La administración del magnate Donald Trump como jefe de la Casa Blanca y presidente de Estados Unidos tiene muy claro lo que quiere para Venezuela: una astronómica deuda con el FMI que les permita adueñarse del país y privatizarlo
Juan Guaidó, el autoproclamado presidente para ‘cuando cese la usurpación’ que supuestamente hay en Venezuela, tiene claras intenciones de endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de ‘al menos’ 140.000 millones de dólares.
Todo esto se llevaría a cabo con la aplicación de brutales recortes y la eliminación de programas sociales, atentando además contra los derechos consagrados por pensionados, jubilados, la clase trabajadora y demás sectores que suelen ser atacados por el FMI cuando se instala en un país.
Las astronómica cifra sería parte de una negociación que encabezan los gurús económicos de Guaidó, liderados por el jefe de los «Harvard Boys», el empresario Ricardo Haussman, junto al “asesor estratégico” preferido por Estados Unidos y el FMI, Lee Buchheit.
El 19 de mayo pasado, los mismos actores que protagonizaron el fallido golpe de Estado en Venezuela el 30 de abril de 2019, entre ellos Guaidó, informaron que habían contratado ‘ad honorem‘ a Buchheit para ‘afrontar las demandas heredadas contra la República’.
Estas negociaciones de Guaidó con el FMI para llevar a Venezuela a la bancarrota se dan en medio de su intento de sostener la tesis del Estado paralelo “hasta que cese la usurpación” y hacer creer que tiene el control del poder político, diplomático, económico y financiero, algo que en la realidad no existe.
En teoría, lo que pretenden Guaidó y EE. UU. es privatizar todo el patrimonio del Estado venezolano para entregarlo a multinacionales y sectores económicos de poder, y así desarticular la estructura actual del modelo político y social.
Eso incluiría las enormes riquezas petroleras, auríferas, minerales, gasíferas y naturales que posee el país, así como sus extensas tierras, ideales para la ganadería, la producción de distintos tipos de rubros alimenticios; y también la gran diversidad que existe para el turismo.
La cifra no sólo es astronómica, sino que llevaría a Venezuela a convertirse en una nueva Grecia, hipotecada por Buchheit cuando encabezó las negociaciones, y que recientemente volvió a la palestra cuando gestionó al Gobierno de Mauricio Macri en Argentina el endeudamiento de ese país por más de un siglo, a través de un ‘rescate’ financiero.
La deuda de Guaidó podría ser peor que la de Grecia
Un trabajo difundido por Misión Verdad (MV) titulado «Guaidó y EEUU abren puertas para la renegociación de deuda y entrada del FMI en Venezuela«, publicado el 8 de julio, explica que bajo «el esquema de proto-gobierno paralelo en Venezuela» una «instancia denominada ‘Oficina del Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela’, bajo la juridiscción administrativa del inexistente gobierno de Juan Guaidó», publicó «un documento sin firma (…) donde detallan los ‘lineamientos para la renegociación de la deuda pública externa heredada del período Chávez/Maduro’.
El referido documento, publicado en la página web de la Asamblea Nacional que está en desacato al orden constitucional desde 2016 y que es administrada por la ultraderecha venezolana, «es un papel que prefija los principios para abordar el manejo de deuda externa de la nación, una vez tenga lugar el ‘cese de la usurpación’ en Venezuela.
«Básicamente, consiste en un conjunto de pautas para la creación de vías administrativas y legales que serían ejecutadas por el Ejecutivo y Legislativo venezolanos (…) para poner a beneficio de los tenedores de bonos de la deuda venezolana los recursos de la nación, tal como ya se ha venido ensayando en meses anteriores», cita MV.
Lo elocuente del documento, agrega MV, es que «es sumamente ilustrativo de las intenciones declaradas y abiertas del pretendido gobierno en una era post-chavismo. En él se ve reflejado con claridad que en Venezuela tomaría cuerpo un tipo de gobierno corporativo mediante una gestión financiera claramente alineada a los intereses de bonistas, capitales extranjeros e instancias multilaterales como el FMI».
El documento fue redactado, con la asesoría de Lee Buchheit, por Ricardo Hausmann, representante de Guaidó y Estados Unidos ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Alejandro Grisanti Capriles, ex jefe de Estrategia para América Latina de Barclays Capital Inc., fundador de Ecoanalítica y actual director de la ‘Junta ad hoc de Pdvsa‘ en territorio estadounidense.
Precisamente esa junta ‘ad hoc’, es un grupo que nombró la Asamblea en desacato, creada para manejar más de 30.000 millones de dólares en activos que tiene Pdvsa y su filial Citgo en Estados Unidos, un monto que secuestró Trump para boicotear y robar las finanzas del Gobierno venezolano.
En junio pasado, esa misma junta ‘ad hoc’ quedó enrevesada en los escándalos de corrupción, prostitución y malversación de fondos de Guaidó en Colombia y Estados Unidos, por haber realizado transacciones indebidas y otorgar más de 70 millones de dólares del Estado venezolano a empresarios cercanos al falso ‘presidente interino’.
Tal fue el escándalo que hasta la propia justicia estadounidense mantiene una investigación a los directivos de Guaidó en ese país.
¿Qué incluye la negociación de la deuda de Guaidó con el FMI?
Tanto el lobby de Haussman y Buchheit tienen claro que lo importante en el negocio que pretenden hacer para apoderarse de los recursos de Venezuela, es cumplir con las exigencias del FMI y sobre todo con los deseos y aspiraciones de Washington.
De acuerdo con la investigación de Misión Verdad, el documento indica que ‘la renegociación’ de la deuda venezolana sería de ‘carácter integral’, pues incluiría ‘todas las reclamaciones denominadas en moneda extranjera contra el sector público venezolano’.
«Se disponen a pagar todo acto de demanda y arbitrariedad, o ‘reclamaciones privadas’ contra la República en los últimos 20 años, las cuales denominan ‘bonos de deuda’, ‘facturas impagadas a suplidores’, ‘demandas’, ‘arbitrajes’ y ‘expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por los regímenes de Chávez y Maduro'», agrega MV.
En resumen, lo que haría Guaidó en un eventual gobierno, describe MV, «es someter la soberanía venezolana a los designios de tribunales extranjeros que durante los últimos años han demandado al país con el objetivo de lesionar el patrimonio venezolano, en muchos casos mediante actos espurios».
«Dicho de otra forma, en ese escenario tendría lugar, por ejemplo, que Venezuela pague a ExxonMobil nuevos montos exorbitantes luego de que la nación pagara por la nacionalización de sus activos en el año 2007″.
Entonces, una vez negociado el endeudamiento de Guaidó con el FMI, la AN en desacato aprobaría la ‘Ley Especial de Refinanciamiento de pasivos’ por la cifra ‘preliminar’ de 140.000 millones de dólares; un monto que -como mínimo- triplica los recursos que están en el Fondo China-Venezuela, tanto criticado por la cúpula opositora.
En ese escenario, la economía venezolana se sometería plenamente la rectoría del FMI, dado que -cita el documento- el proceso de ‘renegociación’ y ‘reconciliación’, «deberá esperar la conclusión de la evaluación que realizará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas del país».
Describe MV que el proceso de endeudamiento y privatización absoluta de Venezuela se realizaría de la siguiente manera:
Inflar la deuda venezolana cuantificándola hasta ahora en la cifra «preliminar» de 140 mil millones de dólares, catalogando como deuda reclamaciones arteras contra la República y dándolas a lugar. Acto seguido, llamar al FMI y a capitales buitres para financiar mediante nueva deuda con altos intereses. Luego, que el FMI arbitre el proceso de «renegociación» y «reconciliación» con los acreedores. Y, en consecuencia, confiscar el relacionamiento financiero del país, proyectándolo al largo plazo al servicio de deudas eternas con dinero pagadero y a beneficio de los lobbys financieros a los cuales Hausmann, Grisanti y Buchheit prestan regularmente sus servicios.
«A quienes les pareció escandaloso el robo de Guaidó y su equipo del dinero de la famosa «ayuda imaginaria» (en Cúcuta, Colombia), les debería sorprender este pretendido descomunal desfalco a la nación si tan sólo entendieran la elegancia de la jerga financiera del referido documento», acota MV.
En agosto de 2017, el Gobierno de Trump impuso una serie de medicas coercitivas unilaterales contra Venezuela para vetarla del mercado internacional de bonos y deudas.
En agosto de ese año, Washington impuso la expulsión arbitraria de Venezuela del sistema financiero internacional e inhabilitó al país para emitir deudas que le permitieran refinanciar otras adquiridas en años anteriores, así como emplear la banca extranjera.
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