El escándalo de las conversaciones abrió el debate sobre cómo los actores judiciales sirven a la derecha para impedir que Brasil sea gobernado por políticos progresistas y en especial por Lula da Silva
El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, está en el ojo del huracán y son muchas las voces que exigen su dimisión, tras el escándalo generado por la publicación de los mensajes que intercambió con fiscales del llamado grupo de trabajo Lava Jato, la mayor investigación por corrupción en la historia del país suramericano.
Como juez federal, Moro estuvo a cargo del caso Lava Jato hasta el año pasado. Los mensajes publicados por The Intercept demuestran que compartió información y asesoró a los fiscales para lograr condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por presunta corrupción y blanqueo de dinero, impidiéndole presentarse a las elecciones de 2018 en las que el derechista Jair Bolsonaro resultó ganador.
El exjuez, quien se proyectó como un «superhéroe» en la lucha contra la corrupción en Brasil, se limitó a decir que los mensajes estaban «sacados de contexto» y que no muestran ninguna irregularidad en sus acciones.
Sin embargo, el reportaje de The Intercept Brasil reveló que Moro y el principal fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, intercambiaron mensajes durante la investigación, en las que el actual Ministro de Justicia orientó las investigaciones y sugirió fuentes.
En las conversaciones privadas que se filtraron, “Moro recomendó al fiscal que cambiara el orden de unas etapas de la investigación, pidió agilidad en las operaciones, dio consejos estratégicos y pistas informales y anticipó al menos una decisión. También criticó y sugirió recursos al Ministerio Público y retó a Dallagnol, como si él fuera un superior jerárquico de los fiscales y de la Policía Federal”.
Esas acciones violan la Constitución brasileña, la cual establece que en el sistema acusatorio las figuras del acusador y del juzgador no pueden mezclarse. En ese modelo, el juez debe analizar de manera imparcial los argumentos de acusación y defensa.
“Las conversaciones entre Moro y Dallagnol demuestran que el actual ministro se entrometió en el trabajo del Ministerio Público”, afirmó The Intercept.
¿Lucha contra la corrupción o intereses políticos?
El rechazo del pueblo brasileño a la corrupción fue un factor clave en la victoria electoral de Bolsonaro. La investigación Lava Jato expuso una trama de sobornos en contratos con empresas estatales que involucraron a las principales constructoras del país y a destacados políticos, y fue utilizada por el derechista para captar votos en los electores descontentos.
El caso Lava Jato condujo a la detención y condena de Lula y le impidió presentarse a las presidenciales, cuando lideraba todas las encuestas.
Con base en los argumentos presentados por Dallagnol y el resto de los fiscales, Moro condenó al expresidente -en 2017- a nueve años y seis meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, pena que fue ampliada por un tribunal de segunda instancia.
Frente a las sospechas de que Moro había actuado con fines políticos, el exjuez se defendió alegando en que su único interés era exponer y castigar la corrupción. Sin embargo al lograr encarcelar a Lula sin pruebas contundentes, obtuvo una recompensa: ser nombrado Ministro de Justicia por Jair Bolsonaro.
Mientras que el fiscal Dallagnol se excusó diciendo que «es normal que procuradores y abogados conversen durante un juicio sin presencia de la otra parte».
En un video pulicado en sus redes sociales, señaló que la revelación de los mensajes telefónicos constituyen «un ataque gravísimo por parte de un criminal que invadió teléfonos celulares, que secuestró cuentas de aplicaciones de mensajes, que se hizo pasar por periodistas y procuradores».
La caída de Sergio Moro
Sergio Moro enfrenta sus horas más bajas. Este lunes, el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) de Brasil anunció que investigará el intercambio de mensajes que sostuvo con los fiscales de Lava Jato sobre el caso de Lula.
El controlador nacional del Ministerio Público, Orlando Rochadel, instauró una queja disciplinaria contra Deltan Dallagnol, y le dio 10 días para que se manifieste al respecto.
El Colegio de Abogados de Brasil recomendó que el actual ministro de Justicia deje su cargo mientras continúan las investigaciones.
La asociación profesional también recomendó que todos los fiscales involucrados sean suspendidos, “de forma que la investigación pueda efectuarse sin ninguna sospecha”.
Por su parte, la oposición quiere bloquear el Congreso brasileño hasta que Moro sea apartado del Ministerio y se espera que intentarán impedir las poróximas votaciones en la Cámara legislativa.
Además de la expulsión de Moro, los líderes del Partido de los Trabajadores (PT), Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y Partido Socialismo y Libertad (PSOL) plantearon la posibilidad de crear una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para esclarecer las irregularidades reveladas por The Intercept.
“Debe haber inmediatamente un cese de Moro de su cargo. El Parlamento brasileño tiene que entrar en esa investigación, está colocada en la mesa la posibilidad de una CPI», afirmó la diputada del PCdoB, Jandira Feghali, quien no dudó en pedir la dimisión inmediata del titular de Justicia también en las redes sociales.
También anunció que su partido obstruirá «todos los asuntos [en la Cámara legislativa] mientras no se anuncien medidas concretas» en relación a las acciones de Moros.
El líder del PT en el Parlamento, Paulo Pimenta, pidió la apertura de un proceso administrativo disciplinario por parte de la fiscal general de la República, Raquel Dodge.
Además, solicitó que se recojan teléfonos móviles y ordenadores personales, porque «esas pruebas necesitan ser preservadas». Y coincidió con Feghali en pedir la renuncia de Moro y la obstrucción total de la Cámara.
Condecoración de Bolsonaro
«Confiamos en Moro», fue la respuesta del presidente Bolsonaro, un día después de estallar el escándalo de su Ministro de Justicia.
Incluso, el Mandatario fue más allá y este martes lo condecoró con la medalla de la Orden de la Marina, durante un acto militar en Brasilia.
Previamente, ambos conversaron en el Palacio de Alvorada, la residencia del Jefe de Estado, en una reunión agendada para tratar el tema de las conversaciones reveladas por The Intercept.
Crisis judicial en Brasil
Más allá de las conversaciones entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato, las revelaciones de The Intercept siembran dudas sobre la actuación de la justicia en Brasil, y sobre si está apegada a la ética o, por el contrario, responde a fines políticos.
Marco Aurelio Mello, magistrado del Supremo Tribunal Federal , dijo que los intercambios entre Moro y los procuradores fueron “inapropiados”.
“La situación es terrible para el poder judicial y terrible para su reputación”, afirmó en una entrevista.
Varios de los abogados que representaron a personas acusadas por Lava Jato dijeron que las revelaciones son reivindicativas.
“Los hechos son muy serios y comprueban el sesgo del juez (…) La conducta de Moro en Lava Jato fue claramente política”, condenó el abogado Juliano Breda.
Por su parte , los integrantes del equipo de trabajo de Lava Jato emitieron un comunicado en el que afirmaron que los mensajes fueron hackeados y que varios integrantes de ese grupo fueron “víctimas de una acción criminal por parte de un ciberatacante que cometió uno de los delitos más graves”.
Los fiscales expresaron su preocupación por el hecho de que los mensajes filtrados pudiesen afectar los casos abiertos y dijeron que los procuradores se mantuvieron “comprometidos a hacer un trabajo técnico, imparcial y apolítico”.
Complot contra Lula
El escándalo de las conversaciones abrió el debate sobre cómo los actores judiciales sirven a la derecha para impedir que Brasil sea gobernado por políticos progresistas y en especial por Lula da Silva.
La expresidenta Dilma Rousseff expresó que las revelaciones demuestran que Lula fue acusado y condenado para frustrar su intento de regresar a la presidencia.
El Partido de los Trabajadores instó a la movilización contra lo que consideran una «farsa judicial» construida por los fiscales de Lava Jato y Sergio Moro.
«Las revelaciones de The Intercept exponen la real dimensión de una trama criminal, en conversaciones que cubren de vergüenza el sistema judicial brasileño», señaló el PT en un comunicado.
Por su parte, el equipo legal de Lula adelantó que pretende usar las conversaciones filtradas para que se anule la sentencia.
Lawfare en América Latina
El excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño recordó que la guerra judicial o “lawfare” ha sido utilizada en América Latina para silenciar y perseguir procesos políticos de izquierda y a un gran número de líderes en la región.
En su cuenta Twitter publicó un comunicado del Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, el cual plantea la operación Lava Jato como una estrategia para impedir que Lula fuera candidato a la presidencia justo cuando todas las encuestas lo daban como triunfador.
El texto también se refiere al caso de Ecuador, donde un gran número de dirigentes de la Revolución Ciudadana enfrentan procesos de persecución, viciados e ilegales, encaminados a acabar con la década ganada del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y sus reivindicaciones sociales.
Entre esos dirigentes se encuentran el propio Correa, su exvicepresidente Jorge Glas y el mismo Ricardo Patiño.
Esta situación tampoco es ajena en Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández afronta dos juicios por la supuesta existencia de una red de sobornos entre el Estado y las principales empresas concesionarias del país durante su administración.
El lawfare se ha extendido en América Latina para perseguir a todo aquel que se atreva a oponerse a los intereses imperialistas en la región, y constituye una alternativa a los asesinatos selectivos y golpes de Estado.
La doctora en ciencias políticas e integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Silvina Romano, señaló que el objetivo del lawfare es evitar que ciertos partidos políticos y determinados líderes lleguen a presentarse en las elecciones.
Romano, también investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, indicó que el peligro de esta persecución es que se «dirima por la vía judicial lo que se tiene que resolver por la vía política», es decir, en el área representativa de la democracia.
«El lawfare cercena las libertades democráticas, sobre todo si hay injerencias extranjeras, y vulnera tanto la soberanía como la integridad nacional. Es un proceso que puede erosionar la democracia y al mismo estado», sostuvo la especialista a la agencia Sputnik.
Lo cierto es que escándalo de las conversaciones entre el juez y los fiscales de Lava Jato contribuye a demostrar que el lawfare no es una teoría sino una realidad que afecta a los sistemas democráticos.
“Más temprano que tarde saldrán a la luz todas las irregularidades cometidas en nuestra región y que han buscado sacar del tablero político a los grandes líderes y lideresas que hicieron historia en beneficio de las grandes mayorías”, indicó el comunicado del Movimiento ecuatoriano.
El pueblo brasileño está consciente y ya este martes se registró una protesta en Brasilia frente a la sede del Ministerio de Justicia, protagonizada por quienes claman “respeto a la justicia” y la liberación de Lula.
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