Uruguay no registra muertes por aborto desde que se legalizó

Entre diciembre de 2012 y mayo de 2013 hubo 2.550 abortos legales, aproximadamente 426 por mes, sin que se registraran muertes de mujeres ni complicaciones debido a estas prácticas. Los datos difundidos por altos funcionarios del Gobierno suponen unos 10 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva, lo que contrasta con los más de 40 por cada mil que se estima se produjeron en el país entre los años 1995 y 2002. Uruguay es uno de los países con tasa de aborto más baja del mundo.

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, presentó los datos oficiales de interrupciones voluntarias de embarazos en los primeros seis meses de implementada la ley que regula esta práctica. Briozzo explicó que desde 2012, con el nuevo marco legal, el país tiene prácticas de aborto seguras, con la consolidación de los servicios de salud para estos fines. 

La política pública del Gobierno tiende a disminuir la práctica de abortos voluntarios a partir de la despenalización, en base a la educación sexual y reproductiva, la planificación familiar y la anticoncepción, así como servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Desde diciembre de 2012 a mayo de 2013 se realizaron en el país 2.550 abortos voluntarios, lo que representa 426 abortos al mes. Además hubo cero muerte materna y cero complicaciones reportadas debido a las prácticas abortivas.

Según estos datos, el Ministerio de Salud Pública (MSP) concluye en que 10 de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años se practica un aborto en Uruguay actualmente. Estas cifras sitúan al país entre los que tienen mejores indicadores, a la par de los Estados de Europa Occidental, que tienen la tasa de aborto legal más baja. En cuanto al registro realizado por los servicios de salud de los abortos, en diciembre de 2012, fecha en la que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el 52% de las instituciones reportaron los abortos, mientras que en mayo de 2013 el 98% de las instituciones lo hicieron.

«Esta cifra es similar a la registrada en Europa Occidental, lo que nos llena de orgullo y lo que tira por tierra los infundios que apuntaban que con el aborto legal, éstos se iban a disparar», apuntó Briozzo. Para el subsecretario charrúa, lo que implican estos números es que «si uno está contra el aborto, lo que debe hacer es apoyar su despenalización».

El personero de gobierno también resaltó que la natalidad aumentó en este último año. «Estamos viendo que hay un repunte en la natalidad, por lo que (el aborto) lejos de ser un método de regulación de la natalidad, para las mujeres uruguayas -mucho más inteligentes de lo que algunos han planteado por ahí- es un método que se usa en última instancia».

Médicos afirman que afecta sus principios

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) deberá decidir sobre la legalidad del decreto reglamentario de la ley que despenalizó el aborto, tras un recurso de nulidad presentado por un grupo de 20 médicos que alegan que sus derechos se ven afectados por la norma.

Los médicos argumentan que el decreto reglamentario «atropella» la libertad de conciencia del personal de la salud, «impidiéndole actuar de acuerdo a sus convicciones científicas, éticas y filosóficas, al restringir su derecho a la objeción de conciencia». Por otra parte, cuestionan que la reglamentación restringe la información que la ley exige que se le debe brindar a la mujer que pretende abortar su embarazo, lo que le impide al médico «actuar de acuerdo a su deber profesional». 

Por su parte, Briozzo anunció que se llegó a un acuerdo con el Colegio Médico del Uruguay para reglamentar la objeción de conciencia y confirmó además que aproximadamente un 30% de los profesionales son los que han objetado participar del procedimiento.

Desde ahora, los médicos deberán estampar en un formulario su objeción de conciencia. En ese documento se deberá dejar claro que la negativa a hacer el procedimiento es por motivos morales, religiosos o filosóficos. Y que se trata de un «acto individual y no colectivo ni institucional».

El Ciudadano (Con información de Diagonales + El País)