Víctimas de agresiones de Carabineros piden fin de Justicia Militar

La familia de Manuel Gutiérrez, joven fallecido en el marco de la Marcha por la Educación de agosto del 2011, informó del recurso que presentó ante la Corte Suprema, donde piden que se aumente la pena al sargento en retiro Miguel Millacura, responsable de la muerte, solicitud apoyada por el propio Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En paralelo, el hermano de la víctima, Gerson Gutiérrez, llegó al Congreso a exigir que se ponga fin a la Justicia Militar. Solicitud a la que se suma también Jorge Brito, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Federico Santamaría de Valparaíso, torturado en el marco de manifestaciones estudiantiles y Paola Soto, hermana de Jaime Soto, quien murió en la comuna de Lo Barnechea en el marco de un operativo policial.

También estuvo presente en la cita Félix Avilés. Para el abogado y padre de Rodrigo Avilés todos estos casos son un botón de muestra de la impunidad que hoy sigue presente: “Los casos que recorren este país de lo único que hablan es de la debilidad que tiene nuestra democracia y de la consistencia que tienen las normas que hemos heredado de la dictadura”.

Por ello agregó que “esta impunidad no es sino el desprecio por el Estado de derecho y por la dignidad de las personas. Un desprecio que se ha institucionalizado”.

Los trabajadores acompañaron a los estudiantes en el Congreso. Manuel Ahumada, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Cobre, recordó la muerte de Nelson Quichillao, quien murió en la División Salvador de CODELCO en la última movilización de la CTC.

Ahumada llamó a las víctimas a unirse para presionar por un cambio “urgente”: “No estamos en un estado de guerra, no existe el enemigo interno, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para que esto acabe ya”.

Desde la Comisión de Derechos Humanos, el comunista Hugo Gutiérrez recordó que el fin de la Justicia Militar es una demanda del movimiento social desde finales de los 80. Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, apuntó a la necesidad de modernizar un sistema que sólo aporta a generar distancia entre la sociedad civil y la fuerza policial.

Mientras, la diputada PC Camila Vallejo extendió las demandas a la revisión de los protocolos de Carabineros y los uniformados en general: “Aquí hay una formación totalmente antidemocrática, no es responsabilidad de uno u otro Carabinero, es una institucionalidad que se legitima, que permanece y que, por lo tanto, hay que derribar. Una cosa es la Justicia Militar, para que realmente exista un juicio justo a quienes han asesinado, torturado y cometido estos procedimientos que están fuera de todo marco legal, pero también que se revisen los protocolos, para prevenir”.

Miguel Fonseca, coordinador del Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez, afirmó que se debe realizar un trabajo intersectorial para eliminar cuerpos legales cuestionados por diversos organismos internacionales, como la Justicia Militar, y operar con una mirada más a fondo para eliminar totalmente lo que consideró una “cultura de la represión y la tortura que aún sigue presente en Chile”.

Las organizaciones seguirán con las gestiones. En ese camino, esta semana entregarán una carta a las autoridades y solicitarán una reunión conjunta con la propia Presidenta Michelle Bachelet.

por Paula Correa en RadioUniversidadDeChile