Violencia, militarizción y políticas represivas preocupan a defensores de DD.HH

En la región persisten gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones a Derechos Humanos, los niveles alarmantes de violencia, militarización y prácticas represivas principalmente en Honduras, El Salvador y Guatemala son temas de especial preocupación para las organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Así lo señaló esta semana el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica quien se reunió en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, para analizar la situación actual de algunos Derechos Humanos en la región. El Equipo integrado por: el Centro de Desarrollo Humano –CDH- (Honduras); Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH-(Honduras); Centro Nicaragüense de Derechos Humanos –CENIDH-; Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá –CONADEHUPA-; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD-; Fundación Fútbol por la Vida –FFV-(Costa Rica); Grupo de Apoyo Mutuo –GAM- (Guatemala); Iglesia Luterana Costarricense –ILCO-   

De acuerdo con el análisis de los expertos en derechos humanos de la región, “el índice de homicidios continúa en niveles alarmantes, principalmente en Honduras, El Salvador y Guatemala”, sin embargo, “los responsables de la mayoría de asesinatos y otros hechos violentos pocas veces son llevados ante la justicia, y menos aún son condenados”.   ¿Pacto Social o política represiva?   Para el Equipo de analistas, “los Estados que conforman la región centroamericana buscan maneras para justificar la participación del ejército en acciones de seguridad pública, así como la implantación de políticas represivas que criminalizan la pobreza, con lo que cada vez más se aumentan las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios”.

De acuerdo al comunicado público emitido, lejos de facilitar un pacto social “muy poco se persiguen los delitos cometidos por el crimen organizado o aquellos que son cometidos por personas que poseen poder económico, político o social”. La persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos continúa en Honduras especialmente para los defensores que denuncian actos de corrupción. Muestra de ello se registra el reciente asesinato de la líder comunitaria Margarita Murillo, así como la persecución y criminalización judicializada contra las dirigentes indígenas, Berta Cáceres y Mirian Miranda, quienes se han preocupado por la defensa a los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

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Migraciones forzadas

De acuerdo con los defensores de derechos humanos en Centroamérica “las condiciones de violencia, crimen organizado, familias desintegradas, pobreza, entre otras, siguen expulsando personas hacia otros países más allá de la región, principalmente hacia los Estados Unidos”. Para mayo de 2014, se calculaba que 47,017 niños y niñas en su mayoría centroamericanos cruzaron la frontera entre México y EE UU, duplicando la cifra registrada para el año 2013 durante el mismo período.

Actividad minera

Igualmente, las actividades mineras en la región continúan afectando a los pueblos: el pasado 2 de julio, once pobladores que se dedicaban a la extracción de oro de forma artesanal, en el Municipio de El Corpus, Choluteca, quedaron soterrados por un alud de tierra y piedras.

Dos sobrevivieron y 9 cuerpos aún no han sido rescatados. Otro caso, se dio  en agosto pasado, cuando 20 mineros artesanales que permanecían atrapados fueron rescatados, otros 7 siguen siendo buscados, tras un derrumbe en una vieja mina situada en el municipio de Bonanza, en el Caribe norte de Nicaragua. Por su parte, El Salvador está por conocer el resultado de una demanda por 301 millones de dólares promovida por la empresa minera Pacific Rim / Oceana Gold ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones –CIADI-.

En ese sentido, el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica urgió por el respeto del cumplimiento de los instrumentos de Derechos Humanos que han sido ratificados incorporándose a los ordenamientos jurídicos de cada país y la puesta en marcha de los mecanismos de protección y promoción de los mismos. Así mismo, exhortó a los congresos centroamericanos para que diligencien la inmediata aprobación de una ley que proteja a los defensores y defensoras de los derechos humanos en la región, que permita la administración de justicia, sin distingos ni privilegios de ningún tipo, apegados a los principios de justicia universal como el criterio fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la razón de ser de un Estado de Derechos y sin intereses político-partidista o de cualquier tipo.

Fuente: Kaosenlared.net