Este miércoles 30 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día del Detenido Desaparecido. Una fecha que trae a la memoria que, por ejemplo, aún faltan los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, así como también Santiago Maldonado en Argentina y José Huenante, Hugo Arispe y José Vergara en Chile.
La cultura de la muerte y el terrorismo de Estado todavía siguen vigentes a pesar de ya no existir dictaduras en América Latina. Hay responsabilidades institucionales que no dan el ancho; la autoridad civil y política del país, junto a los tribunales de Justicia, debieran hacer cumplir las leyes pero tampoco es el caso. “Es importante reivindicar de forma política, social y con dignidad quiénes fueron ellos y ellas en vida, así como el legado que nos dejaron. Víctimas o luchadores sociales, las agrupaciones lucharon por un día especial para todos y todas, como es el Día Nacional del Detenido Desaparecido”, señala en conversación con El Ciudadano Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
Malas costumbres
“Hay gente que tiene la mala costumbre de discriminar. Acá no hay casos emblemáticos, son todos personas amadas a las que les arrebataron la vida y les hicieron desaparecer. Como las agrupaciones hacen actividades por uno u otro, se luchó por ese día especial para hacer un homenaje a todos y todas las y los detenidos desaparecidos. Los demás homenajes los hacen los familiares, pero la lucha es una sola”, afirma la presidenta de la AFEP.
Comúnmente, se olvida que en los procesos de transformación social existen quienes dan la vida por ayudar a realizar los cambios necesarios para una mejor sociedad y otros que simplemente la pierden. En los intersticios de la realidad , existen trabajadores que iban en tránsito hacia sus labores, comerciantes ambulantes muertos por trabajar en la calle, obreros sin militancia que levantaron un poco la voz, feriantes que se opusieron a un control de identidad, dueñas de casa a las que en un allanamiento las balas entraron a su hogar. Ellos y ellas son víctimas.
También están las y los luchadores, que los mataron por resistir la dictadura, peleando en todas las formas posibles para derrocar a un tirano, combatientes populares. Eran personas nobles y honorables, no extremistas o humanoides, como fueron marcados por la dictadura cívico-militar. Hombres y mujeres que fueron parte de un proceso como fue la Unidad Popular en Chile, con muchas dificultades, pero que a pesar de ello, estaban creando un proceso de transformación social, en colectivo. Aquellos que resistieron a la dictadura, que dejaron todo, incluso la vida, son considerados héroes por el pueblo.
En una u otra situación, no hay respuesta desde la Justicia frente estos compatriotas que aún no han sido encontrados por nuestra sociedad. “Los criminales no han colaborado jamás con las investigaciones judiciales ni aportado datos fidedignos para lograr dar con el paradero de estos chilenos y chilenas que no sabemos cuál fue su destino final. Esta situación afectó a más de 1.100 personas durante la dictadura cívico-militar que encabezó Pinochet”, sostiene Alberto Rodríguez Gallardo, vicepresidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Rodríguez viene de una familia que ha luchado por verdad y justicia. Sabe del dolor y la pena de perder a un ser querido -en su caso, más de uno- y por ello redobla sus esfuerzos. “Hoy queremos que esto nunca más se vuelva a repetir, esa ha sido la lucha de las organizaciones del mundo de derechos humanos, encontrar los restos de los desaparecidos que nos hacen falta a todos, saber quiénes son los responsables y asegurarnos que estos tipos de crímenes nunca más vuelvan a ocurrir», señala.
José Huenante y José Vergara, detenidos desaparecidos en democracia
En este contexto, el integrante del directorio del ex centro de tortura, hoy Parque por la Paz, añade que «es tremendamente doloroso constatar que a 27 años de terminada la dictadura, tenemos tres nuevos casos. Es una situación aberrante como sociedad, porque involucra nuevamente a agentes del Estado, en este caso Carabineros de Chile”.
La sociedad civil organizada realiza las denuncias, en muchos ámbitos. A través de algunos medios de comunicación se exigen pronunciamientos de la autoridad, porque los organismos de resguardo público y del orden social, como Carabineros, no tienen autonomía de sus actos. En buen chileno, ‘no se mandan solos’.
“Hay una responsabilidad de Carabineros. El delito de desaparición forzada es un tema que está al pendiente dentro de la legislación nacional, en términos de la responsabilidad en este tipo de casos. Hay diversos ámbitos en que el Estado está al debe, sobre todo en este tipo de delitos, y esperamos que se esclarezcan de una vez por todas para darles tranquilidad tanto a las familiares de estas víctimas, pero también para construir y fortalecer nuestra democracia. Estos son temas país y deben ser abordados como tal”, apunta Alberto Rodríguez.
Los casos de José Huenante, José Vergara y Hugo Arispe, ocurridos en democracia, se siguen callando, tal vez por no llevar un apellido de renombre o por su familia no poseer un alto poder económico. Mientras, otro joven de 16 años de la comunidad mapuche Manuel Leiva, del lof Los Lolocos, se encuentra desaparecido desde el 12 de agosto. Su nombre es Hernán Alfredo Carballo Levinao y fue visto por última vez en Ercilla, región de la Araucanía.
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