“El país está paralizado casi totalmente, las carreteras sitiadas desde ayer, hay barricadas, no hay transporte público y está situado el aeropuerto”, denunció el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras, Roberto Trochez.
Honduras enfrenta una profunda crisis política y social, miles de ciudadanos han salido a las calles de la nación centroamericana para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y la derogación de los decretos que suponen despidos masivos y la privatización de la salud y la educación.
Durante el paro convocado por maestros y médicos del sector público, al que se sumaron, estudiantes de secundaria y universitarios, sindicatos y organizaciones sociales, se registraron hechos de violencia y heridos cuando la policía lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes en Tegucigalpa.
Frente a la entrada principal del edificio de la Embajada de Estados Unidos en la capital hondureña, se quemaron cauchos, pero los manifestantes responsabilizaron a «infiltrados del gobierno» por los daños al recinto.
El país está militarizado y tanto en Tegucigalpa como en el interior se han producido bloqueos en carreteras y fallas en el transporte público.
“Esta es una de las más grandes crisis que se han visto en la historia del país”, afirmó Roberto Trochez, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño.
“El país está paralizado casi totalmente, las carreteras sitiadas desde ayer, hay barricadas, no hay transporte público y está situado el aeropuerto”, relató en una entrevista concedida al programa radial “Contacto Sur”.
Privatización de la salud y la educación
Las protestas comenzaron a fines de abril y buscan derogar los decretos presidenciales que reglamentaron la ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación.
El masivo rechazo popular ocasionó que el Congreso dejara sin efecto esta ley. Sin embargo, los decretos continúan vigentes y los sindicatos insisten en que mantendrán la movilización hasta que sean derogados en su totalidad, ya que establecen la creación de comisiones para la reestructuración y transformación del sistema de salud y educativo, lo que es considerado una puerta a la privatización.
Los gremios de educación y salud denuncian que los decretos ejecutivos son instrumentos jurídicos del Gobierno para perseguir, destituir y nombrar el personal que labora en ambos sectores a su antojo.
Aunque Juan Orlando Hernández llamó el jueves a dialogar «sin condiciones» en un intento por desactivar la crisis, los maestros y médicos no abandonarán su lucha hasta que la controversial ley.
“No hay un espacio de diálogo para resolver la crisis y eso va a continuar”, advirtió Trochez.
“Nuestra lucha es por proteger la salud y la educación lo más sagrado para el pueblo, proteger la estabilidad de los médicos y los maestros y garantizar el acceso a la educación de los niños y niñas que asisten a los 25.000 centros educativos que hay en Honduras”, explicó en la entrevista.
Honduras en crisis
Protestas, impunidad, corrupción, crisis migratoria, inseguridad y narcotráfico forman parte de la problemática política y social que atraviesa Honduras. Bajo la sombra del fraude Juan Orlando Hernández obtuvo la reelección en los comicios de noviembre de 2017 y su segundo gobierno sigue la línea de las políticas neoliberales, lo que ha empeorado las condiciones de vida del pueblo.
“Como sociedad es una de las crisis más grandes que hemos atravesado. El 70 % de la población vive en pobreza y de esa cifra el 40% está en extrema pobreza. Existen más de 3 millones de desempleados, los jóvenes egresan de las universidades sin oportunidad de tener un empleo digno. 200 familias se van diariamente a Estados Unidos exponiendo su vida. Es una tragedia humana”, condenó Trochez.
Educación precaria
El líder sindical se refirió al abandono por parte del Gobierno en que se encuentra el sector educativo, por lo que la protesta se extiende más allá de los decretos privatizadores.
Denunció que 4.500 escuelas solo cuentan con un docente para los seis grados de educación primaria, mientras que otras 2.500 tienen dos docentes.
“7 de cada 10 escuelas están destruidas , el 75% de las escuelas no tienen luz ni agua y otras solo cuentan con un sanitario para 200 niños. No hay textos ni mobiliarios, no hay material didáctico. Hay una precariedad en la educación y un millón de niños no pueden ir a la escuelas”, afirmó.
Amenazas del gobierno
Lejos de dialogar y buscar un punto de encuentro, la respuesta del gobierno de Hernández es la represión y la persecución a los gremios y organizaciones sociales que defienden los derechos de la población a tener acceso a la salud y a la educación.
“Gobiernan a la fuerza y creen que con eso van a humillar a la gente. Amenazan a nuestro sindicato con intervenirlo militarmente. Estamos resistiendo 42.000 afiliados del sindicato. Estamos atrincherados en nuestros edificios para evitar un ataque del ejército y del gobierno”, relató Trochez.
“El gobierno nos amenaza con meternos presos, nos acusa de asociación ilícita, de terrorismo, de narcotraficantes, pero aquí resistiremos, nos podrán quitar nuestros recursos, nos pueden quitar hasta la vida pero el mensaje es de libertad. Con unidad y movilizaciones seguiremos luchando por una patria justa “, subrayó.
Te interesa leer:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
