Desde que se perpetró el Golpe de Estado -el 28 de junio de 2009- contra el entonces presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, el Poder Político en Honduras ha mantenido un estrecho vínculo con las mafias criminales y los carteles.
Un Estado criminal que ampara la corrupción, la violencia, el sicariato, el narcotráfico, las torturas, los grupos paramilitares (maras), el contrabando de armas, entre otra serie de irregularidades que día tras día toman protagonismo, ha sido parte primordial en la agenda política de la primera magistratura de Honduras.
Las pruebas más recientes fueron difundidas en un documento de 49 páginas presentado el pasado viernes -2 de agosto de 2019- en el distrito sur de Nueva York, en el que se señala al presidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) como un co-conspirador (CC4) que trabajó con su hermano, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, y el expresidente Porfirio Lobo (CC3) y su hijo, Fabio Lobo, «para aprovechar al narcotráfico a fin de consolidar el poder y el control en Honduras».
En el documento se afirma que el presidente (JOH) y su predecesor, Porfirio Lobo, «dependieron del dinero del narcotráfico» para financiar sus campañas políticas.
Los fiscales estadounidenses también mencionan las «pruebas de corrupción» en «altos niveles políticos», en donde ambos se ven directamente involucrados, según una confesión que indica que Tony Hernández le dijo a un testigo cooperante: Alexánder Ardón, exalcalde del municipio de El Paraíso y miembro del Partido Nacional, el mismo de los expresidentes Lobo y JOH.
En esa confesión se detalla que los narcotraficantes «podrían formar una asociación particularmente exitosa, basada en la protección» que les otorgarían Lobo y JOH si el Partido Nacional ganaba las elecciones de noviembre del 2009.
Lobo venció y asumió el gobierno en enero del 2010. Fue sucedido, cuatro años después por JOH. En pleno proceso de cambio de mando entre Lobo y JOH, su hermano Tony Hernández le garantizó a Ardón que su hermano «continuaría protegiéndolos».
Cocaína colombiana y el Comando Sur
La protección que prestaron Lobo y JOH a los carteles del narcotráfico, de la que hace referencia Ardón, iba dirigida a las toneladas de cocaína que salen desde Colombia con destino final hacia Centroamérica y Estados Unidos; y que utiliza a Honduras como centro de redistribución.
La droga entraría a través de la costa del Caribe, por el departamento de ‘Gracias a Dios’, ubicado al noreste de Honduras y que hace frontera con Nicaragua. Desde allí, la droga se distribuía a la frontera con Guatemala en helicópteros y camiones, según el documento presentado por los fiscales.
Ardón confesó que Tony Hernández le garantizó que «los vehículos cargados de cocaína no serían interceptados» por la policía.
Lo anecdótico de las revelaciones que presenta este documento es que, más allá de los vínculos entre JOH, su hermano, Porfirio Lobo y su hijo, Fabio Lobo, destaca la presencia del Comando Sur de Estados Unidos, que ha estrechado nexos con Honduras desde que sacaron a Zelaya supuestamente para enfrentar «el terrorismo y el narcotráfico” en el llamado Triángulo Norte Centroamericano (TNC), epicentro de las mafias de la droga que involucra a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Desde que el Comando Sur -que en las últimas semanas ha violado de manera continuada el espacio aéreo civil de Venezuela- ha estado en ese epicentro del narcotráfico centroamericano, con tropas militares, agentes de la DEA, CIA y el FBI; los indicadores en relación con el contrabando de drogas, en vez de bajar, han aumentado exponencialmente.
El documento de los fiscales estadounidenses se presenta apenas meses después de que otros escritos, también entregados ante una corte federal, revelaran que JOH y algunos de sus asesores más cercanos figuraban entre los objetivos de una pesquisa de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, hecho que contrasta con la aseveración del Gobierno de Donald Trump sobre la supuesta colaboración efectiva de Honduras para frenar el flujo de drogas.
De hecho, Washington ha reforzado «un firme apoyo al gobierno de Hernández», hecho evidenciado en la entrega de millones de dólares en «cooperación de seguridad» para detener los envíos de cocaína hacia EE. UU.
Golpe a Zelaya: Inicio del narcoestado en Honduras
A Zelaya lo secuestraron en un avión luego de que un grupo de militares golpistas se lo llevaran hasta Costa Rica. Así puso fin la ultraderecha -de manera violenta y abrupta- el mandato constitucional de “Mel”, como lo bautizó el pueblo hondureño.
El Poder Político lo asumió -de facto- Roberto Micheletti, quien impuso un régimen de corte dictatorial que limitó los derechos ciudadanos, reprimió con asesinatos a la población que reclamaba el regreso de Zelaya; y a los que asumieron la clandestinidad, los persiguió y desapareció.
Micheletti gobernó desde el 28 de junio de 2009 hasta la toma de posesión de Porfirio Lobo el 27 de enero de 2010, quien antes del reciente escándalo difundido por los fiscales estadounidenses, ya estaba ampliamente salpicado en la ola de violencia criminal desatada en Honduras.
Lobo gobernó hasta el 27 de enero de 2014, cuando entregó el testigo a JOH. Luego, en 2017, JOH volvió a ganar la presidencia en medio de un proceso electoral sumamente irregular y calificado de fraudulento, pero que Trump decidió respaldar y reconocer.
De hecho, la reelección de JOH comenzó cuando la Corte Constitucional decidió anular la prohibición para que un Presidente en funciones optara a un segundo periodo.
En noviembre de 2017, el hermano de JOH -alias “Tony”- fue detenido y apresado en una cárcel de Nueva York, acusado de traficar toneladas de cocaína, utilizar armas para proteger sus cargamentos y brindar información falsa a agentes federales. Posteriormente fue dejado en libertad.
Dólares de la droga entregados a las familias presidenciales
El documento contiene los argumentos de los fiscales y describe que específicamente, en el caso de JOH, utilizó 1,5 millones de dólares de dinero del narcotráfico para asegurar su llegada a la presidencia en 2013.
El dinero habría sido entregado como «apoyo» para la campaña presidencial y dado al equipo de JOH en efectivo vía sobornos y «regalos» que tuvieron como destino a varias autoridades hondureñas y políticos locales. Se deja entrever que parte de ese dinero terminó en manos de los integrantes de la Corte Constitucional que permitieron que JOH participara en la reelección de 2017.
En ese mismo texto también se hace referencia a diversos pagos por un millón de dólares o más que distintos narcotraficantes le hicieron a Porfirio Lobo.
De hecho, las autoridades hondureñas arrestaron en 2018 a la esposa de Lobo acusada de desviar fondos públicos por un equivalente a 700.000 dólares.
En 2017, el hijo de Lobo, Fabio, fue sentenciado en Estados Unidos a 24 años de prisión acusado de narcotráfico; el mismo año en el que se inició el proceso contra Tony Hernández, quien en 2018 volvería a ser detenido -esta vez en Miami, Florida- por «contrabandear miles de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos».
Los fiscales estadounidenses describen a Tony Hernández como un «narcotraficante violento que movía toneladas de droga» y tenía considerable influencia en altos funcionarios hondureños, que a cambio le protegían sus envíos y territorios.
También afirman que miembros de la Policía Nacional de Honduras escoltaron sus envíos de cocaína por agua y aire, mientras Porfirio Lobo desplegó a personal militar en la frontera con Guatemala para impedir que otro narcotraficante invadiera territorio occidental de Honduras.
En al menos dos ocasiones -acotan los fiscales- Tony Hernández contribuyó al asesinato de narcotraficantes rivales, uno de los cuales fue ejecutado por un efectivo de la policía nacional por encargo suyo. El homicida fue ascendido después a jefe de la policía como agradecimiento de la familia presidencial.
En 2014, Tony Hernández se postuló al Congreso y ganó un escaño, hecho que le permitía evitar la extradición. Algo como lo que hizo décadas atrás, el narco colombiano Pablo Escobar Gaviria.
Transportar cocaína por Honduras sin incidentes
Según la evidencia presentada por el fiscal federal Geoffrey S. Berman, en 2004 Tony Hernández comenzó a forjar relaciones con los narcotraficantes al utilizar la influencia de su familia en la región para proporcionarles, a cambio de sobornos, «información sobre las actividades y operaciones de agencias de la ley que los traficantes podrían transportar cocaína a través de Honduras sin incidentes».
En los años siguientes, Hernández estableció conexiones con más narcotraficantes, incluidos miembros del cartel hondureño del Valle Valle y colombianos no identificados que tenían acceso a laboratorios de cocaína. Al mismo tiempo, discutió una asociación con otro político del Partido Nacional, identificado como ‘Testigo Cooperante – 3’, que según los fiscales «también fue un narcotraficante a gran escala».
Basado en la información contenida en los documentos,’Testigo Cooperante – 3′ (el exalcalde Alexander Ardón), fue acusado por los fiscales estadounidenses en enero, por haber instalado un helipuerto en la parte superior de la municipalidad y estar flanqueado por guardias armados.
El documento de la corte no se refiere a Juan Orlando Hernández por su nombre, sino solo como CC-4, (Co-conspirador-4), quien se describe como «elegido Presidente de Honduras a fines de 2013». El expresidente Lobo se identifica de manera similar como CC-3 (Co-conspirador-3).
Según los fiscales, Tony Hernández «le dijo a CW-3 [Ardon] que podrían formar una asociación particularmente exitosa basada en la protección de CC-3 [Pepe Lobo] y CC-4 [Juan Orlando Hernández] si ganaban en las elecciones de 2009, y que él creía que CC-4 [Juan Orlando Hernández] seguiría a CC-3 [Pepe Lobo] como presidente de Honduras y continuaría protegiéndolos».
La página 4 del documento se refiere al ‘Anexo A’, un cuadro que identifica los nombres de los coconspiradores de acuerdo con su número CC. «El Gobierno respetuosamente solicita que el Anexo A se mantenga sellado hasta después del juicio», agrega.
Si bien las acusaciones en el documento de la corte son potencialmente serias, los fiscales no han acusado al presidente Hernández de ningún delito en Estados Unidos.
En 2009, año electoral, Ardón se reunió con Lobo, quien le pidió «apoyo financiero y logístico» para su campaña, así como para JOH, que era un congresista líder en ese momento. Eso a cambio de protección y el nombramiento de un pariente para un puesto político.
Los fiscales alegan que Ardón acordó proporcionar 2 millones de dólares en financiamiento para las campañas. Después de entregar la primera mitad, Ardón supuestamente se reunió con JOH y Lobo.
Tras las elecciones -según el documento- JOH solicitó ayuda de Ardón para obtener los votos que necesitaba en el Congreso para convertirse en el presidente del organismo: «CW-3 [Ardón] acordó ayudar y sobornó a los congresistas. CC-4 [Juan Orlando Hernández] más tarde agradeció a CW-3 [Ardón] por la asistencia y le dijo a CW-3 [Ardón] que, tal como se había prometido, CW-3 [Ardón] estaría protegido contra el enjuiciamiento y los ataques contra la policía».
En los próximos años, Ardón y Tony Hernández trabajaron juntos para traficar «múltiples toneladas» de cocaína cada mes. Cuando algo, o alguien, se interpuso en su camino, el documento de la corte dice que tomaron cualquier medida necesaria para protegerse y proteger sus operaciones.
Según los fiscales, esto incluyó planear el asesinato de un rival con la ayuda de un funcionario de alto rango de la policía nacional y un empleado, quien luego de ser arrestado aparentemente representaba un riesgo porque «sabía demasiado sobre sus operaciones de narcotráfico».
Luego, en 2012, el Congreso aprobó una legislación que permite la extradición de hondureños a EE. UU. por cargos de tráfico de drogas. Según Ardón, Tony Hernández le dijo que la legislación se aprobó debido a la presión de Washington y que estaba seguro de que no sería extraditado, pero menos seguro sobre el destino de su compañero.
Ese mismo año, Tony Hernández lanzó su propia campaña para un cargo político, postulándose y finalmente ganando un escaño en el Congreso como diputado suplente.
A medida que la campaña se aceleró, el presidente Hernández, que se postulaba para su primer mandato, supuestamente le pidió a Ardón que apoyara su última campaña «sobornando a los políticos locales para que reunieran apoyo para sus votantes». Ardón supuestamente acordó pagar los sobornos a cambio de protección política y otros favores.
Corrupción en Honduras, el origen de la ingobernabilidad
JOH está salpicado por la corrupción desde todos los flancos. En junio de 2015, cuando se descubrió un descomunal saqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el actual Presidente confesó que su campaña política de 2013 recibió al menos 150.000 dólares de las empresas que ejecutaron el desfalco.
Según medios locales, Hernández y su entorno familiar habrían sacado al menos 4.500 millones de lempiras (más de 182 mil dólares) de instituciones del Estado mediante la utilización de organizaciones no gubernamentales.
La crisis de ingobernabilidad en Honduras, que precisamente se acentuó con las elecciones de noviembre de 2017, tuvo su origen en los escándalos de corrupción de JOH.
Pero, también se suma la crisis de legitimidad y las continuas denuncias de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, integrada por docentes, médicos y personal de la salud, quienes exigen un sistema sanitario y educativo gratuito y de calidad, en rechazo al proceso de privatización de la salud y la educación que inició Lobo y que acentuó JOH.
La crisis social en Honduras también trastoca al sector energético, pues el país tiene serios problemas de distribución de combustibles en las principales ciudades, debido a un paro de labores por parte del sector de carga pesada que lleva tres días consecutivos en tomas de carreteras.
Las trancas en las carreteras incluyen también cierres en las regiones fronterizas con El Salvador, Guatemala y Nicaragua. A este proceso también se han sumado las empresas de transporte interurbano y los ciudadanos que han dejado sus vehículos varados en la calle.
Legitimidad de JOH es altamente cuestionada
La legitimidad de Hernández es altamente cuestionada luego de ganar un segundo mandato en unas elecciones controvertidas y llenas de intrigas, sobre todo ensombrecidas tras un «apagón informativo» de los resultados que hicieron cambiar la tendencia que antes de eso daba como ganador a Salvador Nasralla.
También existe un amplio descontento social que rechaza reformas privatizadoras impuestas por el Ejecutivo en el sector salud y educación, al que se han sumado los transportistas pesados y sectores de la policía.
La oposición exige la renuncia de Hernández, al que acusan de «usurpador», «dictador» y de haberse reelegido en 2017 violentando la Constitución y manipulando los resultados.
Igualmente, las acusaciones contra JOH van dirigidas a sus vínculos con narcotráfico, las maras (grupos paramilitares), contrabando de armas, corrupción del Estado, sicariatos, entre otros delitos.
A esto se suman la múltiples caravanas de migrantes que salen de Honduras huyendo de la dura situación social y económica, así como también de la violencia desmedida que provocan los grupos paramilitares ligados al narcotráfico y contrabando de armas.
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