El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció este jueves 23 de julio, oficialmente, la postergación de las elecciones generales, que se llevarían a cabo el 6 de septiembre, para el 18 de octubre.
De ser necesaria una segunda vuelta, se realizará el próximo 29 de noviembre, informó el titular del TSE, Salvador Romero, en conferencia de prensa. Añadió que las nuevas autoridades, electas en esas fechas, serían posesionadas en diciembre, sin detallar qué día de ese mes específicamente se haría el acto.
Asimismo, Romero señaló que la medida se tomó tras un «consenso» con las diferentes fuerzas políticas del país y fue «fruto de consideraciones de orden legal, científico y de orden político», entre las que se incluye el análisis por el incremento de los casos del nuevo coronavirus en el país sudamericano.
«Es recomendable realizar la elección en la fase descendente de la pandemia para minimizar riesgos», dijo el funcionario, tras señalar que el pico de la crisis sanitaria, según expertos de salud nacionales e internacionales, se daría a principios de septiembre.
Mencionó que, pese a que se realizarán cuando bajen los contagios, se tomarán las acciones de cuidado necesarias. «Esta elección requiere las mayores medidas de seguridad sanitaria posibles para proteger la salud de los bolivianos», remarcó.
¿Un favor a la derecha?
La postergación fue una petición de los candidatos de derecha que pretenden participar en la contienda, como Luis Fernando Camacho y Jorge Quiroga, justamente bajo el argumento del agravamiento de la crisis del nuevo coronavirus en el país.
El aplazamiento ocurre, además, cuando el candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce, lidera las encuestas.
Más temprano, el expresidente Evo Morales dijo que «una postergación en la fecha de elecciones solo perjudicará al pueblo por la ingobernabilidad que se observa, la pandemia sin ningún control y la crisis económica».
Morales acompañó su publicación con una imagen donde se observa una encuesta, en la que 72 % de los consultados están dispuestos a participar en los comicios, que estaban previstos para el 6 de septiembre.
«El Gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y contra candidatos del MAS-IPSP», escribió el exmandatario.
Además, consideró que la decisión del TSE es «ilegal e inconstitucional», puesto que las leyes 1.297 y 1.304 determinan los plazos para que las elecciones se realicen, y el único órgano que podría modificarlo es la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Fuente: RT.
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