Varios miles de millones para educación desviados por cuatro municipios. Enfrentan querellas

Malversación: “Delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo”

Varios miles de millones para educación desviados por cuatro municipios. Enfrentan querellas

Autor: Cesarius

Malversación: “Delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo”. Esto fue lo que cometieron los municipios de San Bernardo, Buin, Pudahuel y La Florida, al desviar los fondos destinados a los estudiantes con menos recursos vinculados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), para fines distintos a lo establecido por Ley.

La Contraloría General de la República resolvió que las platas fueron mal gastadas, tras una Investigación Especial que realizó entre fines de 2010 y comienzos de este año. Tras la indagación, el ente fiscalizador envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), institución que consideró los argumentos recibidos y decidió querellarse para iniciar acciones judiciales con miras a recuperar los fondos.

La Contraloría desplegó, a mediados de este año, un plan masivo en más de 100 ciudades del país, para investigar el manejo de los dineros de la SEP que el Ministerio de Educación debe entregar al sostenedor de cada municipio. La cifra total concedida corresponde a la suma de la cantidad de alumnos por escuela, ya sea pública o subvencionada, y deben ser ocupados, según establece la ley SEP 20.248 -promulgada el 25 de enero de 2008- en “el mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados” para los alumnos cuya “situación económica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo”. Y los recursos no pueden ser reasignados.

Según fuentes del Consejo de Defensa del Estado, se han presentado querellas en San Bernardo, Buin, Pudahuel y La Florida, todas por malversación de caudales públicos vinculados a la ley SEP. En tanto, continúan siendo estudiados e investigados los municipios de Ancud y Punta Arenas; San Miguel -que, según la institución, no se han encontrado los antecedentes suficientes-; Valparaíso -que está a la espera de que la Contraloría envié los antecedentes al CDE-; Viña del Mar -que continúa bajo la mira del ente fiscalizador-, al igual que Cerro Navia.

EN SAN BERNARDO: LICEO EMBLEMÁTICO, UN “VOLADOR DE LUCES”

Una postura totalmente contraria al proyecto Liceos Bicentenario -que pretende crear 50 liceos de alta exigencia académica entre el 2011 y 2013 en todo el país-, es la que tienen los estudiantes secundarios de San Bernardo. Según ellos, este tipo de establecimientos -además de restarle sentido al significado de la educación, fomentando la exclusión y la segregación- servirá de “volador de luces” de las irregularidades que ocurren en el municipio.

Por ello, exigen que, antes que todo, se aclare el uso que se le dio a los fondos destinados a la SEP, luego de que la Contraloría -mediante un investigación especial publicada el 7 de febrero de este año- denunciara que 2 mil 800 millones de pesos habrían sido destinados a fines distintos de lo establecido.

El presidente de la Corporación de Desarrollo Juvenil de San Bernardo, Brian Thomas, sostuvo: “Aquí se habla de que se quiere mejorar la educación pero ¿Cómo podemos gestionar un Liceo Bicentenario sin antes responder sobre los 2 mil 800 millones extraviados de los fondos SEP? Fácil, aquí no pasó nada, se hace un proyecto a nivel nacional y se tapa con eso”.

Por su parte, el concejal y presidente de la Comisión de Educación de San Bernardo, José Soto (DC), declaró que “aquí están escondiendo la cosa de a poquitito; esto puede ser una cuestión muy escandalosa y probablemente el Ministerio de Educación intente defender a los alcaldes que han usando fondos públicos lavando la información”.

EN PUDAHUEL Y BUIN

Según el informe Especial elaborado por la Contraloría General de la República, el 19 de enero de este año, el municipio de Pudahuel recibió entre junio de 2008 y abril de 2010 la suma de $1.706.981.714, de los cuales 918 millones de pesos “habrían sido destinados a otras finalidades propias de la corporación”, y agrega: “el Director de Finanzas de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel informó que dichos recursos se utilizaron transitoriamente en el pago de compromisos urgentes, lo cual confirma que recursos propios de la subvención SEP se utilizaron en gastos ajenos para la cual fueron proporcionados”.

En el mismo informe, la Contraloría advirtió a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, “adoptar acciones tendientes a implementar controles, tanto físicos como financieros, por parte de los establecimientos educacionales y de la propia Corporación, en relación con los recursos de que se trata y los bienes que adquiera con cargo a los mismos”.

Por otro lado, Buin también incurrió en el mal uso de $144.198.636 vinculados a los fondos de la SEP. Según el informe del ente regulador, los fondos se utilizaron en “otros compromisos”, arguyen.

EN LA FLORIDA

Durante el mes de julio el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al Fisco contra la Corporación Municipal de La Florida para aclarar el uso de los dineros entregados a ese municipio entre 2008 y junio de 2011, ligados a los fondos de la SEP; esto, cuando la comuna la encabezaba Pablo Zalaquett, actual alcalde de Santiago.

A esto se suman los nuevos antecedentes que la Contraloría envió al CDE en un informe escrito:

El municipio de La Florida recibió $2.279 millones entre el 1 de enero de 2010 y el primer semestre de este año para ejecutar los planes de mejoramiento educativo. Pero estos fueron destinados, finalmente, a pagar $1.593 en imposiciones a los docentes; se pagaron, además, $5,7 millones para una salida pedagógica de dos días a Las Termas del Corazón; un viaje para una “asesoría pedagógica” en el Hotel Gala, de Viña del Mar, que costó $5 millones; y, por último, cerca de $3 millones para un viaje a Mendoza realizado por auxiliares, apoderados, personal de cocina y tres alumnos. Todos estos hechos fueron cuestionados por la Contraloría para argumentar su hipótesis: el principal objetivo de la Ley SEP está siendo burlado.

LAS OTRAS COMUNAS EN SALA DE ESPERA

Según reveló el informe de la Contraloría, desde 2009 al primer semestre de 2010, 270 millones de pesos destinados a la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor de Ancud, habrían sido utilizados en otros fines a los establecidos por la ley SEP. Hasta el momento, el ente fiscalizador continúa recabando antecedentes.

En Punta Arenas, $193 millones de pesos terminaron embargados en un juicio con un particular. Respecto a Valparaíso, donde se habrían desviado 1.400 millones de pesos, según los concejales, la Contraloría continúa realizando las investigaciones correspondientes. Y respecto a Viña del Mar, de acuerdo al último informe publicado por el órgano fiscalizador, la corporación recibió entre 2010 y junio de 2011, $2.400 millones de pesos, de los cuales solo habrían sido auditados 573 millones. Además, existirían más de 400 millones destinados a otras actividades educativas.

Tanto en Cerro Navia como San Miguel, la historia se repite. En la primera, concejales denunciaron que de $1.877 millones entregados, poco más de $84 millones fueron destinados a remuneraciones y no al mejoramiento educativo para el que fueron asignados, lo que fue ratificado por un informe de la Contraloría publicado el 30 de noviembre. Mientras que en la segunda, de acuerdo a un informe del mismo órgano, fechado en julio de 2010, se denunció que entre junio de 2008 y abril de 2010, el municipio recibió casi $250 millones; de ellos, $212 fueron invertidos en fondos mutuos.

Cabe señalar que las irregularidad mencionadas solo tienen que ver con las vinculadas a los fondos de la ley de Subvención Escolar Preferencial, y que, por otro lado, la mayoría de los alcaldes comprometidos en estas irregularidades reconoce y justifica que los gastos fueron utilizados en otros fines, aun cuando esto está prohibido por ley.

Por Esteban Acuña

El Ciudadano


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