El funcionario considera que el régimen de Moreno debería suspender el decreto amparado por el FMI y EE. UU. con el fin de parar las protestas, la ola de detenciones, la violencia policial, y las muertes
Agencia Sputnik.- El Gobierno de Ecuador debería suspender provisionalmente el decreto que eliminó el subsidio a los combustibles como señal para abrir un diálogo con los sectores que llevan casi 10 días de protestas, dijo en entrevista con Sputnik el defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
«El diálogo parte de la voluntad de las dos partes de dejar a un lado posiciones radicales; creo que es necesario que el Gobierno analice la posibilidad de una suspensión temporal del decreto, que permita que las dos partes, sin condicionamientos previos, puedan dialogar y buscar una solución justa», dijo Carrión en entrevista con Sputnik en Quito.
Se trata de suspender el decreto que eliminó el subsidio a la gasolina de 87 octanos y al diésel, y provocó protestas en todo el país, que están ocasionando ingentes pérdidas económicas tanto al Estado como a los propios manifestantes y a las empresas privadas, además de personas detenidas, heridas e incluso varias muertes.
Carrión destacó que el Gobierno representa a todos los ecuatorianos, pero advirtió que los movimientos indígenas, obreros y campesinos, ahora en paro, se ven golpeados con la eliminación de los subsidios, que afecta de manera significativa su calidad de vida, «por lo que hay que escuchar y ser sensibles a sus reclamos y evitar mayor violencia», dijo.
Una suspensión temporal del decreto abriría paso a un necesario diálogo nacional con todos los sectores involucrados: indígenas, obreros, campesinos, trabajadores, Gobierno y empresarios para encontrar una solución con consensos mínimos que permita superar la crisis, según Carrión.
Las manifestaciones comenzaron por los transportistas públicos y los taxistas, pero luego de un acuerdo para elevar los precios del transporte, se lanzaron a protestar el movimiento indígena, trabajadores y otros grupos sociales.
La dirigencia de la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha descartado responsabilidad en saqueos, actos delincuenciales y de violencia que se registraron en varias partes del país y acusa de esos actos a personas infiltradas para provocar el caos.
Datos recopilados por la Defensoría del Pueblo indican que las protestas han dejado ya cinco muertos y decenas de heridos, así como policías y militares retenidos.
El 10 de octubre durante una misa campal en Quito en la que se recibió los cadáveres de dos indígenas fallecidos en las manifestaciones, 8 policías fueron retenidos temporalmente, pero liberados en horas de la noche y entregados a la Defensoría del Pueblo y a representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Carrión aseguró que los policías no sufrieron ningún tipo de maltrato ni violencia y que fueron entregados en perfectas condiciones.
El mismo día, un periodista ecuatoriano de televisión y sus camarógrafos que fueron a cubrir la misa campal resultaron agredidos a la salida del recinto donde se desarrolló la misa; el periodista recibió una pedrada en la cabeza y tuvo que ser tratado en un hospital.
«La agresión es un hecho totalmente condenable; no podemos permitir ningún tipo de violencia, venga de donde venga; el país necesita paz y necesitamos generar espacios de diálogo», insistió Carrión.
La Defensoría del Pueblo ya puso la denuncia respectiva ante las autoridades judiciales.
Tanto la CONAIE como Carrión aseguran que el agresor del reportero no pertenece al movimiento indígena.
Carrión confirmó además que cuatro policías se encuentran retenidos en la población de Pujilí, en el centro del país.
Mientras tanto, se intenta confirmar una posible retención de 47 militares en la provincia de Chimborazo, también en la zona central.
«Estamos verificando para ver si es cierto», dijo Carrión sobre esa denuncia, e insistió en la necesidad de instaurar el diálogo, garantizar la protesta y la manifestación social y evitar la violencia.
«Actitudes como la retención de policías o militares no ayuda», enfatizó.
Detenciones durante las marchas
Más de 80 % de las detenciones efectuadas por la policía ecuatoriana durante las movilizaciones de la última semana fueron arbitrarias, dijo el defensor del Pueblo.
«Dentro de las protestas sociales la policía los detenía, pero luego la fiscalía no formuló cargos, porque no encontró evidencias que justificaran las detenciones, lo que obviamente determina que han sido detenciones arbitrarias», expresó.
Según los últimos datos de la Defensoría, hasta el 11 de octubre a las 10:00 hora local (15:00 GMT), habían sido detenidas 1.070 personas en el marco de las movilizaciones contra las medidas económicas anunciadas el 1 de octubre por el presidente Lenín Moreno.
Carrión confirmó a Sputnik que son cinco las personas fallecidas en el marco de las movilizaciones, y que, en al menos dos casos, está probada la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
«En el caso del líder indígena Inocencio Tucumbi, obviamente fue a manos de la policía nacional; el otro caso, de José Daniel Chaluisa, tenemos conocimiento de que efectivamente también fue a manos de la policía nacional», dijo el funcionario.
Respecto de los dos jóvenes que cayeron de un puente mientras eran perseguidos por efectivos de la policía nacional, Carrión sostuvo que aún no se ha podido determinar con exactitud la causa de la muerte, pero aseguró que «obviamente todo gira alrededor de la intervención de la policía».
Estado de excepción
El defensor del Pueblo cuestionó el estado de excepción decretado días atrás por el Gobierno, pues «lo único que genera es mayor polarización y violencia», y reiteró el pedido de la institución que preside de derogar esta figura y buscar «un clima social de mayor tranquilidad y paz».
Respecto de los policías involucrados en muertes, Carrión dijo a Sputnik que aún no se ha iniciado ningún proceso judicial ni sancionatorio contra los agentes sospechosos.
«La ministra de Gobierno (María Paula Romo) nos informó que va a investigar todos los excesos de la policía nacional a efectos de ser juzgados, pero obviamente será una vez que se tranquilice y se normalice la situación, dado que aún nos encontramos en estado de excepción», explicó Carrión.
El 10 de octubre, Romo desestimó que las muertes (cuatro en total, según el Gobierno) hayan sido ocasionadas por funcionarios policiales.
La ministra sostuvo que los jóvenes que cayeron desde el puente estaban intentando escalar una puerta que había sido cerrada por la policía.
También la muerte de Tucumbi habría sido a causa de una caída, según dijo Romo.
La cuarta víctima mortal fue atropellada por un vehículo particular que intentaba atravesar los obstáculos colocados por los manifestantes para impedir el paso, añadió la ministra.
Acto político honorable
Carrión se hizo presente en la Casa de la Cultura de Quito, donde integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) retuvieron por varias horas a ocho policías y a 27 periodistas, a quienes finalmente liberaron.
El defensor del Pueblo calificó de «acto político honorable» la decisión de la organización indígena de liberar a estas personas.
«Hay que destacarlo de esa manera, porque los habían retenido, pero a la noche entregaron a los policías, sin ningún tipo de agresión y violencia; eso ayuda muchísimo para seguir abriendo puertas para un diálogo efectivo con el Gobierno nacional», dijo Carrión.
Pero el defensor reiteró su rechazo a este tipo de acciones.
«No abona a la paz ni mucho menos a buscar diálogos efectivos entre las diversas partes», sostuvo el funcionario.
Venezolanos
El defensor del Pueblo también se refirió a las 17 personas detenidas en el aeropuerto internacional de Quito, y confirmó que ya fueron formalmente procesadas con prisión.
Se trata de un ciudadano ecuatoriano y el resto son venezolanos y cubanos.
Carrión explicó que la Defensoría desconoce si efectivamente estas personas cometieron algún delito, pero señaló que para la fiscalía «ha habido los suficientes elementos para formalizar esas detenciones».
«No nos vamos a pronunciar sobre las causas ni la razón del Ministerio de Gobierno, sino limitarnos a que [las personas detenidas] tengan las garantías del debido proceso y que sus detenciones sean debidamente justificadas a efectos de no vulnerar los derechos fundamentales que asisten a todas las personas, independientemente de su nacionalidad», dijo el funcionario.
Carrión llamó a evitar la estigmatización y la xenofobia contra la población venezolana que reside en Ecuador.
«Esto es importante destacarlo para que esto no se vaya a manipular y empecemos a tener mayores índices de violencia dirigida específicamente contra ciudadanos venezolanos (a los) que se los pueda acusar de algún intento de desestabilización», dijo.
El defensor del Pueblo subrayó que «el hecho de que ciertos ciudadanos extranjeros hayan incurrido en un delito debe ser sancionado como cualquier tipo de delito, pero bajo ningún punto de vista puede ser considerado como una situación generalizada con los ciudadanos extranjeros».
El 1 de octubre, el Gobierno de Lenín Moreno anunció una serie de medidas económicas, incluido el polémico fin de los subsidios por 1.300 millones de dólares a los combustibles.
Las medidas, que la población llama «paquetazo», incluyen reformas laborales, flexibilización tributaria para promover la actividad económica y recortes presupuestales.
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