El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este viernes 3 de julio que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra 5 integrantes de la denominada «Junta Directiva Ad Hoc» del Banco Central de Venezuela (BCV), designada por Juan Guaidó. La medida incluye el congelamiento de bienes y cuentas bancarias en territorio nacional.
Desde la sede principal del organismo en Caracas, Saab detalló que los solicitados son Ricardo Adolfo Villasmil, Giacoma Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suares.
Asimismo, el fiscal general explicó que esos ciudadanos conforman una «Junta Directiva ficticia» que representa ilegalmente al máximo ente emisor venezolano ante el Banco de Inglaterra.
“Esta ficción fue avalada por un tribunal de 1ª instancia de Inglaterra, bajo el argumento de que el Gobierno de Inglaterra reconoció a Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela, pero ignoró que dichos miembros no residen en Venezuela, sino en Estados Unidos y Colombia”, detalló.
De igual manera, consideró que “esta decisión no es judicial, sino política». «El juez, como él mismo lo confiesa en el fallo, se sometió a la postura política del Gobierno británico, que entregado como está a la política exterior de Estados Unidos, reconoció al supuesto presidente interino”, agregó.
Igualmente, informó que también se solicitaron órdenes de aprehensión y el congelamiento de bienes en contra de los «funcionarios» de la denominada Oficina del Procurador Especial, que autorizó la actuación de un bufete estadounidense en este litigio. Se trata de José Ignacio Hernández, Irene de Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni.
La misma decisión se tomó contra Vanessa Neumann, Julio Andrés Borges y Carlos Vecchio por actuar como “falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República”.
“Todos estos criminales han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras, se han conjurado para hacer sufrir al pueblo venezolano por escasez de alimentos, medicinas y gasolina y además se han enriquecido agrediendo al país”, afirmó el fiscal.
A los 11 solicitados se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
El pasado jueves, el Tribunal Superior británico anunció que permitirá que sea Guaidó, y no el Estado venezolano, quien pueda acceder a las 31 toneladas de oro del país sudamericano, valoradas en 1.800 millones de dólares, que mantiene retenidas el Banco de Inglaterra, reseñó RT.
Fuentes: Telesur, Minci, Ministerio Público.