“Ya llevamos, 20 años en la lucha por nuestros derechos y seguimos igual o quizás peor”

Hasta el Hotel Plaza San Francisco de la comuna de Santiago llegaron esta mañana Los 12 integrantes y socios de la comunidad indígena Aymara de los poblados de Chumiza y Usamaga (región de Tarapacá) para presentar una carta con sus demandas al representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Enrique Gil Botero.

La autoridad recibió a la comunidad indígena acompañado de representantes del MIDESU, Bienes Nacionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según explica la socia de la comunidad, Soledad Carvajal Taucare, la carta que han entregado al comisionado resume una demanda que han sostenido desde el año 1996, cuando sus derechos de aguas ancestrales fueron usurpados por la empresa Embotelladora de Agua Chusmiza, con la anuencia de la Dirección General de Aguas, órgano del Estado dependiente del Ministerio de Obras Públicas, lo que les llevó a iniciar un juicio que duró 14 años acarreando incertidumbre, falta de inversión y apoyo del Gobierno, la migración de los comuneros a la ciudad, pérdida de tradiciones Aymara, deterioro terminal de viviendas, caminos, terrazas de cultivo, canales y estanques de riego.

De acuerdo al documento entregado a la autoridad, el año 2006, se presentó ante la CIDH, la petición para garantizar el derecho ancestral sobre las aguas comunitarias, y un acuerdo amistoso que reparara el daño causado por las acciones administrativas que les mantuvieron 14 años privados de sus aguas, la respuesta y medida, aún esta pendiente.

El año 2009 la Corte Suprema reconoció el derecho ancestral sobre las aguas, debiendo inscribirlas a nombre de la Comunidad para tener certeza jurídica de la misma, sin embargo al inscribir la propiedad comunitaria de las aguas, advertieron que se mantenía vigente la propiedad inscrita a nombre de la empresa embotelladora Chusmiza S.A. y que no existían mecanismos institucionales eficaces para exigir la reparación y el establecimiento de medidas de no repetición por parte del Estado de Chile.

“En 7 años de negociaciones nuestra situación no ha cambiado. Ni siquiera hemos logrado la anhelada certeza jurídica sobre los derechos de propiedad ancestral sobre las aguas, ya que se mantiene vigente el derecho de propiedad inscrito por la empresa embotelladora Chusmiza S.A., a pesar de que la Corte Suprema por sentencia de 25 de noviembre de 2009 reconoció que el derecho de propiedad pertenecía a la comunidad Chusmiza – Usmagama habiéndose acreditado por nuestra comunidad el uso consuetudinario”.

El 20 de marzo de 2013, la CIDH otorgó admisibilidad a la petición y, posteriormente, ofreció sus buenos oficios para que la Comunidad y el Estado de Chile establecieran un acuerdo de solución amistosa para discutir y negociar las medidas de reparación y no repetición.

Carvajal comenta que la reunión sostenida esta mañana fue positiva y que se encuentran realizando la redacción de un nuevo petitorio que contenga sus demandas esenciales a la espera de que sea firmado por las entidades involucradas en el proceso y que finalmente solucione su situación.

Las demandas consisten en: la demarcación y titulación del territorio ancestral; obtención de certeza jurídica sobre las aguas de la comunidad; y finalmente el estudio y aplicación de un Proyecto de Desarrollo Estratégico Integral, que contenga la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura y desarrollo social y productivo, conducentes a revertir la situación de abandono del poblado y el retorno de la comunidad dispersa en las ciudades de Iquique, Alto Hospicio, Arica y Antofagasta.

“Ya llevamos, 20 años en la lucha por nuestros derechos y seguimos igual o quizás peor (…) Aún cuando estamos cansados continuaremos la lucha por nuestra tierra querida. Nuestros Queridos pueblos de Chusmiza y Usmagama, volverán a tener verdes andenes y por sus cerros pastoreará nuestro ganado”, concluyen.