Los decretos de emergencia social, los supuestos acuerdos con bandas delictivas, las ‘recompensas’ a estudiantes a cambio de información y la entrega de ‘subsidios’ del Estado a ganaderos millonarios, son parte de los escándalos que ha protagonizado el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe. (ABN)
La revista colombiana Semana publicó el pasado viernes 12 un reportaje en el que enumera los ‘siete reveses’ de la administración de Uribe, en el que también se mencionan los vínculos del gobierno colombiano con los paramilitares, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y la campaña desleal que ha hecho el actual mandatario para solicitar su reelección a través de canales públicos y privados.
En suma, las últimas decisiones de Uribe han configurado una “Semana Negra”, como la define la publicación, que le resta puntos a su gobierno justo en la última etapa de la carrera por las curules en el Congreso y por ocupar el solio de Bolívar.
Semana afirma que “el Gobierno no las tiene todas consigo y, por el contrario, da pasos en falso, a la vez que no atina a formular propuestas de solución a los problemas”.
Con respecto a los decretos de emergencia social, la revista considera que los mismo “parecen improvisados”.
“La salida en falso más protuberante del Gobierno fue la emisión de un decreto para castigar a quienes ordenaran medicinas y tratamientos que no estuvieran incluidas en el Plan Obligatorio de Salud. El hecho fue interpretado como un ataque a la autonomía de los médicos y provocó el rechazo generalizado a los decretos de emergencia social, por cuenta de médicos, asociaciones de pacientes, opositores del gobierno, usuarios de la salud, e incluso de algunos uribistas”, afirma Semana.
De igual forma, se mencionan las denuncias esgrimidas por el candidato presidencial del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien aseguró que las medidas del gobierno fueron asesoradas por la compañía beneficiaria final de la emergencia.
Por otro lado, tras la suspicacia que generó el hecho de que en la ciudad de Medellín no hubiese homicidios en un día, se conoció sobre un acuerdo entre las bandas delictivas y una ‘Comisión de Notables’, conformada por miembros de la sociedad civil.
No obstante, aunque en principio Uribe dijo conocer de los acercamientos y estar de acuerdo, días más tarde se pronunció para negarles el apoyo.
Otra de las controvertidas medidas anunciadas por el huésped de Nariño fue el ofrecimiento de 100 mil pesos mensuales a los estudiantes que sirvieran de informantes a la fuerza pública con el ‘objetivo’ de “desvertebrar las bandas de los barrios de esa Medellín”.
La política de delación generó un rechazo unánime de sectores de la sociedad civil, educadores, integrantes de la oposición e incluso en personalidades cercanas al Gobierno.
Días después, el propio Uribe tuvo que corregir la propuesta y dijo que las recompensas eran para toda la ciudadanía y no solo para ese grupo específico de la sociedad.
Sin embargo, ese conflicto no apagó el escándalo por la entrega de subsidios y créditos del programa Agro Ingreso Seguro a familias adineradas y cercanas al Gobierno.
“Esta semana, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral le abrieron investigaciones preliminares al precandidato conservador Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura y uno de los favoritos de Uribe para que reciba sus banderas. ¿La razón’: El columnista Daniel Coronell denunció que la campaña de Arias había recibido dineros de beneficiarios del programa”, indicó Semana.
Asimismo, el paramilitarismo y sus nuevas generaciones amenazan la seguridad de los colombianos mientras en gobierno se ve involucrado con esos grupos y mantiene una débil política para combatirlos.
A ello se suman las críticas que ha generado la campaña desleal que mantiene Uribe en los medios de comunicación públicos y privados, aunque todavía no es candidato a la Presidencia porque el Congreso no ha decidido sobre su reelección.
“(Uribe) ha acudido a otros medios de comunicación, nacionales y locales, para que lo entrevisten, lo que ha dado más visibilidad que otros candidatos”, publica Semana.
Por último, el TLC con los EEUU sigue en veremos aunque al gobierno de Uribe ha intentado por toda vía su aprobación.
“Por la coyuntura política que vive el país, para el Gobierno es angustiosa, más que nunca, la aprobación inmediata del TLC. Si bien no es un revés, sí es una urgencia manifiesta, un todo o nada”.
Entretanto, cifras de la Fiscalía colombiana revelan que el número de víctimas por ejecuciones extrajudiciales asciende a 2.221 personas hasta el 14 de enero de 2010, mientras son 3.170 los casos de personas denunciadas por estar relacionadas con los llamados “falsos positivos”.
Fuente: www.redeco.com.ar
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