Los medios lo presentan como una víctima ‘del régimen chavista’, un ‘preso político’ y un ‘buen hombre de familia’, mientras silencian sus delitos y, sobre todo, su condena como asesino
El 11 de abril de 2002, hace 17 años, un total de 19 venezolanos fueron asesinados vilmente en las calles de Caracas. El responsable de esa masacre, ejecutada a sangre fría y a plena luz del día en el centro de la capital venezolana, quedó identificado como el comisario Iván Simonovis, el entonces jefe de seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas
Aquel ayuntamiento, ya extinto, era manejado entonces por el alcalde Alfredo Peña, un acérrimo opositor al Gobierno de Hugo Chávez que terminó prófugo de la justicia venezolana, al escapar del país luego de esos cruentos sucesos conocidos en Venezuela como «la Masacre de puente Llaguno».
Algunos de esos asesinatos fueron transmitidos en vivo y directo por varias televisoras privadas, que aprovechándose de la confianza de los televidentes cautivos a sus señales, denunciaban con total ligereza que los asesinatos eran cometidos por ‘el Gobierno de Hugo Chávez’, los entonces conocidos ‘círculos bolivarianos’ -ahora identificados por la oposición como ‘colectivos’- y ‘simpatizantes del chavismo’.
Los hechos culminaron en un Golpe de Estado, que 72 horas después fue revertido por el propio pueblo. Detras de cada persona selectivamente asesinada se encontraba una estrategia que ideó, ordenó y ejecutó el jefe de la Policía Metropolitana (PM), junto con mercenarios y francotiradores contratados por la oposición, en confabulación con los alegatos que difundían los medios privados.
Ciertamente, son amplios los testimonios gráficos y audiovisuales sobre la actuación de la PM en manos de Simonovis, aquel afamado comisario que antes de la masacre era muy aclamado por los medios por su «lucha contra la criminalidad» y el uso de «armas sofisticadas» traídas directamente de Estados Unidos.
En esa «lucha» contra el crimen, Simonovis acabó con la vida de decenas de supuestos «criminales», uno de ellos fue transmitido en vivo. Pero las acciones del comisario durante la masacre hacen poner en duda la veracidad de su proceder y pensar en que los asesinatos ejecutados en supuestos enfrentamientos de delincuentes contra la PM, fueron ajusticiamientos extrajudiciales y falsos positivos.
Condenado por perpetrar crímenes de lesa humanidad, por la violación «grave y flagrante» de los Derechos Humanos y por dirigir una masacre armada contra una manifestación pacífica, Simonovis fue sentenciado a cumplir la pena máxima en Venezuela, 30 años de prisión.
Junto a él también recibieron condena por asesinato los funcionarios policiales a su cargo: Lázaro Forero y Henry Vivas, jefes de la PM. Otros seis policías también fueron encerrados por su complicidad en los hechos.
Un violador de los derechos humanos
El perfil de Simonovis no lo pinta precisamente como un hombre honesto y ejemplar, imágen que sí pretenden hacer calar la mediática internacional proclive a Washington y a los intereses estadounidenses. Los medios lo presentan como una víctima ‘del régimen chavista’, un ‘preso político’ y un ‘buen hombre de familia’, mientras silencian sus delitos, pero sobre todo su condena como asesino y autor de la Masacre de puente Llaguno.
La justicia tardó en llegar para Simonovis. Primero fue detenido en 2004 y luego en 2009, cuando finalmente -luego de un largo y tortuoso proceso judicial- fue condenado.
La justicia alegó que el jefe policial era culpable de “complicidad necesaria en la ejecución de homicidio calificado, consumado, frustrado; lesiones graves, gravísimas, menos graves y leves” por la masacre, un suceso en el que fueron asesinados 19 manifestantes que participaban en dos marchas convocadas para el 11 de abril, una por simpatizantes de Chávez y otra de la oposición.
La magnitud y gravedad de su condena, es que la sentencia le imputa finalmente la autoría intelectual de los hechos, es decir, Simonovis planificó todo lo que aconteció ese día, las acciones ejecutadas por sus subalternos, quienes atacaron a las víctimas con armas de guerra como subametralladoras HK y fusiles AR15, traídas a Venezuela en un convenio que pactó la PM con Estados Unidos.
Guaidó lo premia por sus asesinatos
Con ese prontuario, ahora es ‘Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia’ de Juan Guaidó, o que se traduciría en el más alto cargo en ese materia para el intento de Estado paralelo que pretende crear el autoproclamado con el apoyo del Gobierno del magnate y empresario Donald Trump.
El anuncio del nuevo cargo de Simonovis para atentar contra el orden constitucional y la democracia en Venezuela, lo hizo el autodenominado ‘embajador’ de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio.
La misión del ahora prófugo de la justicia venezolana, será trabajar ‘en coordinación’ con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), siempre involucrada en los planes sediciosos en Venezuela; y la DEA, el Departamento Antidrogas estadounidense que fue expulsado del país suramericano durante la Presidencia de Hugo Chávez, por estar ampliamente vinculado en el negocio del narcotráfico.
Simonovis llegó a Estados Unidos luego de escaparse de un beneficio de casa por cárcel que disfrutaba desde hace cinco años, cuando la justicia venezolana se la otorgó porque supuestamente sufría de ’19 patologías distintas’ que afectaban su salud. Sin embargo, las imágenes del comisario lo hacen ver bastante bien.
Desde su privación de libertad logró escribir hasta una autobiografía “El prisionero rojo”, publicada en 2013. Las supuestas patologías que ‘comprometían su vida’ eran, por ejemplo: síndrome del túnel del carpio, hernia discal, dolor cervical, escoliosis lumbar, reflujo biliogástrico, entre otras. Algunas de ellas pudieran considerarse «normales» en una persona de su edad, 59 años.
En medio de esa situación carcelaria, Simonovis aprovechó la complicidad de sus custodios para darse a la fuga de su casa y de ahí emprender su salida del país que lo terminó llevando hasta Washington.
El propio Juan Guaidó informó a los medios que Simonovis no se había escapado, sino que había sido ‘liberado’ por él y sus cómplices, entre ellos sus custodios, que pertenecían al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), seguramente vinculados a su exjefe y desertor de la Fuerza Armada, Manuel Cristopher Figuera, quien también está en la capital estadounidense.
Por ahora, el delito de evasión y la complicidad de Guaidó es otro ápice en el prontuario de Simonovis, que al parecer tiene clarísimas intenciones de ampliarlo, y es uno de los que sigue añadiendo el ‘presidente’ autoproclamado a su expediente penal.
El plan sedicioso y criminal de Leopoldo López, Guaidó, Simonovis y demás miembros de la extrema derecha sigue en pie. Ahora la mira la tienen puesta en lograr que Estados Unidos decida invadir finalmente a Venezuela para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, quien asumió las riendas del país tras ser electo dos veces como jefe de Estado, en 2013 y en 2018.
En pocas palabras, ya Simonovis está en acción.
El día de la Masacre en puente Llaguno
El Puente Llaguno es un paso vehicular elevado que se encuentra en la avenida Urdaneta de Caracas, a unos 200 metros del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Por debajo, el puente permite el paso de la avenida Baralt, importante arteria vial del centro de la capital venezolana.
La ubicación del puente es estratégica, pues está interceptado con tres esquinas de parroquias vecinas de la ciudad de Caracas: La Pastora hacia el noroeste, Altagracia hacia el noreste, y Catedral hacia el sur. Fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela el 9 de abril de 2012, en honor a los caídos durante la masacre y en conmemoración de los 10 años del suceso.
El 11 de abril de 2002, en horas de la mañana, se concentró frente a la sede de Petróleos de Venezuela, para entonces administrada por sectores económicos poderosos vinculados a la oposición, una multitudinaria manifestación de ciudadanos opositores a Chávez.
Aquella masa recibió durante horas durísimos mensajes cargados de odio contra el chavismo y la supuesta dictadura que representaba el Gobierno, que fueron difundidos por los ‘líderes’ de la oposición. El último de aquellos voceros fue el entonces secretario general de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, quien en medio de su intervención anunció: ‘No descartemos que esta masa, que este río humano vaya hasta Miraflores’.
El llamado, que la derecha ya sabía sobre lo que pasaría en el centro de Caracas por la estrategia que trazó Simonovis, fue aceptado por la multitud que salió con rabia y enfurecida a sacar a Chávez de Miraflores, lugar donde una masiva concentración en apoyo al Gobierno se encontraba desde tempranas horas.
Los efectivos de la Policía Metropolitana tuvieron la opción de frenar la marcha opositora a la altura de la avenida Bolívar, como a un kilómetro de la concentración chavista. Pero el plan de Simonovis era generar caos, y la orden que dio a los funcionarios policiales no fue contener a los opositores, sino dejarlos pasar.
Una vez los opositores y chavistas se vieron a menos de una cuadra de difenrencia comenzaron los insultos, las piedras iban y venían de ambas partes, hasta que comenzaron las detonaciones desde la altura de edificios ubicados en la zona. De lado y lado caían personas que eran asesinadas con tiros que iban directamente a sus cabezas.
Los medios de comunicación transmitían todo en vivo, el caos se generalizaba y se culpaba al Chávez de aquellos hechos. Si embargo, varios reporteros gráficos y personas particulas grabaron videos y tomaron fotos que dejaron las pruebas necesarias para demostrar que los disparons fueron hechos por la Policía Metropolitana y varios grupos de francotiradores.
La idea fue siempre culpar a Chávez para justificar las declaraciones de miembros del Alto Mando militar de la Fuerza Armada que tenían conocimiento del plan y que usaron esos hechos planificados por ellos mismos para supuestamente hacer renunciar al Presidente.
Chávez nunca renunció, terminó secuestrado por un grupo de militares golpista que lo llevaron a una isla lejana de la capital, la base militar de la Orchila, ubicada al oriente de Venezuela.
Durante esas horas los golpistas asumieron el poder, elminaron todas las instituciones del Estado y desmembraron todo el aparato democráctico, establecieron una verdadera dictadura de facto que fue apoyada por el Gobierno de Estados Unidos y la cúpula de la iglesia católica.
Sin embargo, militares patriotas que aún estaban dentro de Miraflores dieron un golpe al autoproclamado gobierno que encabezo el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, quien se autojuramento como tal ante los medios de comunicación y grupo de golpistas que firmaron el documento que lo acreditaba como jefe de Estado de un gobierno de transición.
En pocas horas los golpistas fueron expulsados de Miraflores, esto gracias a los militares patriotas y a una masa de chavistas que se aglomeraron en el Palacio de Gobierno y comenzaron a protestar en las calles exigiendo el retorno de Chávez.
El 13 de abril Chávez ya estaba de regreso a Miraflores, llegó la madrugada del 14. Militares leales y el pueblo consciente lo habían devuelto al Poder, el golpe había fracasado.
Pero en medio de la incertidumbre de los días 11, 12 y 13, se registraron muchos incidentes y crímenes de lesa humanidad que fueron emprendidos por la Policía Metropolitana que dirigía Simonovis, se persiguieron a líderes del chavismo, fueron capturados y apresados supuestamente por ser responsables de los asesinatos en Llaguno, necesitaban falsos positivos para liberarse de la culpa, algo que finalmente no pudieron concretar.
Aquellos hechos de persecusión fueron protagonizados también por el actual prófugo de la justicia Leopoldo López, entonces alcande del municipio Chacao del estado Miranda -centro operativo de la oposición- y ahora jefe de Juan Guaidó, a quien manda desde la protección que le brinda la embajada de España en Caracas.
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