El juez argentino Julián Ercolini ordenó procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesta asociación ilícita y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (unos 648 millones de dólares), en la causa que investiga irregularidades en la licitación de obras públicas viales al grupo Austral durante su mandato (2007-2015).
A pesar de que la ex mandataria ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de dólares por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa relacionada con delitos de corrupción.
El expediente por el cual ya declaró en octubre estudia un supuesto esquema de beneficios exclusivos a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al difunto presidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa relacionada con blanqueo de capitales-, perjudicando a las arcas del Estado.
Asimismo, procesó a Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con la concesión irregular de obras, indicó el Centro de Información Judicial.
A su salida de los tribunales cuando fue llamada a declarar, Fernández reiteró que esta acción forma parte de «una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático» puesta en marcha por el Gobierno de Mauricio Macri.
En su opinión, el actual presidente intenta «tapar el desastre económico y social que tiene Argentina».
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