El gobierno de facto de Bolivia hará entrega de una «ayuda humanitaria» a los familiares de las víctimas fatales de la masacre de Senkata durante los conflictos postelectorales registrados entre octubre y noviembre del 2019 en el que fallecieron 10 personas y resultaron heridas más de 60.
Recibirán una «ayuda humanitaria» de 100 mil bolivianos (USD 14.463,10). Y las personas que resultaron heridas recibirán hasta 50 mil bolivianos (USD 7.231,55), de acuerdo a la gravedad de su situación, difunden medios locales.
El gobierno de Jeanine Áñez a reiterado en diversas oportunidades que los efectivos de seguridad no son los responsables de lo sucedido en Senkata, al manifestar que las balas encontradas no corresponden con las utilizadas por los cuerpos de seguridad de Bolivia, sin embargo, el 5 de diciembre de 2019, promulgó el Decreto Supremo 4100 en el que se establecían cinco artículos y uno de ellos planteaba la entrega de una compensación monetaria a cambio que no asistieran a órganos internacionales a denunciar lo sucedido.
En este sentido, el representante de la Asamblea Permanente De Derechos Humanos de El Alto, David Inca, indicó que se hará la entrega del monto a cada familia doliente, pero no con la figura de indemnización o pago único, sino como ayuda humanitaria. Asímismo, informó que se acordó derogar el parágrafo II del artículo 4 del Decreto Supremo 4100 para garantizar que parientes y afectados sigan teniendo su derecho ante cualquier instancia internacional.
La pregunta que se hacen muchos bolivianos es: ¿Si los cuerpos de seguridad de la nación andina no están involucrados en la masacre de Senkata, por qué Jeanine Áñez buscaba privar a los parientes del derecho de acudir a instancias internacionales para que se investigue y se haga justicia?
Este punto también fue observado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su intervención para verificar los hechos suscitados en ese entonces.
De la reunión que concluyó con la firma del acta participaron autoridades de Gobierno y familiares de las víctimas de Senkata, acompañados por representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Achacachi, difunde Opinión.
Por otra parte, los beneficiarios deberán presentar el listado detallado de las personas, edades y nivel de educación para garantizar ingreso a universidades y el pago de gastos médicos en el sector público y privado.
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