Amurallar: Rodear un lugar de muros o murallas. Eso es precisamente lo que está haciendo el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, al imponer una serie de políticas antimigratorias que socavan la Constitución de su país y que incluyen un paquete de visas dirigidas contra ciudadanos víctimas de las crisis humanitarias inducidas por Estados Unidos a través de asedios, saboteos, invasiones y guerras.
Fue hace apenas unas semanas cuando el ultraconservador -que llegó al Palacio de Carandolet por el apoyo que le dió el expresidente Rafael Correa- dio otro paso más para sumar a la presión extranjera que ejercen los gobiernos aliados a Estados Unidos con el propósito de imponer el bloqueo total contra el pueblo venezolano y asfixiarlo.
Esa vez, Moreno anunció la imposición de visas contra los ciudadanos venezolanos, una medida que según argumentó obedece a la «alta migración» de personas originarias de ese país hacia territorio ecuatoriano, una reacción que en gran parte obedece a las medidas coercitivas ejecutadas para sabotear a Venezuela y que terminan por obligar a muchos a dejar el país que se encuentra en una dura crisis multiforme «fabricada», como lo confesó el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.
Esta semana las políticas antimigrantes de Ecuador volvieron a ser noticia. Lo que más llamó la atención es que ahora la nueva decisión del régimen ultraderechista de Lenín, no es solo contra Venezuela sino que suma a otros 11 países de África, Asia y Oriente Medio.
Ya el régimen de Moreno tenía en su lista de visado -filtro para la entrada de ciudadanos extranjeros- a Venezuela, Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Cuba, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia, Senegal y Corea del Norte.
La lista se amplió y agregó a los ciudadanos originarios de Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka.
Esta medida fue precedida de la propuesta de reformas a la Ley de Movilidad Humana de Ecuador, presentada en julio pasado por el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ambos firmantes de los más recientes decretos antimigratorios del régimen de Moreno y quienes hicieron el lobby para quitar la condición de asilado al activista Julian Assange y entregarlo al Reino Unido sin importar violar la legislación ecuatoriana e internacional.
Aquella propuesta apuntaba a atacar la situación con los venezolanos pero también a cerrar las fronteras ante cualquier flujo migratorio, pues según declaraciones de los propios funcionarios «la flexibilidad» de su legislación actual en torno a los migrantes es «muy permisiva».
El propio canciller Valencia explicó al diario ecuatoriano El Universo que para tomar estas medidas, el régimen de Moreno «hizo un estudio durante tres meses en el que se analizó de manera pormenorizada las distintas condiciones de ingreso al Ecuador de extranjeros y también del flujo migratorio».
Al régimen de Lenín poco le importa la Constitución
Para el régimen de Lenín la ley vigente en Ecuador es «excesivamente liberal y abiertal», razón por la cual el Canciller ecuatoriano asegura que no le «permitía al Estado adaptarse a nuevas circunstancias y controlar adecuadamente la migración humana con las herramientas legales necesarias».
Valencia sostiene que con las reformas a la Ley de Movilidad Humana, apuntan a controlar no sólo «el caso de los ciudadanos venezolanos migrantes, urgente y prioritario, sino también otros asuntos, por ejemplo, el tema de las vías para que ciudadanos de otros países puedan ingresar al Ecuador en el futuro de una manera mucho más ordenada y organizada».
El Canciller también asegura que las nuevas medidas antimigratorias no van en contra del principio constitucional del Ecuador de la «ciudadanía universal» y argumenta que las políticas contra los migrantes, de no ser tomadas, pueden convertirse en «amenazas» para los ecuatorianos.
«La ciudadanía universal es un principio que no se discute ni cuestiona en el sentido que es válido, una aspiración (…) que haya ciudadanía universal no se contrapone con el establecimiento de los visados. Ahora, se debe evitar que por tener un régimen de ciudadanía universal excesivamente abierto tengamos que recibir todas esas amenazas que nos pueden afectar a nosotros y a terceros», acotó el Canciller.
Además, Valencia dice que los 24 países que han decidido imponer las visas, obedecen a «una situación muy endeble» relacionada con el terrorismo, narcotráfico y mafias. Sin embargo Colombia -el mayor país productor de cocaína e históricamente víctima del terrorismo- no está incluida.
«Ingresan personas de ISIS o vinculadas a ISIS (…) y no solamente terroristas como en este caso, hay personas que realizan actividades ilegales, mafias, tráfico de narcóticos, trata de personas, todos ellos están perfectamente informados que el Estado ecuatoriano es tolerante en exceso y que de esta forma pueden llegar, prácticamente, sin ningún problema», asegura.
Lenín copia a Trump: Deportaciones masivas
Cuando los miembros del Gobierno de Lenín entregaron al Parlamento ecuatoriano el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana para endurecer los requisitos de ingreso de extranjeros a ese país, se planteó claramente la deportación como mecanismo para «aquellos que infringen la ley».
Al momento de explicar la propuesta, la ministra Romo acotó que el proyecto «actualiza algunos contenidos de la ley en vigencia, y se revisa el capítulo que tiene relación con el tratamiento a los ciudadanos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), tomando en consideración que Ecuador ya no es parte del organismo regional».
En la propuesta, el régimen de Lenín busca también que los procedimientos para deportar a los ciudadanos extranjeros no legalizados sean más rápidos y según Romo la decisión la toman porque «la política de puertas abiertas adoptada por el gobierno de Rafael Correa no cumplió el objetivo».
“Hay una manera de tratar a las personas que vienen al Ecuador, cumplen con la ley y se incorporan a las obligaciones que el Estado impone, pero hay un tratamiento distinto a las personas que infringen la ley”, indicó la ministra Romo.
La reforma lo que hace ahora es hacer el trámite «más expedito para poder deportar», pues «acortan los tiempos» y «participan menos autoridades», pues en la actualidad «los procedimientos son más engorrosos y vuelven casi imposible este trámite y se demoran hasta ocho meses».
En ese momento, Romo aseguró que su Gobierno ya «está preparando a través de consulados la expedición de visas de ingreso al país»; y resaltó que aquellos que ingresaron e ingresarán posteriormente a la imposición de las visas también requerirán el visado.
Los tipos de visa en Ecuador se dividen en tres grandes grupos: visitantes temporales, residentes temporales y residentes permanentes. Solamente la solicitud de cualquiera de estos visados tiene un costo de 50 dólares, de ahí en adelante y de acuerdo al tipo de visa cambian los precios que van desde los 80 dólares -para estudiantes- hasta los 500 dólares, para los que piden residencia permanente, en su mayoría inmigrantes, quienes deben conseguir ese dinero (550 dólares) cada dos años para renovar la documentación.
El único visado gratuito que se entrega es por razones humanitarias y debe ser ampliamente demostrado y corroborado por las autoridades ecuatorianas.
Mientras Moreno, entre otras cosas, va imitando las políticas antimigrantes de Trump, que han llevado a torturar física y psicológicamente a niños en reclusorios contra inmigrantes, otros países suramericanos con gobiernos subordinados a Washington también imitan esta directriz segregacionista, entre ellos Chile y Perú, que han colocado un cerco dirigido -sobre todo- a los ciudadanos venezolanos.
Ante esa política, el Gobierno de Colombia -también supedidato al mandato de la Casa Blanca- prende sus alarmas, al considerar que el cerco colocado por los otros países que integran el autodenominado «Grupo de Lima» para asfixiar y bloquear económica, financiera, comercial y diplomáticamente a Venezuela, puede ocasionar que el flujo migratorio de venezolanos se encuentre con un embudo en la frontera con Ecuador que los obligue a quedarse en territorio neogranadino, una consecuencia seguramente no medida por este bloque de gobiernos neoliberales que han ayudado a fabricar la crisis venezolana.
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