El presidente Jair Bolsonaro aprobó un decreto para flexibilizar la posesión, el porte y la comercialización de armas, como parte del “derecho a la defensa” contra la delincuencia
En Brasil no hay declarado ningún conflicto bélico, pero se mata a más ciudadanos que en muchos países que viven en guerra. En promedio, se registran 175 homicidios por día y una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes. Solo en 2018, se produjeron 51.589 asesinatos.
Según las estadísticas, la mayor parte de los casos se concentra en los 12 estados con mayor pobreza, lo que delata hasta donde llega la desigualdad en esta nación.
Ante este flagelo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro responde con “fuego contra fuego”. Su intención es armar a la población para que esté en capacidad de hacer frente a los delincuentes, una decisión que no causa sorpresas, ya que el ultraderechista no ha ocultado un gusto por las armas que lo ha llevado incluso a tener como uno de sus gestos característicos imitar la forma de una pistola con las manos.
Este martes 7 de mayo, el Mandatario firmó un polémico decreto que permitirá que cazadores, deportistas de tiro, coleccionistas, socios de clubes de tiro, abogados, políticos, periodistas que cubran sucesos policiales, agentes de tránsito y empleados de empresas de transporte de valores, que suman más de dos millones de personas, puedan andar armadas en las calles.
La medida otorga el porte de armas a los miembros de las Fuerzas Armadas con más de diez años de servicio y amplía su uso para los residentes de áreas rurales, quienes antes podían usarlas solo en su casa -ahora se incluirá todo el terreno de su propiedad-.
También levanta restricciones a la importación de armas -hasta ahora estaba prohibido importar si había modelos similares producidos en Brasil- y aumenta la cantidad de municiones que pueden adquirir los civiles.
«La seguridad pública comienza dentro de casa«, señaló Bolsonaro tras firmar el decreto, que según sus palabras garantizará «el derecho individual de que cada quien que quiera tener y portar un arma de fuego, lo pueda hacer».
“No es un proyecto de seguridad pública. Es nuestra comprensión de algo más importante:un derecho individual de quienes por ventura quieran tener un arma”, añadió el excapitán del ejército.
Cambio de reglas
El nuevo decreto se suma al que firmó el pasado 15 de enero, con el cual flexibilizó las reglas para que los ciudadanos puedan tener armas en sus hogares.
De este modo, se autorizó a mantener un arma de fuego en casa o en el lugar de trabajo, siempre que el dueño del arma sea el responsable legal del establecimiento.
Con el decreto se cambió la ley que estaba vigente desde 2004, para eliminar el requisito de explicar ante la Policía Federal la «necesidad efectiva» de tener un arma.
Según Bolsonaro, ese requisito era demasiado subjetivo y hacía que muchas de las solicitudes para comprar un arma fueran rechazadas.
También estableció que los brasileños puedan comprar hasta cuatro armas por persona, mientras que la validez del certificado de registro, pose y porte de armas se aumentó de 5 a 10 años.
Con estas medidas, Bolsonaro busca cumplir con una de sus principales promesas de campaña, en la que se comprometió a favorecer lo que califica de “derecho a la defensa” contra la delincuencia.
Perjuicio a la seguridad pública
“El Presidente beneficia a un pequeño grupo de individuos, en perjuicio de la seguridad pública”, denunció en un comunicado el Instituto “Sou da Paz” (Soy de Paz), en el que plantea que las medidas que facilitan la compra y la circulación de armas en las calles deben empeorar el escenario grave de falta de seguridad que viven los brasileños.
Según la organización, el Ejército contabilizó más de 350 mil armas en manos de coleccionistas y verifica un aumento de desvíos hacia el mercado ilegal. Al mismo tiempo, las concesiones para coleccionistas aumentaron un 879 % en los últimos cinco años, lo que contribuye a tener más armas.
«Basta que un ciudadano común se afilie a un club de tiro y participe de entrenamientos para poder obtener el registro y, por consecuencia el derecho de transitar con armas cargadas, en el trayecto hasta el lugar de entreno. En la práctica, la verificación de esa exigenciaes subjetiva y ofrece al portador de arma la posibilidad de siempre alegar estar en tránsito«, explicó Caio Pizetta Torres, especialista en temas de seguridad de Control Risks.
Estas medidas tampoco son del agrado del pueblo brasileño. Un estudio reciente del Instituto de Encuestas Datafolha, citado por Telesur, reveló que 64 % de los adultos está contra la posesión de armas y considera que deben ser prohibidas, mientras que apenas el 34 % cree que la posesión de armas debe ser un derecho .
Entre las mujeres, los más pobres, los autodenominados negros, los que no están interesados en las armas y los que están en contra de la gestión de Bolsonaro, la negativa a la posesión de armas es mayor al 70 %.
En cambio, el apoyo a la posesión de armas entre los que ya tienen al menos un arma se ubica en 73 %. Por otra parte, el 81 % de los que planean comprar un arma están de acuerdo en el derecho de posesión, mientras que entre los que apoyan la gestión de Bolsonaro, el 59 % está de acuerdo con la tenencia de armas.
«No faltarán las armas»
El decreto de Bolsonaro puede que no ayude a reducir los índices de violencia en Brasil, pero seguro contribuirá con las ganancias de la empresa Taurus, la mayor productora de armas de fuego de ese país.
“Aquí las cosas van a mejorar mucho, es la expectativa de todos los brasileños, pero por más que aumente la venta no hay problema, porque vamos a atender como prioridad esa demanda (…) Mi preocupación es decirle a todos los brasileños: no van a faltar armas; si compran, entregaremos en tres días”, aseguró Salesio Nuhs, presidente de la compañía al referirse al posible incremento de la demanda a raíz de las medidas aplicadas por el gobierno.
De hecho, tras el nuevo decreto las acciones de esta empresa se dispararon casi un 20 % en la bolsa, en un sólo día.
Taurus copa la totalidad del mercado privado de fabricantes de armas, mientras la empresa Imbel, propiedad del Estado, tiene un peso mucho menor, aunque dice estar lista para poner fin al monopolio, debido a que la nueva medida abre el mercado a la importación de armas.
Nuhs argumenta que Taurus es una empresa global que exporta a más de 70 países. De hecho es el mayor fabricante de revólveres del mundo y de su fábrica situada en Río Grande do Sul (sur) salen cada día 4.000 armas.
La mayoría de ellas se comercializa en el exterior, y tan solo un pequeño porcentaje (alrededor del 8 %) se queda en Brasil.
Más armas, menos educación y cultura
El impulso a la educación y la cultura constituye un vehículo para que una sociedad pueda desarrollarse y avanzar, pero al parecer Jair Bolsonaro no está de acuerdo con este planteamiento.
El ultraderechista anunció la semana pasada un recorte del 30% al presupuesto destinado a las universidades e instituciones educativas federales en Brasil, lo que ocasionó que miles de estudiantes se movilizaran este lunes en Río de Janeiro, para manifestar su rechazo a la medida.
En la protesta dejaron claro que “la educación no es gasto, es inversión», y que «de tanto ahorrar en educación (quedarán) ricos en ignorancia».
Ahora: Miles de estudiantes de Rio de Janeiro marchan frente al Colegio Militar donde se encuentra Bolsonaro contra los recortes de su gobierno a la educación. https://t.co/VytW3bhuKF
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) May 6, 2019
Este tipo recortes forma parte de ajustes que Bolsonaro ha venido anunciado,como parte de su embestida contra lo que llama «marxismo cultural» y «adoctrinamiento ideológico» de izquierda en las universidades.
El ministro de Educación, Abraham Weintraub, propuso en abril pasado reducir la inversión en las facultades de Filosofía y Sociología, propuesta que apoyo el Mandatario tras aseverar que esos recursos serán destinados a carreras que generen ingresos inmediatos como “veterinaria, ingeniería y medicina”.
Según el denominado «Trump del trópico» la intención es respetar la inversión de los ciudadanos brasileños y direccionar esfuerzos a la protección de la sociedad.
«La función del Gobierno es respetar el dinero del contribuyente, enseñando a los jóvenes la lectura, la escritura y hacer cuentas, y después un oficio que genere renta para la persona y bienestar para la familia, que mejore a la sociedad de su entorno», planteó.
A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta.
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 26, 2019
Tras esto, la gestión actual de Brasil anunció que recortaría recursos de universidades federales para invertirlos en la educación básica, y luego notificaron que congelarían el presupuesto de colegios e instituciones federales.
Por su parte, ministro de Educación desestimó la importancia del estudio de carreras humanistas a las que catalogó de poco rentables.
«Necesitamos elegir mejor nuestras prioridades porque los recursos son escasos. Me gusta la filosofía, pero imaginen una familia de agricultores cuyo hijo entró a la facultad y cuatro años después vuelve con un título de antropólogo», afirmó.
Esta decisión generó una ola de críticas de organizaciones y sindicatos de trabajadores y académicos de la filosofía y la sociología. El Frente Parlamentario por la Valorización de las Universidades Federales y el Observatorio del Conocimiento manifestaron que “no hay nación desarrollada en el mundo que no tenga una fuerte inversión en campos de estudio como los de la filosofía y la sociología”.
Adicionalmente, Bolsonaro modificó las normas de la legislación federal de incentivo a la cultura -familiarmente conocida como ley Rouanet-, que permitía a las empresas realizar grandes inversiones en proyectos artísticos (espectáculos, exposiciones, películas), a cambio de que pudiesen deducir un porcentaje de esos fondos de su impuesto a la renta.
El ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, bajó el techo de 60 millones de reales (15 millones de dólares) de incentivos que había por cada proyecto para un millón de reales (254.000 dólares), con el objetivo «multiideológico» de fomentar iniciativas de menor costo.
Durante la campaña electoral, Bolsonaro había calificado la ley Rouanet de «desgracia» que había servido para que los anteriores gobiernos del Partido de los Trabajadores cooptaran a la clase artística y difundieran las ideas socialistas.
«No comprenden la importancia del conocimiento, de la cultura y del arte para el desarrollo del país. La extrema derecha no convive bien con la libertad de expresión«, advirtió al diario La Nación el sociólogo Juca Ferreira, quien fue ministro de Cultura durante la gestión de Dilma Rousseff.
«Están tratando de someter nuestras universidades. Intentan destruir todos los avances de la cultura brasileña y lo que fue construido como relación del Estado democrático con el conocimiento, el arte y la cultura en los últimos años», condenó.
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Todas estas acciones están mermando la aceptación de Bolsonaro entre los brasileños. Según una encuesta realizada por Datafolha y difundida en abril, sólo el 32% de los ciudadanos aprueba su gestión.
Sin embargo, el Mandatario menosprecia estos resultados y ejerce presión para facilitar el porte en las calles, aunque para ello necesita el aval del Congreso, lo que no será una tarea fácil, a pesar de la influencia de la llamada «bancada de la bala», conformada por los legisladores que representan los intereses de la industria armamentística.