Yasmir Fariña, Presidenta de la Asociación de Funcionarios Servicios Centrales de la Universidad de Chile: “Tendremos que resolver esto en tribunales”

Como un “atentado a la autonomía de la Universidad de Chile – Servicio de Bienestar y a sus Asociaciones Gremiales y un golpe duro para los funcionarios” calificó la dirigenta los dictámenes N° 57.424 y 24.314 de Contraloría, organismo que ha dispuesto un tope máximo para descuentos voluntarios  del 15% del total para descuentos por convenios de las asociaciones gremiales.

El mismo, que permitía a los trabajadores asociados acceder a beneficios con tasas preferenciales en casas comerciales, cajas de compensación y otros servicios, fue limitado por la entidad estatal sin previo aviso ni acuerdo con los gremios.

“El dictamen es arbitrario y profundamente dictatorial. Es impresentable que se lleguen a estas resoluciones sin conversar con las Asociaciones de Funcionarios, representados por la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y sus funcionarios asociados. Además, el designio de Contraloría tiene tal grado de ambigüedad, que cada empleador lo aplica de diferentes formas”, afirmó Fariña.

Los funcionarios asociados de la Universidad de Chile solicitarán también, un pronunciamiento a la Dirección del Trabajo, a la Mesa de Presidentes del Sector Público de la CUT a través de Fenafuch y realizarán –de no ser reformado el dictamen- acciones judiciales para revertir la situación. “Las Asociaciones Gremiales y la Dirección del Trabajo deberían llegar a acuerdo con los gremios, pero no la Contraloría General dictaminar lo que hacen los gremios públicos y los asociados.  No permitiremos que en democracia las asociaciones de funcionarios sean intervenidas por un organismo del Estado de esta forma”, explicitó la dirigenta.

En ese tenor, los funcionarios de la Universidad de Chile realizarán una manifestación frente a las oficinas de Contraloría el día viernes 6 de agosto a las 10:00 donde conjuntamnte presentarán un estudio jurídico –a cargo de los abogados del estudio Hazbún & Muñoz- que cristaliza su postura. “La idea es buscar un acuerdo, previa modificación del dictamen. Ahora, si aquello no ocurre, y esto no se soluciona, lo resolveremos en tribunales”, sentenció Fariña.