Represión policial y militar en Bolivia ha dejado 23 personas fallecidas y más de 700 heridos

Desde el inicio de la crisis política en Bolivia,  al menos 23 personas fallecieron y otras 715 resultaron heridas como resultado de la persecución y represión del gobierno de facto, encabezado por la “autoproclamada” presidenta interina Janine Áñez, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“CIDH actualiza las cifras de víctimas en Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política», publicó la organización en su cuenta de Twitter.

​La Comisión expresó su preocupación por las acciones de las Fuerzas Armadas en Bolivia a lo largo de esta semana, así como por «las amenazas de expulsión de autoridades, agresiones y uso de gas por parte de la policía contra periodistas que cubren protestas».

«Los estándares Interamericanos establecen el deber limitar al máximo su participación en el control de disturbios internos», subrayó.

Comentado esas cifras, el presidente boliviano depuesto Evo Morales denunció que «mientras el pueblo humilde clama por paz y diálogo, el régimen de facto de Camacho, Mesa y Añez, reprime con tanques y balas».

«Esa es la verdadera dictadura que masacra sin clemencia», tuiteó.

Según informó antes la Defensoría del Pueblo, el 15 de noviembre una represión militar-policial  en una marcha antigubernamental de productores de coca en el departamento de Cochabamba (centro) dejó al menos nueve muertes  y más de un centenar de heridos, todas las víctimas entre los manifestantes.

​Los cocaleros movilizados pertenecen a sindicatos liderados por Evo Morales, el presidente ahora exiliado en México tras resultar forzado a renunciar el 10 de noviembre por manifestaciones  convocadas contra un supuesto fraude electoral a las que se sumaron los militares y policías.

El 12 de noviembre pasado, la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia, en una sucesión sin acuerdo parlamentario aunque avalada por el Tribunal Constitucional.

El 15 de noviembre, Áñez declaró que tomaría «medidas constitucionales» para combatir a supuestos «grupos subversivos armados» que estarían detrás de persistentes protestas sindicales y vecinales contra su gobierno de facto.

Según descubrió la CIDH, el mismo 15 de noviembre Áñez aprobó un decreto que permite a las Fuerzas Armadas emplear «todos sus medios disponibles» para «la defensa de la sociedad y la conservación del orden público».

Fuente Sputnik

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