Durante la jornada de este viernes, 44 personas abandonaron Chile para regresar a su países de origen, tras haber sido expulsadas por cometer delitos violentos.
En horas de la mañana, los expulsados abordaron en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con destino a Colombia, Ecuador y Bolivia.
Las expulsiones fueron dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). 24 de ellas fueron de carácter judicial, por delitos de robo con violencia, robo con intimidación, robo con sorpresa, robo en lugar habitado y porte ilegal de arma de fuego, entre otros.
Las 20 restantes fueron de índole administrativa, e incluyeron a personas que cumplieron condenas por delitos de homicidio, abuso sexual, tráfico ilícito de drogas, así como por haber infringido la normativa migratoria.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, explicó que este es el vuelo número 14 que sale del país desde 2022 a la fecha con ciudadanos expulsados y planteó que es una prioridad que quienes sean expulsados “sean las personas más peligrosas para nuestra sociedad, ya sean expulsiones administrativas o judiciales”.
“Vamos avanzando en el desafío de dejar nuestra política migratoria instalada con mayor capacidades para este tipo de procedimiento sancionatorio”, afirmó citado por CNN Chile.
“El Gobierno y Sernig priorizan la expulsión de las personas que representan una amenaza para la seguridad del país y que han cometido diversos delitos como homicidio, abuso sexual, robo con intimidación, robo con violencia, robo por sorpresa, porte ilegal de armas, entre otros”, precisó el Sermig en un comunicado.
Según cifras del organismo, durante este año, se han expulsado del país a 768 personas principalmente en vuelos charters y vuelos comerciales. De este total, 433 corresponden a expulsiones administrativas y 335 fueron expulsiones judiciales.
“Esto representa un número superior a las expulsiones administrativas de los últimos cuatro años y refleja el compromiso de este Servicio por expulsar a aquellas personas que representan una amenaza para la seguridad del país”, indicó Thayer.
Señaló que el desafío es avanzar en la legislación sobre las expulsiones judiciales “ya que actualmente no es posible expulsar a personas condenadas por delitos de tráfico de drogas”.
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