La presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, a través del Decreto Supremo 4232 autorizó de manera excepcional procedimientos abreviados para la evaluación de variedades de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja y le otorga al Comité Nacional de Bioseguridad un plazo de diez días naturales para aprobarlos.
El Gobierno de facto defendió que esta medida puede ser una respuesta también importante para que se pueda fomentar mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria y generar mayores ingresos en las exportaciones, en medio de la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, cuestionó que «mientras el pueblo se sacrifica en la pandemia, el gobierno emite a sus espaldas un decreto ilegal que autoriza transgénicos, favorece a transnacionales y pone en peligro especies que son base de la alimentación en Bolivia, como el maíz, del cual somos centro de diversidad».
A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, exigió la abrogación inmediata del Decreto «porque es ilegal, y atenta contra la soberanía alimentaria y el patrimonio genético de Bolivia. Tomaremos todas las medidas legales para impedir la autorización de transgénicos que ponen en peligro la salud del pueblo boliviano».
Por otra parte, partidos políticos afines a Áñez como Comunidad Ciudadana, del candidato presidencial Carlos Mesa, han criticado el decreto para la introducción de nuevas variedades de cultivos transgénicos, ya que podría tener efectos socioeconómicos y ecológicos de largo plazo y «no resolverá en lo inmediato las necesidades de alimentación que tienen los sectores populares, que se están sacrificando en esta cuarentena, menos aún con el algodón, que no es un alimento.
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