60 días después: La debilidad política de Duque y el fantasma de Uribe ¿Quién manda en Colombia?

Este 7 de octubre se cumplieron los dos primeros meses de Gobierno de Iván Duque en Colombia. Las medidas en materia política, social, económica y judicial que ha tomado en estos 60 días han originado críticas en diversos sectores de la sociedad colombiana.

A pesar de que su administración comenzó con una imagen favorable mayor a la del saliente Juan Manuel Santos, las mediciones de opinión muestran que un gran sector de la población no aprueba su gestión y considera que le falta de criterio para tomar decisiones y carece de experiencia para manejar un país.

De acuerdo con los estudios de la firma Yanhaas, la aprobación de Duque se ha mantenido en una media de 40 puntos, una cifra inferior al 53 % que tenía al momento de llegar a la presidencia.

Asimismo, el 59% de los encuestados considera que las cosas en Colombia están empeorando.

La sombra de Uribe

Un factor  que incide en la merma de la popularidad de Duque es la baja aprobación de su equipo de ministros, que ronda el 38%, mientras que la desaprobación escala al 47%.

Aunque el gabinete ministerial fue concebido como estrategia de marketing de un Gobierno que procura lucir tecnocrático, progresista y despolitizado, ha recibido muchas críticas por nombramientos vinculados al expresidente y mentor de Duque, Álvaro Uribe, quien está siendo señalado por cometer  soborno y fraude procesal.

Asimismo, se ha cuestionado que el nuevo presidente otorgue cuotas de poder  al empresariado que lo apoyó durante la campaña electoral.

El sector más conservador está representado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Guerrero, quien desempeñó el mismo cargo durante la gestión de Uribe, en la cual acabó con el régimen especial de pensiones, en detrimento de los adultos mayores colombianos.

Asimismo, promovió medidas como las zonas francas permanentes especiales  y los contratos de estabilidad que le congelaron algunos impuestos por 20 años a las empresas que se comprometieron a pagar al Estado una cuota del 1% de la inversión y que habían invertido más de 3.500 millones de pesos (12 millones de dólares).

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, es un reconocido uribista y crítico a la política empresarial del Gobierno de  Santos,  y desde su nombramiento ha puesto de manifiesto su interés en regular las protestas sociales.

También figuran la ministra del Interior Nancy Gutiérrez, a quien en 2008 se le abrió una investigación por vínculos con el paramilitarismo, y la ministra del Trabajo,  Alicia Arango, quien se desempeñó como secretaria privada de Uribe Vélez.

En su gabinete también están representados los perfiles tecnócratas que son una apuesta favorecedora del sector privado.

Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura, es un técnico que lidera desde el 2013 la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), que agrupa, obviamente, a los empresarios del ramo.

Jonathan  Malagón, que lidera la cartera de Vivienda viene de ser vicepresidente del gremio de las entidades bancarias, Asobancaria.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez desempeñó cargos gerenciales en Citibank y Bank of América y su nombramiento fue impulsado desde el gremio de las petroleras, la Asociación Colombiana del Petróleo; de las generadoras de energía eléctrica y  la Asociación Colombiana de Minería.

Lo que se ha visto en dos meses

En apenas 60 días, Duque ya ha dejado ver que su gestión profundizará las políticas neoliberales, que favorecen a las élites económicas de Colombia y van en detrimento de los sectores más vulnerables.

Asimismo, está claro que cederá a las presiones de Estados Unidos  y del senador Álvaro Uribe, y  que tendrá que  gobernar en alianza con los sectores de derecha en el Congreso,  ya que carece de amplia mayoría tanto  en el Senado como en la Cámara de Representantes.

En estos dos  meses de gestión, Iván Duque ha implementado una serie de medidas que han sido fuertemente criticadas por la población, los medios de comunicación y los actores políticos.

¿Lucha anti corrupción?

Este es el caso de su cacareada lucha anti corrupción , que incluso lo llevó a enfrentarse con su padrino político, Álvaro Uribe, quien rechazó la realización de una consulta pública, mediante la cual la centro-izquierda de Colombia buscaba que el Congreso aprobara una serie de leyes contra las prácticas corruptas en el país, y que se hundió en las urnas por falta de unos 400.000 votos.

Sin embargo, el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) siembra dudas sobre su compromiso real por construir una Colombia basada en la legalidad, ya que la reelección de Ordóñez como procurador fue anulada por el Consejo de Estado por haber cometido una grave ilegalidad, al  utilizar nepotismo para ganar el apoyo de la Corte Suprema.

Los ricos más ricos y los pobres más pobres

Cuando Duque asumió la Presidencia anunció la puesta en marcha de un “programa de reactivación económica”, que busca “tener un sistema tributario y de desarrollo productivo orientado a la inversión, el ahorro, la formalización, la productividad y la competitividad de nuestra economía”.

Sin embargo, la reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está en el ojo del huracán, ya que los sectores de trabajadores y la empobrecida clase media temen que con esta acción se disminuya más su poder adquisitivo.

Con este proyecto se prevé eliminar impuestos a los grandes empresarios y cargar de impuestos a las familias  al colocarle Impuesto al Valor Agregado ( IVA) a más productos de la canasta básica y  ampliando la base tributaria (personas que tienen que declarar renta) de forma tal que declaren aquellos que ganan más de 1,9 millones de pesos (550 dólares )al mes y no 3,5 (1.000 dólares) como está establecido.

Carrasquilla señaló que las empresas estaban pagando muchos impuestos, que son gravámenes al capital, y que deberían trasladarse estas cargas tributarias a las personas

Para Eduardo Sarmiento, analista y profesor de economía Sarmiento es claro que “lo que aquí se está cocinando es una nueva elevación del IVA extendida a los alimentos”, y también, busca que las personas tributen más de sus ingresos para sostener la carga fiscal, mientras que las compañías estarían dejando de aportar al Estado.

Ante el rechazo de la población, Carrasquilla trató de calmar la situación al  reconocer que : “probablemente algunas iniciativas que he propuesto yo, no el Gobierno, resultan muy impopulares”.

Duque optó por decir que no presentará una reforma tributaria (que él mismo había anunciado),  sino una ley para financiar los programas sociales del Estado sin aclarar si la misma incluye más impuestos.

Caos judicial

La reforma a la justicia es motivo de enfrentamiento entre  las altas cortes y el Gobierno de Iván Duque.

Los magistrados se oponen a la reforma que establece que si no hay elección un mes después de enviada la terna a la Corte Suprema, entonces “el presidente designará al Fiscal General”.

Otro punto en disputa es la nueva inhabilidad que se crea a los magistrados para que estos, una vez terminen su periodo, no puedan litigar en los próximos cuatro años. Para los juristas, esto afecta el desarrollo profesional y su derecho al trabajo.

A esto se suma la posibilidad que se les congelen los salarios a los magistrados, bajo el argumento de que es una medida necesaria para  frenar la corrupción, tal y como reseña el diario El Espectador.

Entre los cuestionamientos a la propuesta figuran el del Partido Liberal. El presidente de esta tolda, César Gaviria, dijo que antes que afectar a la rama de la Justicia, “los colombianos queremos ver unas Cortes y la tutela más robustas”.

Por su parte, los sindicatos de la rama judicial alegaron que las reformas no fueron planteadas en consensos, y cuestionaron que el proyecto del Gobierno “no soluciona la congestión judicial, ni crea mecanismos para hacer efectivo el acceso a la justicia”.

Mientras que los jueces advirtieron que la reforma“no contiene normas de protección a los derechos de carrera de los servidores judiciales de los órganos que pueden verse afectados ni amplía el sistema de carrera”.

 Incautación de droga

Recientemente, Iván Duque firmó un  decreto que autoriza la incautación de la “dosis personal” de droga, cuya posesión había sido despenalizada en 1994.

De este modo, la Policía queda autorizada para decomisar dosis de marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas que lleve un ciudadano consigo en la vía pública.

De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, la dosis máxima que puede portar un ciudadano es de 20 gramos de marihuana y un gramo de cocaína; cualquier monto mayor habilita a las fuerzas de seguridad a detener a la personas que porten drogas.

Aunque el Jefe de Estado colombiano indicó que los ciudadanos no serán encarcelados, sino que las drogas que porten en espacios públicos serán incautadas, esta  medida ha  sido muy criticada por diversos sectores que consideran que es ineficaz, y no frenará el consumo ni el microtráfico.

El grupo de investigación sobre drogas “Dejusticia” afirmó que “este decreto es una medida que tiene muchos problemas conceptuales y técnicos”, y condenó que el Mandatario le está otorgando a los policías podría generar abusos de poder y estigmatización hacia los consumidores.

Por su parte, el senador y líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, la propuesta del Gobierno de Duque va a potenciar las mafias, encarecer la droga y no será efectiva contra los traficantes, y asegura que se necesita un Estado regulador y no un policía golpeador.

“El jíbaro (traficante) junto al colegio no se soluciona con la prohibición ni con cárcel ni con policía. Se cree popularmente que es así y por eso presentan este tipo de decretos, pero lo único que hacen es encarecer la droga, potenciar las mafias y enriquecer al jíbaro”, aseguró el excandidato presidencial.

Nuevo Plan Colombia

La política anunciada por  Duque para combatir el narcotráfico ha sido motivo de controversia.

El titular de Defensa, Guillermo Botero, adelantó que la sustitución de cultivos ilícitos de coca en la nación suramericana ya no será voluntaria, sino obligatoria.

Señaló que aunque esta medida podría generar más violencia en las regiones con presencia de cultivos ilícitos, “es una decisión que el nuevo Gobierno debe asumir” para no “seguir navegando en un mar de coca”.

Para Sonia Eljaches, quien se desempeñó como asesora de la Cancillería para la revisión de las políticas internacionales de drogas durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), las medidas tomadas por Duque son “ ingenuas, retrógradas e irresponsables”.

Planteó que esta política supone una vuelta a la lógica del Plan Colombia, estrategia financiada por Washington para combatir al narcotráfico y prevenir el ingreso de drogas –especialmente cocaína-, a territorio estadounidense.

Recordó que el plan, centrado en la fumigación de los cultivos de coca, fungió como un espacio de intercambio en materia militar entre ambos países que habilitaron una influencia y una presencia cada vez más importante de EE. UU en la nación suramericana.

«Lamentablemente Colombia ha sido un país demasiado obediente y temeroso de Estados Unidos«, afirmó Eljach.

Ante los nuevos datos que revelan un incremento en el área destinada a los cultivos ilícitos en Colombia,  la erradicación forzosa es para la especialista «un retroceso» que acerca nuevamente al país a los intereses de Washington.

Según el más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área neta con cultivos de coca se incrementó 17% entre 2016  y 2017, al pasar de 146.000 a 171.000 hectáreas.

Paz en pausa

Durante la visita que realizó la semana pasada a  Nueva York para participar en la Asamblea de Naciones Unidas,el presidente Iván Duque concedió una entrevista al diario The Washington Post en la que fue cuestionado sobre la posibilidad de que su gobierno estuviera dejando que el acuerdo  Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), se dañe .

Al respecto afirmó que él está haciendo lo contrario y buscando alternartiva a aspectos que considera que no funcionan.

En ese sentido culpó a algunos integrantes de las Farc, a quienes llamó narcotraficantes y dijo que es posible que ellos sean los culpables porque no han entregado las armas o los bienes y están volviendo a las actividades criminales.

Sin embargo, El jefe del partido (Farc), Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, le dirigió una carta al Mandatario en la que le solicitó reactivar los mecanismos establecidos para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz.

Hizo especial énfasis en que el Gobierno designe a los miembros de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para que se puedan poner en marcha proyectos que dependen de esta comisión, y advirtió que su no desarrollo implica un incumplimiento “grave a los mecanismos previstos”.

Por su parte, el senador de este partido, Julián Gallo Cubillos, conocido como “Carlos Antonio Lozada” sostuvo que todos los programas que tienen que ver con la implementación de los acuerdos están paralizados porque en las semanas que lleva el Gobierno del presidente Duque, no se ha convocado la primera reunión de las comisiones designada para esto.

“No hemos visto voluntad política del nuevo Gobierno para avanzar en la implementación de los acuerdos. Estamos esperando que se nos acepte la petición de una reunión para plantear estas inquietudes al presidente Duque”, añadió.

A esto se suma la preocupación el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la falta de recursos por parte del Estado colombiano para la reincorporación de las Farc.

El jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault, condena que no se han evidenciado acciones concretas para conseguir estos fondos en el Presupuesto General de la Nación.

La Misión advierte que de los 17 proyectos productivos que se han aprobado solo dos cuentan con financiación. Los demás son iniciativas encabezadas y financiadas por los mismos excombatientes.

Asimismo, la  ONU mostró su preocupación sobre la seguridad de los excombatientes, debido a que en los últimos 3 meses fueron asesinados 9, por lo que la cifra desde la firma de los acuerdos asciende a 71 muertos.

Negociaciones con ELN en paro

En el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) , el panorama es  más delicado , ya que Duque ha endurecido las exigencias para mantenerse en la mesa de negociación.

Su enfoque representa  un giro sustancial con Juan Manuel Santos, quien acepto negociar «en medio del conflicto«, mientras que Duque exige que las Farc, libere todos los secuestrados en su poder y deje de cometer atentados.

Asimismo, anunció  desconoce a Venezuela como garante de los diálogos de paz con la guerrilla colombiana.

«Quiero ser claro en esto. Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fragüen actos criminales contra el pueblo colombiano, está lejos de ser garante», dijo Duque a periodistas en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Los rebeldes acusaron a Duque de hacer «trizas» el proceso de paz, con sus «condicionamientos unilaterales» para retomar lasnegociaciones.

Duque «Está exigiendo que para continuar debemos cesar previamente y en forma unilateral nuestra actividad insurgente, con lo que desconoce (…) todos los acuerdos logrados con el gobierno anterior», dijo el ELN en un comunicado.

La guerrilla advirtió que «en una negociación seria ninguna de las partes puede desconocer de manera unilateral los acuerdos que han sido construidos», que «están registrados» y «en los que quedan como testigos los países garantes».

Duque y las relaciones internacionales

Iván Duque decidió salir a buscar a sus dos principales socios en el exterior, Estados Unidos  y España, para definir el rumbo de sus relaciones internacionales.

Las numerosas reuniones que sostuvo antes de su posesión y las recientes visitas del secretario de Defensa y jefe del Pentágono,  James Mattis y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reflejan un camino de fortalecimiento de esas dos relaciones bilaterales como centrales en su política exterior.

En dos meses de Gobierno, el  Mandatario colombiano dejó ver  que tratará de congraciarse con la socialdemocracia europea y con el Gobierno de Donald Trump en simultáneo,  y muestra de ello es que el próximo 24 de octubre  asistirá a la sede de la Unión Europea (UE) en Bruselas para presentar la agenda de su Gobierno sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

Sin embargo, su mayor interés será cumplir con los designios de Washington y fungir de aliado para sus planes injerencistas en América Latina.

Javier Tocachier, del Centro Mundial de Estudios Humanistas , augura “la permanencia de efectivos militares estadounidenses y el uso de bases colombianas por parte de EE.UU. Así como “el retroceso de los procesos de integración soberanos” y el “riesgo de la Declaración de América Latina como Zona de Paz lograda en la reunión de la Celac de 2014”.

“Todo indica que el nuevo presidente seguirá con la política del “partido único de dos cabezas” de ser apenas un satélite de los intereses estadounidenses en América Latina”, advirtió el investigador argentino.

En los últimos 60 días Duque ya mostró señales de que será así y muestra de ello es la decisión de retirar a Colombia de la Unasur, ya que considera a esta organización como“una fachada por el chavismo para fracturar el sistema interamericano y buscar la legitimación de sus aspiraciones dictatoriales”.

Agresión a Venezuela

Siguiendo los designios de Washington, el presidente colombiano ha impulsado una campaña mediática que describe una crisis humanitaria con la migración venezolana, generando un ambiente de intervención y de aumento de las sanciones económicas en contra del país bolivariano.

“Duque, con ello, refuerza su figura uribista y, a la vez, da continuidad a la posición de Santos en contra de Venezuela, iniciada a partir de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, luego del papel facilitador que cumplió el Gobierno del país vecino”, plantea el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

El  Mandatario recientemente calificó de “desafiante” para su Gobierno el éxodo de venezolanos que llegan a Colombia con motivo de la crisis que atraviesa el país vecino.

Su discurso sobre este tema es ambiguo. Por un lado ha manifestado que no tiene una postura belicista con Venezuela y ratifica su llamado a utilizar todos los mecanismos diplomáticos para que el gobierno que preside Nicolás Maduro acabe.

“Hay que buscar los mecanismos diplomáticos disponibles en la comunidad internacional para acorralar a esa dictadura y que se dé una transición en Venezuela que permita recuperar las libertades y que el pueblo venezolano vuelva a su tierra”, indicó Duque.

Sin embargo, el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, afirmó  “todas las opciones” debían estar sobre la mesa para lidiar con la crisis en Venezuela.

Tanto Duque como sus funcionarios no hacen mención  al éxodo  de colombianos que se ha producido durante décadas y de los cuales más de 6 millones de desplazados que se encuentran en la nación vecina y que según las estadísticas manejadas por el Gobierno venezolano  han recibido atención médica gratuita, vivienda, trabajo, seguridad  y educación.

https://www.elciudadano.cl/latino-america/economias-latinoamericanas-tension-politica-e-incertidumbre-sobre-el-futuro/10/08/

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