El gobierno de Argentina protegerá la integridad física de Evo Morales, y no lo entregará a Bolivia por ningún motivo, así lo determinó el presidente Alberto Fernández, según fuentes vinculadas a la Casa Rosada consultadas por Infobae.
La agencia cita que un alto funcionario de la Casa Rosada reveló que el mandatario argentino se comunicó en las últimas horas con Morales para darle su pleno apoyo ante la orden de aprehensión que la Fiscalía de La Paz ha girado en su contra.
“Vamos a proteger a Evo Morales porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado político y porque todo el pedido de detención es una farsa”, explicó otro funcionario del Gobierno, cita la nota de Infobae firmada por Martín Dinatale.
Los delitos por los que el gobierno de facto solicita la detención de Morales son: sedición, terrorismo, asociación criminal, alzamiento armado y enriquecimiento ilícito.
La orden incluye al dirigente cocalero Faustino Yucra Yarwi, sindicado en el mismo proceso y prófugo por un caso de narcotráfico, difunde La Razón.
Ante el contexto, Fernández pidió aumentar la custodia personal del exmandatario boliviano, cita la agencia argentina.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró a Infobae que “la Argentina no está obligada a dar una respuesta legal a un pedido que considera fuera de lugar ya que se trata de un reclamo a un refugiado político”.
Para el gobierno argentino, Morales seguirá teniendo “inmunidad y protección diplomática” por tratarse de un refugiado. Se pidió aumentar también la cantidad de policías que custodian a Morales.
El medio explica que el líder indígena hace unos días tenía solo dos agentes de la Policía Federal y no siempre se movilizaba con ellos. Detallan que en el partido de fútbol que compartió con el ministro de Deportes, Matías Lammens y el exgobernante llegó y se fue del lugar en un auto particular sin custodia alguna.
En una rueda de prensa improvisada en el barrio porteño de Colegiales, Buenos Aires, donde se encuentra con sus dos hijos, Evaliz y Álvaro, Morales calificó como “injusta, ilegal e inconstitucional” la orden de detención.
Fue más allá: “No me asusta (…) mientras tenga la vida y el destino me acompañe voy a seguir con la lucha política, por una Bolivia digna y soberana, reseña La Razón.
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