Vecinos de La Legua denuncian robo de dinero durante allanamiento de la PDI

Imagen de referencia: Créditos: Emol

Una grave denuncia realizaron vecinos de La Legua Emergencia (comuna de San Joaquín) en contra de un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), tras el allanamiento en al menos seis hogares de la calle Sánchez Colchero durante el viernes 15 de septiembre.

Las agresiones y la violencia reportada impulsó a los afectados a presentar una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Sur por los delitos de violación de morada y robo con violencia. A continuación, la descripción de los hechos que fue incorporada en el documento ingresado al Ministerio Público el pasado 5 de octubre.

Cerca de las 7.15 de la mañana del 15 de septiembre, funcionarios de la PDI llegaron hasta el hogar de Ana María Nogueira y Héctor Pereda, quienes viven junto a sus dos hijos, de 2 y 9 años, respectivamente.

De acuerdo a la denuncia, los policías no se identificaron, excepto el subprefecto Patricio García, y le dijeron a Ana María que ella sabía por qué estaban allí.

“Si no cooperamos, dejarán la cagá en mi casa”, habría dicho el subprefecto García a la familia, según establece el relato que la pareja presentó a Fiscalía.

Siguiendo a la exposición de los denunciantes, los funcionarios de la PDI registraron el hogar, encontraron dinero y lo metieron en una caja que se llevaron. Ana María y Héctor alegan el monto incautado por los policías “es producto del trabajo honesto, del esfuerzo durante mucho tiempo con la esperanza de tener todos quienes vivimos en la casa vacaciones dignas”.

Al rato –continúa la descripción de los hechos– regresa el subprefecto García y avisa que se llevará a Ana María a una unidad. “Mi marido se pone de pie y dice ‘llévenme a mi’ a lo que el Subprefecto responde ‘quédate callado culiao o querí que te pegue, siéntate ahí huevon o quieres show delante de tus hijos’. Luego de eso me sacaron de mi casa, me esposaron y fui llevada a la unidad que se encuentra ubicada en la comuna de San Miguel”, cuenta Ana María Nogueira en el texto presentado al órgano persecutor.

¿Dónde está el dinero?

El relato de Nogueira continúa con la descripción de su experiencia en la unidad policial. “Al llegar allá me sacaron las esposas, me preguntaron mi nombre, el de mis padres, me revisaron, me hicieron sacarles los cordones a mis zapatillas, el cordón al pantalón de buzo y mis sostenes, me intimidaron con preguntas y cuando me puse a llorar una funcionaria me dijo ‘para qué lloraba si yo era la hueona que había provocado esto’. Luego me llevaron al calabozo, las funcionarias eran muy agresivas y con malos tratos. Al pasar de las horas me dijeron que estaba en libertad”, afirma la denunciante.

Sin embargo, las objeciones al actuar de la PDI incluye otros episodios dudosos. Ana María afirma que vio a uno de los funcionarios del allanamiento revisar una estantería de su casa “donde se encontraban $ 25.000 pesos para el arreglo de la tablet de mi hijo, dinero que el funcionario público se estaban echando en sus bolsillos. Cuando lo vi le dije ‘ese dinero es de mi hijo mayor para reparar su Tablet’. Cuando se lo dije, este funcionario echó el dinero en la caja de la supuesta evidencia”.

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“En la unidad me presionaron para que firmara el documento donde mencionaban que habían encontrado en mi casa $ 600.000 mil pesos. Yo les dije que ese monto no correspondía a lo que sacaron de mi casa; pero ellos me dijeron que firmara para que ‘termináramos luego con la huea’”, agrega.

A raíz de esta secuencia de hechos es que decidieron acudir al Ministerio Público, con el respaldo del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua.

“De acuerdo a la relación de los hechos a que se hace referencia en lo principal de esta presentación, la referida institución, y en particular el funcionario identificado como Patricio García, subprefecto de la PDI, participaron en la consumación de los hechos descritos con total desprecio a la legalidad y juridicidad vigente, atentando contra algunos de los bienes más preciados de nuestro ordenamiento jurídico, como lo son la propiedad y la integridad física y psíquica de los habitantes del hogar, que en ese momento nos encontrábamos realizando actividades cotidianas en nuestra esfera íntima de privacidad y sin mediar ningún tipo de ilegalidad en nuestro actuar que justifique una intervención tan gravosa como la descrita en autos”, establece el reclamo presentado ante el Ministerio Público.