Ventajas y desventajas del brazalete electrónico

Según lo resuelto por la Comisión de Constitución del Senado, se espera que antes del 30 de enero, pase a último trámite el proyecto de ley sobre alternativas para penas privativas de libertad en delitos menores; que incluye entre sus medidas, el uso de un brazalete electrónico que mantendrá monitoreados a todos los imputados y sentenciados por violencia intrafamiliar, estupro y homicidios involuntarios. Sin embargo, existen opiniones divididas sobre la eficacia de su uso como pena no aflictiva.

Este proyecto busca incorporar nuevas medidas a la ley vigente N°18.216 sobre Alternativas para el Cumplimiento de Penas Restrictivas, entre las que se cuentan la incorporación de este brazalete, ampliar la reclusión nocturna a otro tipo de delitos y la ejecución de obras de servicio público por un rango no menor a cinco años.

Sin embargo, lo que ha causado mayor discusión es el uso de este dispositivo electrónico que mantendrá controlado físicamente a todo quien sea obligado a portar, ya sea mientras dure la investigación de su causa o como resolución de un tribunal.

Para la diputada Adriana Muñoz, el uso de  este dispositivo permitirá a un juez determinar un sistema de monitoreo que controle el cumplimiento de la libertad vigilada en casos de delitos de homicidios y lesiones por violencia intrafamiliar.

“Una vez implementado el sistema de monitoreo se podrían prevenir hechos de violencia intrafamiliar reiterados en los que muchas veces hemos tenido que lamentar casos fatales”, sostuvo la diputada.

Por su parte, el sociólogo Felipe Castro destaca el uso de este mecanismo como medida alternativa al presidio en casos de primerizos o en delitos de baja connotación, ya que “permite cumplir una condena efectiva y adecuada a su delito sin involucrarlo en un sistema penitenciario que más que rehabilitarlo, lo condenará a convivir con delincuentes de mayor peligrosidad”.

Cómo actúa el brazalete

Este dispositivo es una Pulsera Transmisora Electrónica (PTE), equipada con un transmisor que se coloca en el tobillo o en la muñeca del imputado durante todo el período de la condena. Emite una señal de radio constante y codificada que es captada por un Receptor Inteligente de una Central de Monitoreo que entrega las coordenadas a los tribunales respectivo de los movimientos y ubicación del sujeto.

De no cumplir con las restricciones de horario y perímetros o existen intentos por quitarse o alternar el dispositivo, éste emite una señal automática que es captada también por el oficial de Gendarmería encargado de la vigilancia del imputado.

Según estudios presentados por la Comisión de Constitución en el Senado, este mecanismo implica un menor impacto socioeconómico para el sistema judicial y penitenciario, ya que por un lado el costo de implementación es mucho menor que la reclusión del condenado y también porque en los casos de primerizos en delitos menores, permite ejercer una libertad vigilada con mayores garantías.

Este medida ya es aplicada en México, Estados Unidos, Colombia, Canadá, Bélgica, Nueva Zelanda y España.

“Contraproducente con la presunción de inocencia”

Sin embargo, también hay voces disidentes de la aplicación de esta medida, ya que consideran que su utilización en casos de imputados, crea una estigma anticipada en la persona y que lo criminaliza públicamente antes de ser juzgado.

Para Anabel Estrella, psicóloga del Centro de Apoyo a Familiares de Reclusos de la Quinta Región, esta medida es contraproducente con el principio de presunción de inocencia. “Si una persona es acusa de un delito, siempre será inocente hasta que se demuestre lo contrario y al obligársele usar este dispositivo lo están señalizando y marcando socialmente como culpable…seguirle cada paso, cada lugar que visite y por sobre todo, el control constante de su ubicación es una muestra de que está siendo vigilado por algo ¿dónde queda entonces la presunción de inocencia si existe este monitoreo extremo?”

Según Anabel, en este centro de apoyo, el 80% son delincuentes juveniles vinculados a delitos de droga o asaltos y robos, de los cuales la mayoría son primerizos.  Sin embargo, no creen que este mecanismo los apoye en su rehabilitación ni mucho menos en una adecuada reinserción social.

Si es aprobada la introducción de este dispositivo electrónico, se estima que podría ser aplicado a una población de tres mil imputados y dos mil sentenciados a libertad vigilada al año.

Claudia Pedreros

El Ciudadano