“Walmart le ganó al Poder Judicial”: Presidente del sindicato acusa que el poder económico pesa más que la justicia

En conversación con El Ciudadano, el presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart Chile (SIL), Juan Moreno, expresó su preocupación porque la cadena de supermercados desacate las decisiones de la justicia, "bajo la mirada pasiva e inactiva del Estado chileno".

“Walmart le ganó al Poder Judicial”: Presidente del sindicato acusa que el poder económico pesa más que la justicia

Autor: Leonardo Buitrago

El presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart Chile (SIL), Juan Moreno Gamboa, se refirió a la negativa de Walmart Chile de acatar el fallo de la Corte Suprema, que declaró ilegal la multifunción y acusó que el poder económico pesa más que la justicia.

Cabe recordar que en agosto de 2024, el máximo tribunal rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia que acogió parcialmente la demanda deducida por el Sindicato en contra de las empresas Administradora de Supermercados Híper Limitada y Administradora de Supermercados Express Limitada, por incumplimiento del contrato colectivo, que había sido firmado el 31 de enero de 2021, al no otorgarle a los operadores de tienda un mínimo de certeza respecto de las labores que deben realizar en los locales.

Esto como consecuencia de la implementación del denominado “Plan de Reconversión Laboral” por parte de la cadena de supermercados, el cual consistió en transformar las funciones de la totalidad de sus trabajadores en torno a la multifuncionalidad.

Por tal motivo, en la demanda, presentada inicialmente ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el Sindicato planteó irregularidades con respecto al cargo de operador Tienda u Operador de Sala Multifuncional.

Dicha sede falló en noviembre de 2022 en contra de Walmart Chile, al considerar que la figura de «operador de tienda» resulta ilegal por infringir el artículo 10 número 3 del Código del Trabajo, dejándolo sin efecto. A la par, entregó un plazo de 30 días para que la multinacional regularizara los cargos y delimitara claramente las funciones de las y los trabajadores.

Posteriormente, la empresa apeló contra la sentencia, presentando un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que en agosto de 2023 desestimó la acción y acogió parcialmente la demanda del Sindicato.

Ante la decisión del tribunal de alzada, las empresa introdujeron ante la Corte Suprema un recurso de unificación de jurisprudencia con el objetivo de revertir la sentencia, pero el máximo tribunal le dio un portazo a la cadena de supermercados y rechazó esta acción legal, tras considerar que «la sentencia impugnada no asumió ninguna interpretación determinada sobre la materia de derecho propuesta para su unificación que sea susceptible de ser contrastada con otras que se pronuncien eventualmente acerca de la misma cuestión jurídica».

La Cuarta Sala de la Suprema determinó que no había razones suficientes para cambiar la decisión de la Corte de Apelaciones, por lo que el fallo original debía mantenerse.

Asimismo, concluyó que las empresas no habían presentado argumentos sólidos o nuevos que justificaran una revisión del caso, por lo que ordenó que debían cumplir con parte de las exigencias del Sindicato sobre un contrato colectivo.

Ante este escenario, delegadas y delegados del Sindicato se dirigieron la semana pasada hasta La Moneda para exigir al Presidente de la República, Gabriel Boric, que intervenga y frene las ilegalidades laborales cometidas por Walmart Chile al no cumplir con ordenado por la Suprema.

«El poder económico de una transnacional pesa más que la administración de justicia del Poder Judicial chileno», acusó el presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart Chile (SIL), Juan Moreno.

«Walmart con su desacato judicial ha desconocido toda la institucionalidad»

En conversación con El Ciudadano, el presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart Chile (SIL), Juan Moreno, expresó su preocupación porque la cadena de supermercados desacate las decisiones de la justicia, «bajo la mirada pasiva e inactiva del Estado chileno».

– La Corte Suprema fue clara en declarar ilegal la multifunción impuesta por Walmart, sin embargo, la empresa sigue imponiendo anexos de contrato a miles de trabajadores. ¿Cómo interpretan ustedes esta desobediencia abierta a un fallo del máximo tribunal del país?

Nos desconcierta y preocupa enormemente que una empresa pueda desacatar las decisiones del máximo tribunal del país y no solo eso, del poder Judicial en su totalidad; pues en esta lucha contra la multifuncionalidad tanto el juzgado del trabajo, como la Corte de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema ratificaron la ilegalidad en la implementación de la multifunción y el riesgo que significa en la vida y salud de las y los trabajadores. Entonces la señal no es buena, porque significa que el poder económico de una transnacional pesa más que la administración de justicia del Poder Judicial chileno

-⁠¿Qué acciones legales o sindicales están evaluando para lograr que se respete el fallo judicial y se restituya el derecho a condiciones laborales claras y dignas para los operadores de tienda?

Nuestro Sindicato se ha caracterizado a lo largo de la historia por su perseverancia, claramente agotaremos todas las instancias nacionales e internacionales no solo para que se respete la ley, sino la integridad y dignidad de miles de trabajadores que se ven afectados día a día.

No podemos revelar nuestra estrategia de cumplimiento, pero si adelantar que las acciones judiciales que estamos analizando interponer exceden el ámbito estrictamente laboral y que sobrepasaran las fronteras nacionales.

-⁠Usted ha señalado que “el Estado sigue ausente”. ¿Qué responsabilidades concretas le atribuyen al Gobierno de Gabriel Boric frente a esta situación? ¿Han tenido respuesta o contacto desde La Moneda tras su movilización?

Es claro que la implementación ilegal y arbitraria que vulnera los derechos de las y los trabajadores, que son las y los ciudadanos de este país, ha sido bajo la mirada pasiva e inactiva del Estado chileno.
Comprendemos y adherimos a la separación e independencia de los poderes, pero Walmart con su desacato judicial ha desconocido toda la institucionalidad nacional.

La Dirección del trabajo desde el año 2021 declaró, en interpretación de nuestra normativa vigente, que el cargo creado por la empresa; a saber, operador de tienda era contrario a derecho, y pese a cursar reiteradas multas jamás clausuró un local, continuando la empresa con su enriquecimiento a costa de un actuar ilegal y vulneratorio de sus trabajadores.

Esta grave acusación ha sido canalizada por los organismos internacionales competentes, encontrándonos hoy en el curso de una reclamación internacional por la transgresión de los convenios internacionales N° 29, 122 y 187; todos ratificados por el Chile y vulnerados por la empresa frente a la inacción de este Gobierno.

De la misiva entregada en La Moneda, solo hemos recibido una respuesta formal, que nos vuelve a derivar a la Dirección del trabajo, servicio del que no hemos recibido la respuesta protectora esperada.

⁠- ⁠Mientras se vulneran derechos básicos, Walmart anuncia inversiones por más de US$1.300 millones y la apertura de 70 nuevos locales. ¿Qué reflexión le genera esta expansión en paralelo a la precarización del empleo?

Debemos exigir y fiscalizar en conjunto, el desarrollo y cumplimiento de las 14 reclamaciones ingresadas ante la Organización Internacional del Trabajo (años 2019, 2023 y 2024), tras la negativa del Estado de Chile y sus gobiernos a reconocer las controversias sobre la vulneración de derechos de los trabajadores y dirigentes sindicales.

La evaluación de la «Mesa Especial de Conciliación Voluntaria» no ha sido auspiciosa, las mesas carecen de un procedimiento mínimo para dialogar en condiciones igualitarias, sin método, sin tiempos acotados y sin objetivos claros, como contraparte, autoridades sin instrucciones ni orientación y que no conocen la profundidad de la materia reclamada. Frente a esta situación los representantes del Estado han optado por la estrategia de la dilación permanente, sin presentar una mínima propuesta de solución.


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