chile.

Hoy sentimos que hemos terminado una etapa en nuestra lucha, nuevas etapas vendrán, nuestro movimiento ya no está tan aislado y ha logrado instalar nuestras reivindicaciones en la agenda política y social de Chile y un amplio espectro de organizaciones sociales de base nos acompañan.

Señor Chomsky cuando existen personas como Ud. que se conmueven de nuestros padecimientos, sentimos que estamos menos solos y que nuestra lucha es legítima y válida, porque ella es por la dignidad humana.

COMITÉ NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE DE CHILE

17 de julio 2015