la criminalidad, la violencia, el sicariato, el narcotráfico, las torturas, grupos paramilitares como las llamadas “maras”, el contrabando de armas, entre otra serie de delitos, han tomado protagonismo
El 28 de junio de 2009 el mundo amaneció con la noticia de un golpe perpetrado contra el entonces presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales. Esa vez se trató del secuestro del Jefe de Estado, quien terminó siendo trasladado en avión por grupos militares golpistas hasta Costa Rica. Así puso fin la ultraderecha -de manera violenta y abrupta- el mandato constitucional de “Mel”, como lo bautizó el pueblo hondureño.
A falta de una semana de aquel rompimiento del hilo constitucional y que hace una década dio origen a un régimen de facto que comenzó a perpetrar distintos crímenes de lesa humanidad contra el pueblo hondureño por rechazar el impopular golpe contra Zelaya, Honduras vuelve a ser protagonista de los titulares de la prensa.
Esta vez las noticias sobre los acontecimientos que se desarrollan en Honduras también invaden las redes sociales, donde hay que observar con un criterio bastante alejado de las pasiones políticas y tratar de encajarlas con el contexto social que vive ese país centroamericano desde hace 10 años.
«La crisis comenzó durante la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en enero de 2009, donde se manifestó la mayor confrontación entre el Ejecutivo de Zelaya y el Legislativo que encabezaba Roberto Micheletti”, explica el informe generado por la Comisión de la Verdad (CVR) que analizó el golpe contra Zelaya, un plan ejecutado por un contingente de militares que asaltó la residencia del Presidente, lo secuestró y lo trasladó en un avión de la Fuerza Aérea hondureña hasta Costa Rica.
De ahí surgen las diferencias entre el golpe contra Zelaya con la actual sublevación del pueblo. Sin duda alguna, aunque guardan relación en el contexto político, terminan siendo tangencialmente opuestas.
La gran diferencia entre el golpe contra Zelaya y la actual sublevación es que el accionar en 2009 lo ejecutó una cúpula militar que estaba subordinada a grupos económicos y políticos de peso que lideraban el Congreso, que a su vez cumplían con órdenes dirigidas desde Estados Unidos para frenar la creciente influencia de la izquierda en Centroamérica, que tenía como ejemplo al líder venezolano Hugo Chávez.
El golpe de 2009 se concretó y por más denuncias que se hicieron, incluso una cumbre presidencial extraordinaria con todos los liderazgos suramericanos denunciando la maniobra estadounidense en Honduras, Zelaya no pudo volver a su país y mucho menos tomar el cargo para el cual había sido elegido por el pueblo a través del voto.
El Poder Político lo asumió Roberto Micheletti, quien impuso un régimen de facto de corte dictatorial que limitó los derechos ciudadanos, reprimió con asesinatos a la población que reclamaba el regreso de Zelaya y a los que asumieron la clandestinidad, los persiguió y desapareció.
Micheletti gobernó desde el 28 de junio de 2009 hasta la toma de posesión de Porfirio Lobo el 27 de enero de 2010, quien también se encuentra salpicado en la ola de violencia criminal desatada en Honduras y que gobernó hasta el 27 de enero de 2014, cuando entregó el testigo al actual Jefe de Estado.
Desde entonces, la criminalidad, la violencia, el sicariato, el narcotráfico, las torturas, grupos paramilitares como las llamadas “maras”, el contrabando de armas, entre otra serie de delitos, han tomado protagonismo en Honduras, sobre todo con la complicidad del Estado y con el apoyo militar y logístico de Estados Unidos.
En ese país, la presencia del Comando Sur es fundamental para sostener el trabajo del llamado Triángulo Norte Centroamericano (TNC) al que Washington dice enfrentar como parte de la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, pero desde que están en el terreno sus tropas militares y agentes de la DEA, CIA y el FBI, los indicadores en vez de bajar han aumentado.
Aunque parecieran dos procesos diferentes, el contexto político muestra lo contrario, pues la relación de la actual implosión social es producto del caldo de cultivo fermentado por la extrema derecha que ha gobernado durante una década y que en el último quinquenio, de la mano del presidente Juan Orlando Hernández, ha recrudecido las pésimas condiciones sociales de la población, al punto de sufrir hambre, desolación y una oleada de migrantes sin precedentes.
«¡FUERA JOH!», grita Honduras
Las noticias sobre la sublevación del pueblo y posteriomente de varios grupos de la policía y fuerzas especiales de ese país, proceso que tiene varios años calentándose en las calles, tuvo su pico más alto el pasado miércoles, cuando el pueblo hondureño decidió paralizar el país con la firme intención de dar fin al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH).
«El dictador» -como le dicen sus detractores- «debe salir», «debe renunciar», «¡FUERA JOH!«, es la consigna más escuchada para rechazar al Mandatario, quien ejerció su primer periodo presidencial del 27 de enero de 2014 al 27 de enero de 2018, cuando inició el segundo mandato que tiene como fecha de expiración el 27 de enero de 2022.
Si se tratara de Venezuela seguramente la cobertura de los hechos habría sido inmediata, pero esta vez los hechos son contra un Gobierno de derecha amparado y apoyado por Estados Unidos, y el ocultismo de los medios de mayor poder prefiere esperar «a ver qué pasa» para «entender un poco el contexto» o para ver si el gobierno lo disuelve rápidamente y a mansalva, como en otras oportunidades.
Precisamente, sobre ese segundo periodo presidencial, el pueblo hondureño tiene gravísimas dudas, incluso su reelección estuvo enmarcada por múltiples denuncias de fraude, sobre todo luego que los resultados electorales cambiaran de manera abrupta en el sistema, tras una «falla» que dejó un apagón informativo de los resultados mostrados en línea por el órgano electoral.
Las acusaciones contra JOH de haber manipulado los resultados fueron tan alarmantes que las protestas en la calle fueron reprimidas de manera brutal y terminaron asesinados 33 manifestantes, víctimas de las fuerzas de seguridad que actuaron con «total impunidad», denuncian los adversarios del cuestionado Mandatario.
Un año después de haber llegado al poder en 2014, JOH puso en marcha una reforma constitucional para hacer posible su futura reelección. Ahí comenzó la trama que en la actualidad tiene a Honduras en una de sus más graves crisis políticas y sociales.
«En el conteo de votos en la noche del domingo al lunes, del 26 al 27 de noviembre, se produce un primer anuncio de resultados y después se reportaron algunos problemas de comunicación o de retransmisión de datos. Cuando volvieron a aparecer las informaciones con esos resultados cambió completamente la tendencia inicial que se había comunicado. En la madrugada del lunes la tendencia daba una victoria significativa del candidato opositor Salvador Nasralla», explica Adeline Neau, investigadora especializada en Honduras de Amnistía Internacional, citada por El Diario.
El descontento por esas irregularidades se generalizó, las protestas se realizaron en todo el país y en Tegucigalpa fueron de gran magnitud, allí fue donde se produjeron más asesinatos.
«Cuando las personas hacen plantones (bloqueo de vías), primero les gasean y luego les disparan«, explicó al diario español Erika García, activista de Somos Muchas e integrante de la Coalición contra la Impunidad, una organización que presentó un informe donde denuncian las violaciones de derechos humanos en las protestas y donde se dan los nombres, apellidos y las circunstancias en las que murieron los 33 manifestantes.
«Disparan a bala viva cuando no hay trabajadores de las ONG cerca observando. Esperan a que no haya tanta gente, a que sea de noche. Se han encontrado casquillos de bala militar y el Ministerio Público no está haciendo nada«, denunció la activista.
García detalló sobre esas manifestaciones, que el Gobierno envió «todo el aparato policial y militar del país» a detener a los manifestantes, quienes estuvieron a merced de la policía militar, las fuerzas armadas, la policía nacional y los cuerpos élites supuestamente creados para «contrarrestar» delitos graves como el narcotráfico.
De hecho, la ONG Amnistía Internacional confirmó que durante esas protestas «no se respetaron los protocolos sobre el uso de la fuerza, que normalmente significa que se empieza por dialogar y nunca utilizar, salvo en casos excepcionales, la fuerza excesiva y en este caso la fuerza letal».
El caso de Honduras es notablemente particular, pues ocurre diametralmente todo lo contrario a la cobertura mediática en Venezuela, incluso cuando los hechos parecieran tener similitudes, aunque en el fondo son totalmente distintos.
Por ejemplo, en Venezuela se masifica como «país» los hechos que ocurren en una zona delimitada de la capital donde frecuentemente se realizan las acciones violentas financiadas por la extrema derecha. Allí se concentran las cámaras y periodistas de las grandes agencias internacionales de noticias y medios radicales que tienen una clara línea editorial opositora a Maduro, y describen los hechos como si estos ocurrieran en todo el país.
De igual forma las redes sociales son invadidas por sucesos focalizados que narran historias de presuntas violaciones a derechos humanos, cuando en realidad las acciones violentas son generadas por ellos mismos. También el uso de noticias falsas, infundadas y creadas para desprestigiar al gobierno de Maduro y falsear la realidad venezolana son protagonistas.
Pero en el caso de Honduras es distinto. Los grandes medios callan o tardan en informar y cuando lo hacen, no muestran la verdadera realidad de un país paralizado y en llamas, rebelde. Se trata de mostrar la postura del gobierno y la defensa del régimen y la «democracia».
La redes sociales, en este caso, son la única vía -con la excepción de algunos medios locales- las que juegan un papel clave para mostrar los acontecimientos, emitir declaraciones y saltar el silencio de la mediática corporativa internacional alineada a Washington.
De hecho, el Gobierno de JOH tiene un proyecto de ley para limitar la información en estas plataformas digitales, que desde el miércoles muestran el proceso de sublevación contra el régimen y que tienen como objetivo que el actual Jefe de Estado salga de la Presidencia.
Represión y abusos tras la cuestionada victoria de JOH
El 30 de noviembre de 2018, cuatro días después de las elecciones, la población tomó las calles para protestar contra el «triunfo» de JOH. Ese día hubo 56 movilizaciones en 15 de los 18 departamentos del país.
El 1 de diciembre, murió el primer manifestante en el departamento de Atlántida. En la zona norte se registraron saqueos de centros comerciales y esto provocó una escalada de la represión policial y militar. Ese día se activó un estado de excepción que duró 10 días, se había registrado 92 movilizaciones en 15 de los 18 departamentos de Honduras.
Otro día clave fue el 15 de diciembre, fecha en la que se convocó un paro nacional y en que hubo más de 100 manifestaciones en todos los departamentos del país. El 18 de diciembre, JOH tomó posesión del cargo y se produjeron otras 100 movilizaciones.
Las 58 organizaciones que integran la sociedad civil hondureña Coalición contra la Impunidad, han recopilado decenas de testimonios de familiares de los manifestantes asesinados, así como heridos de gravedad que han asumido la clandestinidad al ser perseguidos por el régimen de JOH.
El padre de José David Ramos Lambert, un joven de 22 años de edad, resalta que su hijo «soñaba con una patria libre y eso le llevó a su muerte. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, no solo por mi hijo, sino por todos los que han perdido la vida, porque la lucha es de todos».
José David trabajaba como operario y era padre de un niño de ocho años. Según el informe, murió el 1 de diciembre en la colonia López de Choloma, en el departamento de Cortés.
Otra víctima fue David Octavio Quiroz, un soldador que tenía cuatro hijos y murió el 15 de diciembre en una de las movilizaciones. Su esposa explica que David murió por el disparo de una bala en medio de gases lacrimógenos. «Su sentido de justicia provocó su participación en las protestas contra el fraude electoral y siempre estaba al frente», apunta el informe.
Héctor Enrique Morales Fiallos, uno de los manifestantes que pudo salir con vida de las protestas explica: «El 18 de diciembre, en la colonia Victoria llevé la moto al taller, las calles estaban tomadas. El día anterior habían saqueado una tienda (…) luego me fui para casa y me dijo un amigo que fuéramos a comer baleadas, y escuchamos a la gente correr (…), escuchamos los disparos como de guerra, nos estaban rodeando y me sentí sordo, ciego. La policía militar me había disparado».
Militarización de las calles
En medio de las recientes protestas y la sublevación popular, el nuevo escenario tiene otro aliciente, «los fusiles caídos» de algunos grupos de las fuerzas policiales y especiales que anteriormente reprimieron al pueblo y que esta vez se han sumado a la lucha rebelde para pedir el fin del gobierno de JOH.
Las calles están tomadas desde el miércoles, las carreteras trancadas, se han saqueado varios negocios, las protestas están presentes en todo el país, y la inestabilidad política está en uno de sus momentos más graves.
Las protestas reclaman a JOH sus presuntos vínculos con el narcotráfico así como también con una extensa red de corrupción enquistada dentro de su gobierno, que percibe grandes riquezas producto de la malversación de fondos y las influencias.
Sin embargo, la indignación de los hondureños tomó más fuerza luego que elementos policiales, aglutinados a las unidades élites de la institución uniformada (Tigres, Cobras y Fuerzas Especiales) se declararan en paro, denunciando violaciones a sus derechos y abusos por parte de sus autoridades.
En un comunicado, los policías sublevados manifestaron que no reprimirán a la población que se manifieste en las calles porque las protestas son justificadas. Esta situación generó enfrentamientos graves entre efectivos de la Policía Nacional Preventiva contra los elementos de las Fuerzas Especiales y Tigres en Tegucigalpa.
Ese hecho originó que la población tomara puentes, calles y carreteras en los cuatro puntos cardinales de la capital y otras ciudades, reportó el diario hondureño Criterio. Enseguida, el Gobierno de JOH envió a la Policía Militar a la calle, comenzó la represión.
Mientras tanto, el Palacio Presidencial fue acordonado por las fuerzas armadas y poco se sabía de JOH. La población seguía siendo reprimida, pero las protestas continuaban.
“No te queremos, ándate, ándate, ya no te aguantamos”, gritaba la noche del miércoles -citada por Criterio- una mujer en el bulevar de las Fuerzas Armadas de Tegucigalpa al dirigirse a las cámaras de televisión de los medios de comunicación que cubrían el hecho.
La mujer se dirigía al presidente hondureño, quien de acuerdo a documentos desclasificados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, estaría siendo investigado por la DEA desde el año 2013 por supuesto tráfico de cocaína a gran escala y lavado de activos. Algo mal habrá hecho JOH para que la DEA ahora le de la espalda.
El gobernante es hermano de Juan Antonio Hernández, alias “Tony” Hernández, un presunto narcotraficante que se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York desde noviembre de 2017, acusado de traficar toneladas de cocaína, utilizar armas para proteger sus cargamentos y brindar información falsa a agentes federales. El juicio contra Hernández está programado para septiembre, explica Criterio.
La ola de disturbios había dejado hasta la noche del jueves una cifra de dos fallecidos y más de 20 heridos. Pero al parecer esa cifra pudiera incrementarse, pues JOH ordenó la militarización del país para «garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada y pública y desde luego la protección de integridad de la población».
Esas declaraciones de JOH fueron realizadas tras una reunión que sostuvo el jueves con su Consejo de Defensa y Seguridad, donde decretó la suspensión de las garantías constitucionales y un toque de queda, es decir, todo lo que ocurra en ese periodo pudiera ser abominable.
JOH y la corrupción, el origen de la ingobernabilidad
JOH está salpicado por la corrupción desde todos los flancos. En junio de 2015, cuando se descubrió un descomunal saqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el actual presidente confesó que su campaña política de 2013 recibió al menos 150.000 dólares de las empresas que ejecutaron el desfalco.
Según publicaciones de medios locales, Hernández y su entorno familiar habrían sacado al menos 4.500 millones de lempiras (unidad monetaria de Honduras) de instituciones del Estado mediante la utilización de organizaciones no gubernamentales.
La crisis de ingobernabilidad en Honduras, que precisamente se acentuó con las elecciones de noviembre de 2017, tuvo su origen en los escándalos de corrupción de JOH.
Pero a esto, también se suma la crisis de legitimidad y las continuas denuncias de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, integrada por los docentes, médicos y personal de la salud, que exige un sistema sanitario y educativo gratuito y de calidad, en rechazo al proceso de privatización de la salud y la educación que inició Lobo y que acentuó JOH.
La crisis social en Honduras también trastoca, sobre todo en las últimas horas, al sector energético, pues el país tiene serios problemas de distribución de combustibles en las principales ciudades, debido a un paro de labores por parte del sector de carga pesada que lleva tres días consecutivos en tomas de carreteras.
Las trancas e las carreteras incluyen también cierres en las regiones fronterizas con El Salvador, Guatemala y Nicaragua. A este proceso también se han sumado las empresas de transporte interurbano y los ciudadanos que han dejado sus vehículos varados en la calle.
Claves para entender el conflicto
La legitimidad de Hernández es altamente cuestionada luego ganar un segundo mandato en unas elecciones controvertidas y llenas de intrigas, sobre todo ensombrecidas tras un «apagón informativo» de los resultados que hicieron cambiar la tendencia que antes de eso daba como ganador a Salvador Nasralla.
Pero también está el amplio descontento social que rechaza reformas privatizadoras impuestas por el Ejecutivo en el sector salud y educación, al que se han sumado los transportistas pesados y sectores de la policía.
La oposición exige la renuncia de Hernández, al que acusan de “usurpador”, «dictador» y de haberse reelegido en 2017 violentando la Constitución y manipulando los resultados.
También las acusaciones contra JOH van dirigidas a sus vínculos con el narcotráfico, las maras (grupos paramilitares), el contrabando de armas, la corrupción del Estado, sicariatos, entre otros delitos.
A esto se unen la múltiples caravanas de migrantes que salen de Honduras huyendo de la dura situación social y económica, así como también de la violencia desmedida que provocan los grupos paramilitares ligados al narcotráfico y contrabando de armas.
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